
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga de la medida de emergencia que rige la seguridad pública, en una sesión que coincidió con la revelación oficial de que la justicia dictó sentencia contra más de 10 mil pandilleros.
Con 57 votos a favor y uno en contra, los diputados respaldaron la extensión número 56 de este marco normativo, implementado en marzo de 2022 para combatir las estructuras criminales.
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El respaldo parlamentario reafirmó el curso de la estrategia de seguridad pública impulsada por el Gobierno. Durante la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, el diputado del partido Nuevas Ideas, Walter Alemán, defendió la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción y sostuvo que la medida devolvió la paz y la tranquilidad a la población salvadoreña.
Alemán afirmó que la estrategia de seguridad permitió superar 20 años bajo el asedio de las pandillas y posicionó al país como un referente internacional. Según expuso, los resultados en el combate a la delincuencia facilitaron avances en otros rubros, entre ellos el crecimiento del turismo y la proyección de inversión educativa para el presupuesto de 2027.
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En la misma línea, el diputado Reinaldo Carballo, tercer secretario de la Asamblea, ratificó el apoyo de su fracción tras asegurar que la medida devolvió la tranquilidad a los salvadoreños.

La Fiscalía confirmó 10,561 miembros de maras ya fueron condenados
El balance de los procesos penales quedó al descubierto durante la comparecencia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. El funcionario expuso ante los legisladores la ejecución financiera de la institución y presentó el desglose judicial acumulado desde mayo de 2021 hasta el 16 de octubre.
De acuerdo con el reporte oficial, el Ministerio Público consiguió el veredicto de culpabilidad para 9,213 adultos y 1,348 menores de edad, lo que suma un total de 10,561 resoluciones contra integrantes de grupos ilícitos.
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La mayor parte de los procesados pertenecía a las dos facciones criminales hegemónicas en el territorio:
- La Mara Salvatrucha (MS-13)
- La pandilla Barrio 18.
Delgado enfatizó la efectividad de las causas que ya concluyeron la vista pública en sede judicial. “Del total de imputados con sentencia, el 98% ha sido condenado, es decir, solo un pequeño margen de estas personas son las que actualmente han quedado en libertad”, explicó el fiscal general en San Salvador.
El titular del ente acusador precisó que las estadísticas corresponden estrictamente a expedientes que llegaron a la etapa de juicio, y anticipó que los registros numéricos aumentarán según los tribunales desarrollen las audiencias pendientes.
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El Gobierno eliminó beneficios de excarcelación y mantiene los operativos
A la par de las cifras judiciales, el Ejecutivo ratificó que no otorgará ningún tipo de concesión procesal a los detenidos. El ministro Villatoro, sostuvo que la legislación actual clausuró de manera definitiva cualquier opción de liberación anticipada o beneficio penitenciario para los condenados.
Villatoro explicó que las patrullas conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada continúan desplegadas en asentamientos urbanos y áreas rurales para ubicar a prófugos de la justicia.
Las autoridades detectaron que diversos sospechosos intentaron burlar las inspecciones mediante la alteración o el borrado de sus tatuajes, así como a través de escondites en templos religiosos. El ministro aseveró que las redadas continuarán de manera sostenida hasta localizar al último miembro de estas estructuras criminales en suelo nacional.
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