Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 36 nuevas declaraciones indagatorias en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El pedido alcanza a directivos de droguerías y empresarios.
Además, reclamaron ampliar la indagatoria a exfuncionarios ya procesados, entre ellos el extitular del organismo Diego Spagnuolo, por supuestos acuerdos para direccionar contrataciones de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad y enfermedades crónicas.
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Según el dictamen, que supera las 300 páginas, la investigación detectó un mecanismo que habría permitido anticipar información sobre las compulsas de precios, definir qué empresas serían adjudicatarias y establecer los valores de venta de tratamientos de alto costo.
La fiscalía sostuvo que una de las firmas investigadas recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 en 15 meses, cerca del 30% de las erogaciones de la agencia durante el período analizado. Para los investigadores, los montos incluyeron valores superiores a los de mercado y perjudicaron los recursos destinados a prestaciones de salud.
Sobreprecios de hasta 42 veces el costo de compra
Uno de los ejemplos incorporados al expediente refiere a un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. De acuerdo con la acusación, la empresa lo había adquirido a $92.000 por unidad y luego lo vendió a la ANDIS por valores de entre $3.870.392 y $4.063.912.
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Los fiscales también compararon esos precios con una compra anterior de la agencia: en mayo de 2024, otra droguería había cotizado el mismo producto a $281.400. Dos meses después, la ANDIS lo adquirió a $4.093.811, siempre según el dictamen.
La pesquisa incorporó archivos secuestrados durante los allanamientos. Allí figuraban datos sobre medicamentos requeridos, precios, márgenes de ganancia y compañías que, presuntamente, resultarían ganadoras antes del cierre de las compulsas realizadas mediante el sistema SIIPFIS.
Cartelización y droguerías
La fiscalía afirmó que el esquema incluyó a 14 firmas que habrían operado bajo una coordinación común. El expediente atribuye a los investigados la presunta administración de pagos, la asignación de adjudicaciones y demoras en las transferencias como una herramienta para disciplinar a empresas que no siguieran las condiciones acordadas.
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Los investigadores también analizaron el crecimiento de Génesis S.A., una firma que, de acuerdo con la fiscalía, pasó de tener escasa actividad en 2023 a ubicarse entre las diez compañías con mayores pagos estatales entre 2024 y 2025. En ese lapso habría obtenido adjudicaciones por $34.066.729.176.
El pedido de 36 nuevas indagatorias alcanza al presidente de la Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker; al vicepresidente, Emmanuel Kovalivker; al director de Compras, Diego Viner; al director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; al gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo; y al coordinador de esa área, Fernando Domínguez.
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El dictamen atribuye a esta droguería un supuesto control sobre las compras de medicamentos de alto costo y señala que recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
La lista se completa con directores, gerentes y socios de las droguerías presuntamente cartelizadas y, según la acusación fiscal, encolumnadas detrás de la Suizo Argentina S.A.: Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L, Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A., y Scienza Argentina S.A.
Además, los fiscales requirieron ampliar las indagatorias de los ya procesados exdirector ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini; el lobista Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
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Pagos ilegales
El dictamen también incorporó nuevos elementos sobre presuntos pagos ilegales a Spagnuolo. Según los fiscales, Calvete habría organizado y financiado un viaje del exfuncionario a Israel, entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, con pasajes, alojamiento y asistencia al viajero pagados por una droguería.
El planteo será analizado por el juez federal Ariel Lijo, quien resolverá si acepta el pedido y convoca a declaración indagatoria a los imputados. La semana pasada, el magistrado procesó a una nueva tanda de acusados en esta investigación y la Cámara Federal porteña ya confirmó los procesamientos de exfuncionarios y dueños de droguerías.
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