
La propuesta incluye modificaciones relacionadas con las facultades de las autoridades durante las investigaciones, los plazos posteriores a una detención y las condiciones para acceder a determinados beneficios penitenciarios.
La opinión de la CSJ fue enviada al Poder Legislativo, aunque la información disponible no precisa el contenido íntegro del pronunciamiento ni si los magistrados respaldaron todas las medidas propuestas o formularon observaciones sobre artículos específicos.
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El Congreso Nacional se prepara para discutir las reformas, presentadas como parte de las acciones orientadas a combatir a las organizaciones criminales que operan en el país.
Uno de los cambios planteados permitiría a las autoridades ingresar a viviendas sin contar previamente con una orden judicial, siempre que se presenten determinadas circunstancias vinculadas con la delincuencia y se cumplan las condiciones previstas en la reforma.
Esta disposición involucra las facultades de investigación y actuación policial dentro de domicilios particulares. La propuesta contempla que la facultad se utilice en situaciones específicas; sin embargo, no se detallan los supuestos legales completos ni los mecanismos de supervisión previstos en el texto remitido al Congreso.
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Otra de las modificaciones planteadas consiste en ampliar de 24 a 48 horas el período disponible para presentar un requerimiento fiscal después de la captura de una persona.
El cambio daría a las autoridades un período adicional para formalizar la actuación fiscal tras una detención, con implicaciones en la coordinación entre los órganos encargados de las capturas, la investigación y la presentación de los casos ante los tribunales.
El alcance definitivo de la modificación dependerá de la redacción que finalmente examine y, en su caso, apruebe el Congreso Nacional.
Más acciones contra la criminalidad
El paquete de cambios también contempla eliminar la libertad condicional y los mecanismos de preliberación para personas condenadas por delitos como terrorismo y narcotráfico, así como por pertenencia a grupos criminales.
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La medida modificaría las condiciones bajo las cuales esas personas podrían acceder a beneficios que permiten cumplir parte de la pena fuera de prisión o acogerse a modalidades de salida anticipada, conforme al régimen penitenciario aplicable.
No obstante, para determinar el alcance de esta disposición será necesario revisar el articulado completo, las categorías de delitos contempladas y las reglas que regirían su aplicación.
Entre los aspectos descritos en la propuesta figura el tratamiento de personas identificadas por supuestos vínculos con estructuras criminales, incluidas la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y organizaciones declaradas terroristas.
Según la descripción de la propuesta, se plantea que esas personas sean capturadas, procesadas y recluidas en módulos de máxima seguridad, y se menciona la presencia de tatuajes alusivos a esas organizaciones como un elemento relacionado con la medida.
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Una detención, la formulación de una acusación y una condena corresponden a etapas diferentes del procedimiento penal, y el alcance de cualquier disposición deberá establecerse a partir del texto legal y de las garantías procesales aplicables.
Para determinar qué criterios se utilizarían para identificar a las personas sujetas a estas medidas y qué requisitos deberían cumplir las autoridades antes de proceder, será necesario conocer la redacción exacta del proyecto.

Alcance de las reformas
Con la opinión de la CSJ remitida al Poder Legislativo, el Congreso tiene ante sí una propuesta que aborda distintos aspectos del sistema penal, desde las actuaciones durante una investigación hasta el cumplimiento de las condenas.
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El debate deberá precisar el alcance de las facultades de allanamiento, los plazos procesales, las restricciones a los beneficios penitenciarios y los criterios para aplicar medidas contra personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales.
Hasta ahora, no se cuenta con detalles suficientes para establecer el contenido íntegro de la opinión de los magistrados, la fecha de una eventual votación ni si el Congreso introducirá cambios al proyecto original.
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