La Corte Suprema sesionará este viernes, a las 9, para resolver la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, en una reunión convocada de urgencia que podría restablecer las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, eliminadas por el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
El expediente que tiene para resolver el tribunal incluye un pedido de medida cautelar impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Si la Corte concede esa cautelar, las limitaciones que la Ley 26.737 imponía sobre la adquisición de predios rurales por ciudadanos extranjeros volverían a estar vigentes. Constitucionalistas con experiencia en el tribunal advierten que una resolución directa del máximo tribunal —sin reenviar el caso a primera instancia— sería una decisión de carácter excepcional.
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La sesión extraordinaria se explica por un punto muerto interno: los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar. Sin tres votos no hay sentencia posible, por lo que el tribunal convocó a dos conjueces para desempatar.
Los magistrados elegidos son Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos son penalistas con extensa trayectoria judicial. Barroetaveña, cercano a Rosatti, integra el Consejo de la Magistratura; Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
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Los dos camaristas compartían hasta hace poco su participación en tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de la que renunciaron en diciembre del año pasado tras un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que la Corte ordenara el cese de todos los jueces en esas funciones.
La urgencia del tribunal quedó plasmada en una resolución firmada a las 19:09 del miércoles por Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte. El documento redujo el plazo habitual de 72 horas para que la integración quedara consentida y dispuso que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, el término se fijara en 24 horas. Para garantizarlo, la resolución habilitó expresamente “días y horas inhábiles”.
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La causa que ahora llega a la Corte fue iniciada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Árbol de Pie y los demás demandantes cuestionaron la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó íntegramente la Ley de Tierras. El planteo fue derivado a la Cámara Federal de La Plata por considerarse conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), pero ningún tribunal llegó a tratar el fondo del asunto.
Los promotores del caso subrayan que su legitimación es propia y diferente a la del CECIM: no invocan la soberanía nacional, sino “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas” sobre sus territorios ancestrales.
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El contexto que precipitó esta sesión extraordinaria se remonta al martes de la semana pasada, cuando la Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. El tribunal argumentó que el CECIM carecía de legitimación activa para impulsar el amparo, lo que generó una ola de críticas y una amenaza concreta de la oposición de impulsar en el Congreso la derogación de todo el DNU 70/2023, con una sesión especial prevista para el próximo jueves.
Tras la controversia, la Corte difundió un comunicado en el que aclaró que su fallo solo había resuelto una cuestión procesal y que “no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”. Sin embargo, Rosenkrantz no participó de la redacción ni convalidó ese documento, según informaron desde su vocalía.
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