La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió 525 solicitudes de medidas cautelares y otorgó 129 entre 2018 y agosto de 2022. También solicitó tres medidas provisionales y ocho ampliaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a personas afectadas por la crisis de derechos humanos en Nicaragua.
El octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más analiza las respuestas internacionales frente a denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y otros abusos desde las protestas sociales iniciadas en abril de 2018.
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Según el documento, las medidas cautelares concedidas por la CIDH protegieron la vida e integridad de más de 280 personas. El organismo recibió, además, más de 399 peticiones por posibles violaciones de derechos humanos y abrió a trámite 58 casos.
La CIDH y Naciones Unidas documentaron denuncias desde 2018
La CIDH fue uno de los primeros organismos internacionales de derechos humanos que llegó a Nicaragua después del inicio de las protestas. Su visita ocurrió en mayo de 2018, tras una invitación estatal.
En sus observaciones preliminares, la Comisión advirtió sobre uso excesivo de la fuerza, muertes, personas lesionadas, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, malos tratos y ataques contra la libertad de expresión.
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En junio de ese año, la CIDH publicó un informe sobre la crisis de derechos humanos. El organismo concluyó que se habían vulnerado los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad individual, la reunión, la expresión y el acceso a la justicia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó otra visita. Su informe comprendió los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018.
El reporte de Naciones Unidas incluyó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y restricciones a las libertades de opinión, expresión y reunión pacífica.
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El informe del Observatorio señala que el Estado retiró la invitación a la Oficina del Alto Comisionado tras la presentación de esas conclusiones. El documento también recuerda la salida del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El GIEI concluyó que existían elementos de crímenes de lesa humanidad
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue instalado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos ocurridos desde el inicio de las protestas.
El mecanismo presentó su informe fuera de Nicaragua después de que las autoridades comunicaran que debía abandonar el país, junto con el MESENI. El documento concluyó que existían elementos para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad.
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Según la sistematización del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la salida de esos mecanismos limitó la verificación directa de las denuncias dentro del territorio nicaragüense.
A pesar de ello, organismos internacionales continuaron emitiendo informes, solicitando información y activando medidas de protección para personas detenidas, periodistas, opositores, personas defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas.
La CIDH publicó reportes sobre personas privadas de libertad, desplazamiento forzado y concentración de poder. Esos documentos abordaron, entre otros asuntos, las condiciones de reclusión y las restricciones a las garantías judiciales.
La Corte Interamericana ordenó proteger a detenidos y familiares
El Colectivo indicó que presentó 52 solicitudes de protección ante el Sistema Interamericano. Siete de ellas correspondían a medidas provisionales ante la Corte Interamericana.
La Corte ordenó medidas para proteger a personas privadas de libertad por razones políticas y a sus núcleos familiares. Entre sus disposiciones incluyó la protección de la vida, la integridad, la salud, la alimentación y la libertad de las personas beneficiarias.
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En octubre de 2022, el tribunal requirió la liberación inmediata de 45 personas detenidas en ocho centros de reclusión. La resolución tomó en cuenta las condiciones de detención, la falta de atención médica y el deterioro de la salud física y mental denunciados.
El informe sostiene que el Estado no cumplió plenamente esas decisiones. También señala que las medidas internacionales incluyeron requerimientos para proteger a familiares y representantes de posibles represalias vinculadas con la información presentada ante el tribunal.
Los comités de la ONU pidieron investigaciones sobre torturas
El Comité de Derechos Humanos expresó preocupación por denuncias de tortura y malos tratos durante las capturas, en estaciones policiales y en centros de privación de libertad.
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El organismo recomendó investigaciones rápidas, exhaustivas, eficaces, independientes e imparciales sobre denuncias de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia.
Las recomendaciones incluyeron la aplicación del Protocolo de Estambul, el manual internacional para investigar y documentar torturas. El Comité planteó, además, la necesidad de establecer medidas de reparación para las víctimas.
El Comité contra la Tortura examinó la situación de Nicaragua en 2022. El Observatorio señaló que el Estado no presentó respuestas a la lista de cuestiones ni envió una delegación al proceso de revisión.
Ese Comité recibió información sobre torturas y malos tratos en el Chipote Viejo, el Chipote Nuevo, La Modelo y La Esperanza. Las denuncias incluyeron aislamiento, hacinamiento, falta de ventilación, limitaciones de acceso al agua, falta de atención médica, violencia sexual y requisas invasivas contra familiares mujeres.
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Una visita prevista para 2023 fue anulada por falta de cooperación
El Subcomité para la Prevención de la Tortura tenía prevista una visita a Nicaragua en 2023. El mecanismo anuló la misión ante la falta de cooperación estatal, de acuerdo con el informe.
Nicaragua ratificó en 2009 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Esa adhesión contempla la supervisión internacional de lugares de detención y la existencia de un mecanismo nacional de prevención independiente.
Tras cancelar la visita, el Subcomité publicó el informe de una misión realizada en 2014. El documento había permanecido confidencial hasta ese momento.
Para el Observatorio, la falta de cooperación limitó la posibilidad de verificar las condiciones de personas privadas de libertad y las denuncias de tortura en centros policiales y penitenciarios.
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Las sanciones alcanzaron a más de 60 funcionarios e instituciones
El informe señala que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza impusieron sanciones contra más de 60 funcionarios y autoridades nicaragüenses.
Las medidas también alcanzaron a instituciones como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.
Estados Unidos sancionó, además, a 23 jueces y fiscales. El documento asocia esas decisiones con acusaciones de participación en causas contra opositores y afectaciones a instituciones democráticas.
Según el Colectivo, las sanciones no tuvieron consecuencias directas dentro de Nicaragua. Sus efectos se concentraron en restricciones de ingreso a determinados países, congelamiento de bienes y limitaciones para realizar operaciones financieras internacionales.
El GHREN recibió el mandato de preservar pruebas e identificar responsables
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó en marzo de 2022 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Su mandato fue renovado por dos años en abril de 2023.
El mecanismo recibió el encargo de investigar abusos y violaciones cometidos desde abril de 2018, preservar pruebas, analizar información e identificar responsables cuando fuera posible.
El primer informe del GHREN concluyó que había motivos razonables para considerar que las violaciones y abusos fueron cometidos de manera generalizada y sistemática por razones políticas.
La investigación incluyó ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución, deportaciones y privaciones arbitrarias de nacionalidad.
El GHREN indicó que no recibió cooperación de las autoridades nicaragüenses. El mecanismo no pudo ingresar al país ni obtener la documentación oficial solicitada.
Pese a esas limitaciones, el Grupo entrevistó a víctimas en el exilio y reunió información de fuentes dentro de Nicaragua mediante canales seguros y confidenciales.
La documentación reúne posibles elementos para futuras investigaciones
El informe incluye un análisis sobre las vías que podrían utilizarse para investigar casos de tortura y otros malos tratos en el futuro. El texto señala que, en las condiciones actuales, no existen posibilidades de impulsar una judicialización interna efectiva.
El apartado plantea la necesidad de preservar testimonios, expedientes médicos, fotografías, videos, documentos judiciales y registros administrativos. Propone, además, reunir información sobre órdenes, cadenas de mando, estructuras institucionales y posibles mecanismos de encubrimiento.
Según el análisis, los casos podrían estudiarse como parte de una posible criminalidad de sistema. Esa aproximación busca examinar la relación entre autores materiales, personas que habrían ordenado o facilitado los hechos y las instituciones involucradas.
El documento menciona la jurisdicción universal como una eventual alternativa para investigar crímenes internacionales cuando no existen procesos efectivos en el país donde habrían ocurrido.
En ese contexto, el reporte alude a la investigación abierta en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad contra funcionarios nicaragüenses. Para el Observatorio, la conservación de pruebas puede resultar relevante para procesos futuros de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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