La Municipalidad de San Isidro pidió este martes la declaración indagatoria del exintendente Gustavo Posse en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de 250 viviendas sociales en el barrio Martín y Omar, iniciado en 2006 principalmente con fondos transferidos por el Estado Nacional y cuya recepción definitiva fue formalizada casi una década después.
El planteo fue presentado por los abogados Nicolás Ramírez, Juan Oribe y Julieta Melconian, representantes de la comuna, que fue incorporada como querellante por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal cuya validez quedó pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia.
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Además de Posse, el escrito solicita la indagatoria de otros ex funcionarios municipales, una supervisora provincial y representantes de las tres empresas que intervinieron sucesivamente en las obras.
La causa CFP 12.590/2014 está radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. La investigación fue impulsada inicialmente por el fallecido fiscal federal Jorge Di Lello, quien en 2017 ya había pedido la indagatoria de Posse y de otros involucrados. Actualmente interviene el fiscal Ramiro González, como subrogante de la Fiscalía Federal N° 1.
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Qué le atribuyen a Posse
El nuevo pedido pone el foco en el papel que habría tenido Gustavo Posse como máxima autoridad municipal durante la ejecución del denominado Proyecto N° 48 “San Isidro I - Barrio Martín y Omar”.
Posse estuvo al frente de San Isidro durante seis mandatos consecutivos, entre 1999 y 2023. Fue electo intendente por primera vez en 1999, cuando sucedió a su padre, Melchor Posse, al frente del municipio, y reelecto en 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019. De ese modo, todo el período que abarca la ejecución investigada, desde 2006 hasta la recepción definitiva de las obras en 2016, quedó comprendido dentro de su gestión.
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Los representantes de la comuna señalaron que Posse firmó junto con Héctor Aníbal Prassel, entonces secretario general de Gobierno y Administración, el Decreto 2550/06, mediante el cual se registraron contratos correspondientes a la licitación y se designó a Soluciones Urbanas SRL como encargada de inspeccionar las obras.
Pero la presentación sostiene que su intervención habría excedido la suscripción de actos administrativos. Según el escrito, la Municipalidad era el ente responsable de ejecutar el programa, inspeccionar y certificar los trabajos, rendir cuentas por los fondos recibidos y afrontar con recursos propios las eventuales diferencias.
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“Posse no fue un funcionario que firmó documentos rutinarios en ejercicio de sus funciones. Es quien tomó cada decisión política relevante del Proyecto N° 48”, afirmaron los representantes municipales al solicitar que sea citado.
La presentación remarca además que durante su administración se aprobaron 101 certificados de obra y se recibieron un total de $36.088.935,48 provenientes del Estado Nacional, mientras que las pericias incorporadas años después al expediente detectaron diferencias entre los avances documentados y las viviendas que pudieron ser verificadas.
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“Todo ello (...) ocurrió bajo la conducción del Sr. Posse como intendente del Municipio y con su firma en los actos administrativos centrales del esquema”, expone el reciente pedido.
Para respaldar esa postura, los abogados citaron el descargo de Fernando Romero, ex subsecretario de Obras Públicas, quien ya declaró como imputado. Según reproduce el escrito, Romero ubicó las decisiones políticas vinculadas con el proyecto en cabeza del entonces intendente.
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A partir de ese testimonio, la presentación afirma que ese elemento “permite ubicar a Posse en el vértice de la pirámide decisional bajo la cual se desarrolló toda la ejecución del Proyecto N° 48, desde la adjudicación original en 2006 hasta la recepción definitiva en 2016”.
También destacó que, después de que Romero dejara la Subsecretaría de Obras Públicas en enero de 2009, habría sido el propio Posse quien le pidió que continuara colaborando con la política barrial, “en especial sobre el programa de obras”. Los representantes municipales incorporaron ese episodio como otro argumento para sostener que el entonces intendente mantuvo intervención sobre el proyecto pese a los cambios de funcionarios.
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A esos elementos sumaron un Informe de Análisis Reticular elaborado por la PROCELAC, que examinó los vínculos entre las personas y organismos relevados durante la pesquisa.
El pedido de indagatoria no implica, en rigor, un procesamiento ni una definición sobre la responsabilidad penal de Posse. Será el juez Ramos quien deberá decidir si existen elementos suficientes para convocarlo a declarar en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
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Las 250 viviendas bajo investigación
El expediente investiga la ejecución del Proyecto N° 48, correspondiente al Plan Federal de Viviendas. El programa contemplaba la construcción de 250 unidades en el barrio Martín y Omar y tenía un plazo original de doce meses desde el comienzo de los trabajos, el 17 de octubre de 2006.
La recepción definitiva, sin embargo, fue instrumentada el 30 de marzo de 2016.
Una inspección realizada por el Ministerio Público Fiscal en agosto de ese año constató la existencia de 44 viviendas. Posteriormente, una pericia oficial de ingeniería civil presentada en 2022 determinó que podían computarse 41 unidades técnicamente válidas, equivalentes al 16,4% de las comprometidas.
La pericia contable estableció, por su parte, que los certificados de obra dieron lugar a pagos netos por $37.682.053,54. El contrato original ascendía a $17.319.984,16 y llegó a aquella cifra luego de doce redeterminaciones de precios.
Durante la ejecución participaron sucesivamente EMACO SA, Construcciones Ecológicas SA (CESA) e INELCO SA.
Entre las diferencias señaladas en la presentación aparece que, desde el segundo certificado, se informó un avance del 95% en el ítem denominado “Limpieza de Suelo Vegetal”. Los peritos calificaron esa situación como una “desnaturalización de los certificados de obra”.
Una investigación que comenzó en 2014
La causa se inició el 4 de agosto de 2014, a partir de una denuncia presentada por la entonces concejal de San Isidro Marcela Durrieu.
En 2017, Di Lello solicitó la indagatoria de Posse y de varias de las personas que vuelven a aparecer en el planteo actual. El juzgado consideró entonces que la convocatoria era prematura y entendió que previamente debían realizarse pericias contables y de ingeniería.
Esos estudios fueron incorporados en 2022 y sus autores ratificaron y ampliaron sus conclusiones ante el juzgado en octubre de 2025.
En marzo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió incorporar a la Municipalidad de San Isidro como querellante. Las defensas recurrieron esa decisión y Casación concedió los recursos extraordinarios, por lo que será la Corte Suprema la que deberá revisar si la comuna puede mantener ese rol en el expediente.
Mientras esa discusión continúa abierta, en julio fueron indagados Fernando Adrián Romero, ex subsecretario de Obras Públicas; Germán Víctor Ballester, inspector de obra; y Bernardo Landívar, ex secretario de Obras Públicas.
Ahora, la Municipalidad pidió ampliar las convocatorias.
Además de Posse, solicitó citar a Héctor Aníbal Prassel, ex secretario general de Gobierno y Administración; Federico J. García y Sergio Cesio, quienes ocuparon cargos en Obras Públicas; María de los Ángeles Polantinos, supervisora del Instituto de la Vivienda bonaerense; y Marcelo Nayem, quien intervino en la inspección a través de Soluciones Urbanas.
La nómina incluye también a representantes de las constructoras: Federico León Bensadon, por EMACO; Cecilia Paula Adoue y Alberto Fuscaldo, por CESA; y Ricardo Tajtelbaum y Guillermo Sabbatini, por INELCO.
En el cierre del pedido, los representantes municipales sostuvieron que los elementos acumulados permiten advertir “claros indicios de la posible comisión de una defraudación contra la administración pública y de malversación de caudales públicos”.
La decisión sobre las nuevas indagatorias quedó ahora en manos del juez federal Ramos.
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