El juez Sebastián Ramos procesó y embargó a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

El juez federal Sebastián Ramos procesó al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois por violación de domicilio y resistencia a la autoridad tras la ocupación del Instituto Perón ocurrida el 7 de junio de 2025. La resolución incluyó un embargo de 5 millones de pesos sobre los bienes del exreferente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Según el fallo, al que tuvo acceso Infobae, también fue procesado el militante y estudiante Valentín Peralta, señalado como uno de los protagonistas de la ocupación, que resultó en destrozos y varios policías heridos. Al joven se le aplicó otro embargo de 1 millón de pesos.

La toma se produjo días antes de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión de la expresidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, en un contexto de convocatorias a protestas de referentes vinculados al kirchnerismo. Tanto Grabois como el joven habían sido detenidos en el Instituto Perón.

El juez Ramos determinó el procesamiento al sostener que, a pesar de la orden judicial de desalojo, “Grabois incentivó a los manifestantes a adoptar un comportamiento hostil que culminó en agresiones y lesiones sobre los efectivos policiales”, afirma el texto.

Además, el magistrado consideró que la permanencia deliberada en el inmueble constituyó desobediencia agravada por la actitud de liderazgo y arenga. Y sobre Peralta, le atribuyó haber agredido al personal policial en el contexto de la resistencia. “Ambos imputados tenían pleno conocimiento e intención de ingresar al lugar en contra de la voluntad de su titular”, sostuvo el juez.

Tras la resolución de Ramos, la agrupación que lidera Grabois, Patria Grande, difundió un comunicado en las redes sociales en el que repudió la decisión judicial, calificó al procesamiento de “trucho” y denunció una “nueva maniobra de persecución política impulsada por el gobierno de Javier Milei con la complicidad de un sector del Poder Judicial”.

Patria Grande sostuvo que el procesamiento constituye “un mamarracho jurídico” y que sólo puede explicarse por “la presión que ejerce el propio Gobierno” para perseguir a Juan Grabois y disciplinar a la oposición.

Los argumentos del procesamiento

Ramos detalló que los hechos quedaron acreditados a partir de testimonios, fotografías y videos, que muestran tanto a Grabois como a Peralta ingresando sin autorización al Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que el Gobierno decidió cerrarlo a través del decreto 346/2025. En el caso de Peralta, está acusado de agredir con golpes al personal policial y por negarse a abandonar el lugar.

Entre los fundamentos de la medida, el Hospital Churruca remitió los partes médicos de los agentes heridos. Entre ellos, el comisario De Cristóbal presentó un traumatismo encéfalo-craneano y escoriación en la cabeza; Marcelo Claudio Galarza, traumatismos superficiales múltiples en el tórax; Gustavo Antonio Gauna, una leve inflamación en la mano; y Amado Rubén Martínez, un edema en el labio superior y una herida mucosa por traumatismo con incisivos.

El fallo destaca que, ante la presencia policial y el pedido judicial de desalojo, Grabois arengó a los presentes para que permanecieran. En uno de los registros, según surge del expediente, el dirigente dijo a viva voz: “Bueno, que la gente suba al patio y que nosotros, los abogados, nos vamos a quedar acá”.

“Frente a esa motivación a viva voz, las personas allí presentes comenzaron a resistirse, a arengar mediante insultos y arrojar objetos”, apuntó la sentencia, y consideró una relación entre la convocatoria de Grabois en redes sociales y el desarrollo de los hechos, por lo que “se cuenta con elementos de convicción suficientes para ligarlos al proceso”.

Las figuras de violación de domicilio (Art. 150 del Código Penal), castiga con prisión de 6 meses a 2 años a quien ingresa a un inmueble ajeno sin autorización, mientras que el de resistencia a la autoridad (Art. 239), prevé de 15 días a 1 año de prisión para quien desobedece órdenes de funcionarios públicos.

La defensa de Grabois y Patria Grande

La resolución indica que, al momento de presentar sus descargos, los imputados no negaron su ingreso al Instituto Perón y su permanencia en el lugar. En el caso de Grabois, planteó que la participación del ex precandidato presidencial en la protesta se limitó al rol de abogado de la Cooperativa de Trabajo “Lo de Néstor”, administradora del local contiguo “Un Café con Perón”. Por su lado, Peralta negó que el ingreso haya sido de forma ilegítima y por el uso de la fuerza.

Grabois también presentó una serie de nulidades y apelaciones, incluyendo un recurso ante la Corte Suprema para evitar la apertura del teléfono celular secuestrado al momento de la detención.

Desde el sector de Grabois también atribuyen el procesamiento al avance de la causa con la denuncia presentada por Grabois contra el ex diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert por presunto lavado de dinero y que “el Gobierno está desesperado por frenar”.

“No hay dudas de que lo de Espert es solo la punta del iceberg de una red de lavado de dinero que, en caso de avanzar la investigación, se llevará puesto unos cuantos más. Les dejamos algo claro: no van a detenernos”, sostiene el comunicado de la agrupación.

Al defender la medida del cierre del Instituto Perón, el Ministerio de Capital Humano consignó que contaba con 20 empleados y un gasto anual superior a $400 millones, destinado íntegramente a salarios y servicios básicos, sin que se hubieran realizado investigaciones conforme al propósito original del organismo.

Las autoridades indicaron que, tras la disolución, se dispusieron medidas para proteger el patrimonio histórico y cultural del Instituto, actualmente en proceso de transferencia a la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.