La Justicia confirmó el archivo de una causa contra un exfuncionario vinculado a La Cámpora por presunta persecución a empresas pesqueras

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de una causa contra Carlos Damián Liberman, exsubsecretario de Pesca y Acuicultura durante el gobierno de Alberto Fernández, denunciado por el empresario español Fernando Álvarez Castellano, presidente de las firmas Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. y Agropez S.A., por una presunta persecución mediante controles y sanciones administrativas contra sus embarcaciones, además de supuestas amenazas proferidas durante un encuentro internacional en España.

La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Por mayoría, el máximo tribunal penal del país rechazó el recurso presentado por las empresas contra las resoluciones que habían dispuesto el cierre de la investigación, al considerar que los elementos incorporados al expediente no permitían sostener la existencia de los delitos de abuso de autoridad y amenazas coactivas.

Los hechos denunciados se remontan principalmente a 2022, cuando Liberman estaba al frente de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. El exfuncionario, vinculado políticamente con la agrupación kirchnerista La Cámpora, había sido secretario de Pesca de Santa Cruz durante la gobernación de Alicia Kirchner. Actualmente se desempeña como representante suplente de la provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo encargado de establecer la política pesquera nacional.

La causa comenzó el 29 de mayo de 2023, a partir de una presentación de Álvarez Castellano, por derecho propio y en representación de ambas sociedades. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 2 de Comodoro Py, a cargo de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, quien formuló el requerimiento de instrucción y solicitó distintas medidas de prueba.

El hombre de negocios español denunció presuntos delitos de coacción, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También invocó la Ley Antidiscriminatoria 23.592, al sostener que la conducta atribuida a Liberman respondía a una animosidad personal relacionada con su nacionalidad.

El origen del conflicto y las sanciones cuestionadas

Según la denuncia, desde principios de 2022 las embarcaciones de Conarpesa y Agropez comenzaron a recibir inspecciones reiteradas al arribar a los puertos de Rawson y Puerto Madryn, en Chubut. Los controles derivaron en numerosos sumarios administrativos y multas que Álvarez Castellano consideró injustificados.

Las infracciones estaban vinculadas principalmente con el peso de los cajones de langostinos y la proporción de ejemplares sin cabeza que podían procesarse a bordo de los buques.

Respecto del primer punto, el denunciante cuestionó el procedimiento utilizado para determinar el peso de las capturas. Sostuvo que los inspectores seleccionaban dos o tres cajones que aparentaban ser los más pesados, en lugar de tomar muestras aleatorias, y proyectaban luego el resultado sobre la totalidad de la carga. Afirmó que algunos sumarios llegaron a iniciarse por diferencias de apenas 200 gramos.

La segunda controversia giró en torno al porcentaje permitido de langostino sin cabeza, también denominado cola de langostino. Las empresas argumentaron que históricamente se admitía una tolerancia del 30%, pero que la administración había comenzado a emplear un criterio de cálculo diferente, mediante el cual se iniciaban procedimientos cuando las descargas superaban determinados porcentajes.

La querella sostuvo que esa interpretación se había aplicado retroactivamente a operaciones anteriores, mediante disposiciones vinculadas con la Resolución 9/2022 del Consejo Federal Pesquero y la utilización de un coeficiente de conversión que, según su planteo, carecía de respaldo normativo.

El parámetro cuestionado era de 1,54 y se utilizaba para calcular cuánto langostino entero equivalía al producto procesado sin cabeza. De acuerdo con las compañías, su aplicación modificaba el volumen computado de las capturas y permitía detectar supuestas infracciones en operaciones que, bajo el criterio anterior, se encontraban dentro de los límites admitidos.

Para fundamentar la presunta persecución, aportaron estadísticas sobre la actividad fiscalizadora. Según esos datos, poseían 20 embarcaciones, equivalentes al 6,4% de los 312 buques dedicados a la pesca de langostino, pero durante 2022 recibieron 75 sumarios, que representaban el 32,6% de los 230 procedimientos iniciados ese año.

Álvarez Castellano sostuvo que esa diferencia evidenciaba un tratamiento arbitrario. También cuestionó la falta de respuesta a los recursos administrativos presentados contra las sanciones y atribuyó a Liberman decisiones que habrían restringido la actividad de algunas embarcaciones.

Entre los planteos examinados figuró el caso del buque Félix Augusto, respecto del cual Conarpesa alegó que poseía un derecho adquirido para operar indistintamente como fresquero y congelador. La primera modalidad consiste en trasladar las capturas conservadas en hielo para su posterior procesamiento en tierra, mientras que la segunda permite procesar y congelar el producto durante la navegación.

Las presuntas amenazas durante una feria pesquera en España

La denuncia incluyó un episodio ocurrido el 4 de octubre de 2022 en Vigo, España, durante la feria internacional de productos pesqueros CONXEMAR, a la que Liberman había asistido en misión oficial, en representación de la Argentina.

Según el relato de Álvarez Castellano, ambos coincidieron en el Gran Hotel Nagari, donde el entonces subsecretario se le acercó “de manera agresiva”, delante de varias personas, y comenzó a increparlo.

El empresario relató que Liberman le dijo: “Pescá bien, Fernando, y dejá de publicar estupideces”.

Luego habría insistido: “El langostino es de los argentinos y yo soy el que lo maneja”.

De acuerdo con la presentación, el funcionario continuó con otra expresión: “Te voy a echar a patadas de Argentina a vos y a todos los gallegos de mierda como vos”.

Álvarez Castellano explicó que le respondió cuestionando su actitud hacia él y sus compañías. Según su denuncia, Liberman finalizó el enfrentamiento con una nueva advertencia: “En Argentina mandamos nosotros y te voy a perseguir hasta que te vuelvas a España, gallego de mierda”.

El titular de las pesqueras interpretó esas manifestaciones como una demostración de la enemistad manifiesta que, a su entender, motivaba las inspecciones y sanciones impuestas a sus empresas. También sostuvo que las referencias despectivas a su origen español evidenciaban un componente discriminatorio.

Durante la instrucción declaró una persona presentada como testigo del encuentro. Según consignó la Cámara Federal porteña al revisar el expediente, afirmó haber presenciado una discusión y escuchado expresiones despectivas vinculadas con la nacionalidad del denunciante.

Sin embargo, los magistrados consideraron que las pruebas reunidas no permitían establecer una relación concreta entre aquel enfrentamiento y los procedimientos administrativos posteriores, ni demostrar que estos últimos hubieran constituido la materialización de una amenaza coactiva.

Las empresas denunciantes y las pruebas reunidas

Conarpesa y Agropez pertenecen al Grupo Conarpesa, dedicado a la captura, el procesamiento y la exportación de langostino patagónico. Sus operaciones se desarrollan principalmente en aguas del Atlántico Sur, con una fuerte presencia en los puertos de Rawson y Puerto Madryn, en Chubut, desde donde sus embarcaciones desembarcan las capturas destinadas a plantas industriales y mercados internacionales.

El grupo dispone de buques fresqueros y congeladores, además de instalaciones de procesamiento y logística en distintos puntos de la Patagonia, entre ellos Puerto Madryn, Rawson y Caleta Paula, en Santa Cruz. Entre los productos que comercializa figuran el langostino entero, las colas sin cabeza y las variedades peladas y congeladas.

La compañía fue fundada en 1977 por el empresario español Juan Álvarez Cornejo, padre de Fernando Álvarez Castellano. Este último, nacido en Madrid y radicado en la Argentina desde mediados de la década de 1990, asumió la conducción del grupo en 1995. En octubre de 2022, Conarpesa anunció el ingreso de capitales de la firma gallega Worldwide Fishing Company (Wofco), que adquirió una participación accionaria del 47,82%.

Durante casi tres años, la Justicia incorporó informes de organismos nacionales, documentación administrativa, copias de los sumarios cuestionados y declaraciones de funcionarios y representantes de distintas compañías pesqueras.

Entre los testigos compareció Julián Osvaldo Suárez, quien se desempeñaba como director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera al momento de los hechos. Explicó que sus funciones comprendían el seguimiento satelital de las embarcaciones, la supervisión de la actividad, la instrucción de sumarios y el control del cumplimiento de sanciones.

En su declaración, negó haber recibido instrucciones de Liberman respecto de los procedimientos iniciados contra las empresas.

También declararon representantes de Iberconsa, Arbumasa, Argenova y Riminimarr, quienes describieron los mecanismos de fiscalización aplicados en el sector.

El representante de Iberconsa reconoció un incremento de las actuaciones administrativas desde 2021 y señaló que existían diferencias de interpretación sobre determinadas disposiciones regulatorias. Sin embargo, manifestó que no tenía conocimiento de controles discrecionales contra empresas específicas.

Por su parte, los representantes de Arbumasa y Argenova tampoco identificaron irregularidades dirigidas particularmente contra las compañías denunciantes. En sus testimonios mencionaron infracciones relacionadas con excesos de captura, diferencias de pesaje y otras circunstancias propias de la actividad pesquera.

El representante de Arbumasa recordó que había recibido en 2023 una notificación por una infracción correspondiente a una marea de 2020. El de Argenova mencionó sumarios relativos a operaciones de 2019, aunque aclaró que no habían estado relacionados con una aplicación retroactiva de la Resolución 9/2022 sobre el porcentaje de cola de langostino.

Uno de los elementos incorporados al expediente fue un informe de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera que indicó que no existía en el ordenamiento jurídico pesquero una norma específica que estableciera un factor de conversión determinado para transformar el peso de cola de langostino en su equivalente de producto entero.

No obstante, los expedientes examinados mostraron que la administración había utilizado como referencia una nota interna del 14 de diciembre de 2021 para efectuar esos cálculos.

La investigación también incorporó informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre las inspecciones realizadas entre 2021 y 2024, junto con documentación del Consejo Federal Pesquero relativa a los antecedentes normativos utilizados para sustentar los procedimientos.

El archivo de la causa y las apelaciones

El 5 de mayo de este año, el juez federal Sebastián Ramos dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Consideró que los elementos reunidos no permitían acreditar que las inspecciones y sanciones contra Conarpesa y Agropez hubieran respondido a una persecución deliberada de Liberman.

El magistrado explicó que los procedimientos se originaron en incumplimientos de la normativa pesquera y que su incremento durante 2022 podía explicarse por la modernización de los mecanismos estatales de fiscalización, mediante la incorporación de sistemas de monitoreo más ágiles y automatizados.

En ese sentido, examinó la evolución de las actuaciones y destacó que, mientras en 2021 se habían iniciado 82 sumarios en el sector, de los cuales solo uno correspondió a Conarpesa, en 2022 ambas empresas acumularon 75 de los 230 procedimientos registrados. Durante 2023, en cambio, no recibieron ninguno.

También valoró que la apertura de los expedientes sancionatorios era competencia del director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Osvaldo Suárez, quien había negado recibir instrucciones del exsubsecretario. A ello sumó los testimonios de representantes de otras compañías, que no habían identificado una persecución particular contra las firmas denunciantes.

Respecto del coeficiente de conversión, Ramos entendió que las discrepancias sobre su interpretación y aplicación correspondían al ámbito administrativo. Señaló, además, que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas había promovido un sumario en el Ministerio de Economía y que no correspondía trasladar automáticamente esas controversias a la jurisdicción penal.

En cuanto al enfrentamiento ocurrido en la ciudad española de Vigo, consideró que había tenido lugar fuera del territorio argentino y que su eventual investigación correspondía, en principio, a los tribunales españoles. También planteó que las pruebas no permitían reconstruir suficientemente el hecho denunciado ni relacionarlo con los procedimientos contra las compañías.

El magistrado aclaró que el archivo no producía cosa juzgada material y que las actuaciones podían reabrirse si aparecían nuevas circunstancias relevantes.

La querella apeló la resolución, pero el 2 de junio la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el archivo. Los camaristas entendieron que las pruebas reunidas no permitían sostener, siquiera con el grado de probabilidad exigido en esa etapa, que los sumarios hubieran respondido a un accionar direccionado o arbitrario de Liberman.

En particular, consideraron que las diferencias sobre el coeficiente de conversión y los porcentajes permitidos de procesamiento de langostino sin cabeza constituían controversias de carácter técnico y administrativo.

La Cámara Federal porteña también examinó las actuaciones posteriores que habían cuestionado determinados criterios sancionatorios o propiciado el archivo de algunos expedientes administrativos. Sin embargo, sostuvo que esas circunstancias no demostraban, por sí solas, una conducta deliberadamente persecutoria susceptible de configurar el delito de abuso de autoridad.

Sobre el episodio de España, los jueces señalaron que, aunque un testigo había referido una discusión y expresiones despectivas vinculadas con la nacionalidad del empresario, no existían elementos suficientes para establecer que las sanciones administrativas posteriores hubieran constituido la materialización de una amenaza coactiva.

Frente a esa decisión, Conarpesa y Agropez interpusieron un recurso de casación, concedido el 30 de junio. La querella insistió en que las instancias anteriores habían efectuado una valoración incorrecta de las pruebas, particularmente sobre la cantidad de sumarios, la supuesta aplicación retroactiva de disposiciones sancionatorias y las amenazas denunciadas.

Solicitó que se revocara el archivo, se reabriera la instrucción y se convocara a Liberman a prestar declaración indagatoria. También manifestó su intención de requerir nuevas medidas probatorias e investigar la eventual participación de Suárez.

Los fundamentos de los camaristas

Al examinar el recurso, el camarista Mariano Borinsky consideró que cumplía los requisitos formales para ser revisado, pero concluyó que sus argumentos no lograban desvirtuar los fundamentos del archivo.

El juez sostuvo que la mayor cantidad de procedimientos contra determinadas compañías no constituía, por sí sola, una prueba de persecución.

“La circunstancia de que Agropez S.A. y Conarpesa hubieran registrado una cantidad de sumarios mayor a la de otras empresas del sector durante 2022 no indica por sí mismo que hayan recibido un tratamiento arbitrario y especialmente direccionado contra ellas”, remarcó.

Borinsky valoró las declaraciones de los representantes del sector y la documentación incorporada. Consideró que esos elementos no permitían demostrar que Liberman hubiera utilizado deliberadamente sus facultades para perjudicar a las firmas denunciantes.

Además, destacó que ninguno de los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en las distintas instancias había cuestionado el archivo.

Por su parte, su colega Gustavo Hornos coincidió en que el recurso debía ser admitido formalmente, aunque también propuso rechazarlo después de analizar los hechos investigados.

El camarista destacó la extensión de la instrucción y la cantidad de diligencias realizadas. Señaló que la investigación “no fue clausurada en una etapa embrionaria ni sobre la base de la sola lectura de la denuncia”.

Respecto del delito de abuso de autoridad, explicó que una interpretación administrativa errónea o la eventual invalidez de una sanción no resultaban suficientes para acreditar automáticamente la responsabilidad penal de un funcionario.

“Ello no significa que un funcionario quede exento de responsabilidad penal cuando utiliza sus atribuciones para dictar resoluciones manifiestamente contrarias a la ley”, aclaró.

Sin embargo, señaló que para configurar ese delito era necesario comprobar que la ilegalidad excedía una controversia interpretativa y que el funcionario se había apartado conscientemente del ordenamiento jurídico.

“Esos elementos no han podido verificarse hasta el momento en el presente caso”, concluyó.

Hornos también examinó el episodio ocurrido en Vigo y consideró que las pruebas incorporadas no permitían vincular penalmente las expresiones atribuidas a Liberman con las actuaciones administrativas cuestionadas.

El juez Javier Carbajo, en cambio, propuso declarar inadmisible el recurso porque, a su criterio, la querella no había demostrado defectos de fundamentación suficientes para habilitar la revisión.

El magistrado expuso que las decisiones anteriores habían examinado razonablemente las pruebas reunidas y que los argumentos de las empresas expresaban una discrepancia con esa valoración.

En ese sentido, afirmó que “la resolución impugnada se encuentra suficientemente sustentada, y los agravios sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”.

Carbajo también observó que determinadas actuaciones administrativas posteriores habían representado avances favorables para los reclamos de las compañías, pero consideró que ello no modificaba la ausencia de elementos suficientes para sostener la imputación penal.

Finalmente, con los votos de Borinsky y Hornos, la Sala IV rechazó por mayoría el recurso de casación, sin imposición de costas, y mantuvo el archivo dispuesto por el juzgado federal y confirmado por la Cámara de Apelaciones.

El tribunal también tuvo presente la reserva del caso federal formulada por la querella. Los cuestionamientos sobre la validez de las sanciones administrativas quedaron sujetos a los procedimientos de revisión correspondientes.