La Cámara Federal de Casación Penal desestimó un recurso presentado por la defensa de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y, con esta decisión, el exfuncionario kirchnerista continuará bajo investigación en la causa que busca determinar si enriqueció ilegalmente mientras ejerció la función pública.
La resolución estuvo a cargo de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Los magistrados declararon inadmisible la presentación de la defensa, lo que dejó firme la continuidad del proceso judicial que se desarrolla en los tribunales federales.
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Baratta viene de ser condenado el año pasado por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. Recibió una pena de tres años y seis meses de prisión como coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La investigación patrimonial
La causa judicial se inició en el año 2017 y tiene como objetivo principal analizar la evolución de los bienes de Baratta entre 2003 y 2015, lapso en el cual se desempeñó dentro de la cartera de Planificación Federal. Los investigadores buscan esclarecer si existió un aumento apreciable y sin justificación en su situación económica personal.
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Entre los puntos bajo sospecha, la pesquisa se centra en la adquisición de diversos bienes inmuebles y vehículos. Estos activos aparecen registrados tanto a nombre del exsubsecretario como de terceras personas que, de acuerdo con la hipótesis judicial, habrían actuado como testaferros o interpuestas personas para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.
Asimismo, el expediente incluye la investigación sobre la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera.
Los abogados defensores de Baratta pretendían que se pusiera fin al proceso penal de manera definitiva. Para ello, argumentaron que la causa se encontraba prescripta y que se había afectado el derecho de su asistido a recibir un juzgamiento en un plazo razonable.
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La defensa remarcó que, a pesar de que la causa comenzó hace varios años, el exfuncionario todavía no prestó declaración indagatoria.
En rigor, el juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Baratta en diciembre de 2021. Esa declaración todavía no se llevó adelante porque una pericia contable demoró la causa. El estudio aún no se finalizó.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal ya había desestimado esa postura con anterioridad. En aquella oportunidad, los jueces ponderaron la extrema complejidad que caracteriza a una investigación vinculada con presuntos hechos de corrupción estatal. Este tipo de expedientes requiere el análisis minucioso de abundante información financiera, el rastreo de numerosas operaciones comerciales y la realización de peritajes contables especializados a cargo de profesionales.
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En este nuevo pronunciamiento, los camaristas Hornos y Borinsky señalaron que el recurso extraordinario intentado por la defensa no cumplió con los requisitos legales necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Explicaron que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva y que los recurrentes no lograron demostrar la existencia de una cuestión federal o de una situación de arbitrariedad en las decisiones previas. Para los magistrados, los argumentos expuestos por los abogados representaron únicamente una discrepancia con el criterio que ya adoptó la justicia.
De esta manera, tras el dictamen del Ministerio Público Fiscal que aconsejó rechazar la presentación, el tribunal declaró inadmisible el planteo y la causa regresará ahora al juzgado de origen para que continúe la producción de pruebas y el avance del trámite correspondiente.
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