El caso de corrupción que involucra a dos jueces de la Cámara Federal de Córdoba tomó impulso en el Consejo de la Magistratura

Los jueces de la Cámara Federal de Córdoba Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Susana Montesi, además de defenderse en los tribunales, ahora también deberán hacerlo ante el Consejo de la Magistratura, que investigará su conducta y podría llegar a pedir su destitución. Están acusados de haber intentado direccionar una causa en un millonario caso de evasión fiscal, entre otros delitos.

Este miércoles, la comisión de Disciplina votó favorablemente notificar por artículo 11 del reglamento a ambos magistrados, que además de compartir tribunal son pareja. Con esto les otorgaron un plazo de 20 días para empezar a ejercer su derecho a la defensa ante el organismo. Sin embargo, el caso podría escalar y pasar a la comisión de Acusación, donde tramitan los expedientes más graves.

Alberto Maques y César Grau, presidentes de las comisiones de Acusación y de Disciplina, respectivamente, firmaron un nuevo oficio para que se defina la situación de los camaristas.

En los dos expedientes contra Abel Sánchez Torres —quien preside la Cámara— y Graciela Montesi, los consejeros no lograron llegar a un acuerdo, por lo que remitieron las actuaciones a la vicepresidenta de la Comisión de Disciplina, María Alejandra Provítola, para que defina la asignación.

El primer expediente es por el supuesto direccionamiento de causas —en particular, la causa “Bunge”—; incompatibilidad derivada de su relación de pareja; violencia laboral contra una secretaria; enriquecimiento ilícito; presiones sobre un funcionario judicial; y un accidente automovilístico protagonizado por Sánchez Torres.

En el segundo expediente, en tanto, se investigará la conducta de los magistrados a partir de la presunta admisión de dádivas, a raíz de un viaje a Punta del Este de ambos en un avión privado.

“Este tema tiene una gravedad institucional en mi provincia que no sé si se alcanza a visualizar en Buenos Aires. Es delicado, complejo y difícil; hay un pedido de procesamiento del MPF con medidas de restricciones; es un tema extremadamente delicado. No hay posibilidad de mirar al costado. Este Consejo de la Magistratura no puede obviar lo que pasa en Córdoba”, aseguró el consejero Luis Juez, durante la reunión del miércoles.

Al mismo tiempo advirtió al presidente de la Comisión de Disciplina de que los expedientes pasarán a la Comisión de Acusación: “Quiero advertir porque este expediente se le va a ir de las manos y va a terminar prontamente en Acusación”.

Pedido de procesamiento

Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian solicitaron el procesamiento de los camaristas. De acuerdo con la presentación del Ministerio Público, Sánchez Torres y Montesi habrían acordado de manera ilegal la integración de las salas del tribunal para intervenir conjuntamente en el denominado caso “Bunge”, una causa que tenía como principal acusado al presidente del directorio de Bunge Argentina S.A, Raúl Alfredo Padilla.

Según la reconstrucción de los fiscales, la jueza Montesi, tras emitir su voto, decidió en diciembre incorporar a Sánchez Torres como tercer integrante de la Sala A de la Cámara. Sin embargo, según la reglamentación vigente que regula los turnos de subrogancia, la intervención correspondía a la jueza Liliana Navarro.

La fiscalía sostiene que esta decisión no obedeció a un error de interpretación, sino a una acción deliberada para asegurar la unanimidad en la resolución y apartar a Navarro del expediente.

Pocos días después, la situación se repitió de manera inversa en la causa “Humanes”, bajo la órbita de la otra sala del tribunal. En esa oportunidad, el juez Sánchez Torres dispuso incorporar a Montesi para resolver el caso. Para materializar la decisión, el magistrado ordenó a la secretaria penal de la Cámara, Celina Laje Anaya, que redactara una certificación oficial que dejara constancia de esa integración.

La funcionaria judicial, con décadas de trayectoria en los tribunales federales, se negó de forma terminante a cumplir la directiva por considerarla ilegal y contraria a las acordadas vigentes. Ante la resistencia de la secretaria, el camarista firmó un decreto para imponer la conformación de la sala. No obstante, la maniobra quedó sin efecto meses más tarde, cuando la jueza Navarro denunció formalmente la irregularidad por escrito en el expediente, lo que obligó a Sánchez Torres a dar marcha atrás.

La negativa de la secretaria a firmar la certificación desencadenó, según la acusación, una feroz represalia por parte de Sánchez Torres. La fiscalía imputó al magistrado por el delito de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, al considerar que sometió a la funcionaria a un acoso laboral sistemático, recurrente y sostenido en el tiempo que destruyó su salud física y mental.

Testigos directos, entre ellos empleados, prosecretarios y otros funcionarios de la Cámara, relataron ante la justicia el “clima de terror” que se instaló en el ámbito de trabajo. Los testimonios describieron gritos constantes, descalificaciones profesionales delante de los empleados subalternos y una sobrecarga intencionada de tareas complejas con el fin de desbordar la capacidad de la secretaria.

El hostigamiento afectó gravemente la salud de la víctima, quien comenzó a sufrir crisis de pánico, taquicardia, pérdida de cabello, temblores y desvanecimientos, según consta en la causa. En abril, médicas especialistas en cardiología y psiquiatría ordenaron su inmediato reposo laboral y le prescribieron psicofármacos, lo que derivó en una licencia psiquiátrica que se extendió por más de un mes.

La violencia laboral se reanudó tras la licencia médica. Durante el receso judicial de invierno, el juez dispuso la reincorporación de la secretaria un día antes del vencimiento de su carpeta médica, a pesar de que no existían tareas urgentes que justificaran la medida. Al presentarse a trabajar, la funcionaria encontró su despacho cerrado con llave. Sin funciones asignadas ni computadora, pasó su primera jornada sentada en una silla de paso, siempre según lo dictaminado por los fiscales Turano y Hairabedian.

Los fiscales federales consideraron que existen pruebas contundentes para procesar a Montesi y Sánchez Torres como coautores de abuso de autoridad por las integraciones irregulares de las salas. Asimismo, solicitaron el procesamiento de Sánchez Torres por las lesiones graves causadas a la secretaria penal bajo un contexto de violencia de género laboral.

Debido a la gravedad de los hechos y al “evidente” riesgo de entorpecimiento de la investigación —que incluyó presiones a testigos y falsedades por parte de funcionarios subordinados—, la fiscalía solicitó el arresto domiciliario de Sánchez Torres. Sin embargo, por imperio de la ley de fueros, la medida de restricción de la libertad no podrá hacerse efectiva hasta que el magistrado sea suspendido o removido de su cargo por el Consejo de la Magistratura.

El vuelo a Punta del Este

Los mismos fiscales también investigan a la pareja de camaristas por haber realizado un viaje ida y vuelta en un avión privado (matrícula LV-WTP) desde Córdoba hacia Punta del Este, Uruguay, entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024, sin costo aparente para ellos. El valor de dicho vuelo asciende a aproximadamente 34.000 dólares.

El viaje se realizó junto a María Pía Astori, líder del Grupo Astori, y Guillermo Alberto Assales, presidente de una empresa del mismo grupo.

Según los fiscales, antes y después del viaje, los jueces intervinieron en expedientes judiciales que involucraban intereses económicos directos de Porta Hnos. S.A. y el Grupo Astori.

En el caso de Porta Hnos., la jueza Montesi falló reiteradamente en disidencia contra la realización de un estudio de impacto ambiental exigido a la empresa. Posteriormente, ambos jueces fallaron a favor de Porta Hnos. en una causa contencioso-administrativa, condonándola solo a una multa.