La defensa del ex presidente Alberto Fernández consiguió llegar hasta la Cámara Federal de Casación Penal en el intento por declarar la nulidad de todo lo hecho en la causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez, en la que está procesado.
La Cámara Federal porteña concedió un recurso de apelación contra la decisión que confirmó el rechazo al pedido de nulidad de lo dispuesto en la investigación mientras estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien fue apartado.
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Los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah concedieron el recurso para que se revise su negativa a declarar la nulidad. “La impugnación desarrolla agravios que suscitan cuestión federal”, concluyó el primero de los magistrados.
Farah consideró que el alcance de los efectos de lo resuelto la equiparan a una sentencia definitiva y por ello se cumplen los requisitos para que haya otra instancia de revisión, esta vez en el máximo tribunal penal federal del país.
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Qué argumenta el ex presidente
Al pedir la nulidad de todo, la abogada de Fernández, Silvina Carreira, enumeró allanamientos, secuestros de dispositivos, la extracción de información y la resolución del procesamiento por supuestos vicios en su origen.
La Cámara Federal rechazó el planteo y remarcó en ese momento que cuando Casación separó al juez del caso, ‘puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos’.
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La sentencia del tribunal superior “definió de forma expresa que no debía producirse una retrogradación del proceso por la naturaleza del caso y por los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de protección de las mujeres y prevención de la violencia de género”, se explicó en ese momento.
Los camaristas ordenaron al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, que atienda el pedido de la defensa en relación a una serie de medidas de prueba que considera indispensables, y que habían sido denegadas con anterioridad.
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Qué se investiga
La investigación se inició a partir de una extracción de testimonios vinculada al expediente de Nación Seguros, al descubrir comunicaciones telefónicas entre la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, y la ex primera dama Fabiola Yañez. Incluían mensajes y fotos que describieron situaciones de presunta violencia de género.
Ante este hallazgo, la Justicia dio lugar a una denuncia impulsada por Yañez y terminó dictando el procesamiento del exmandatario por lesiones leves reiteradas en dos oportunidades, lesiones graves y amenazas coactivas.
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El delito de amenazas coactivas se basó en las supuestas presiones que Fernández habría ejercido sobre su exmujer para que no hiciera la denuncia, a cambio de asegurar el futuro económico de su hijo.
La defensa argumentó que la investigación se originó a partir de chats obtenidos de manera irregular de un celular revisado en otra causa, sin una orden judicial específica, lo que consideró una “expedición de pesca”.
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Hace casi un año, el fiscal federal Ramiro González pidió la elevación a juicio oral del expediente, pero la defensa interpuso una serie de recursos que impidieron avanzar aún con el trámite.
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