La Justicia comenzó a investigar el accionar de las fuerzas de seguridad durante la movilización del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando se aprobó la Ley de Tierras. Ya está bajo análisis en los tribunales federales de Comodoro Py el caso del comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Gustavo Antonio Gauna, señalado por disparar una escopeta contra los manifestantes mientras iba vestido de civil, sin ninguna identificación visible.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, todas las denuncias que se presentaron a partir de la represión en las afueras del Congreso se acumularon en el Juzgado Federal N° 10, que subroga Julián Ercolini.
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El fiscal Franco Picardi requirió abrir la investigación y propuso una serie de medidas de prueba para impulsar la acción penal: pidió informes a distintos organismos públicos, registros de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales.
El juez Ercolini, quien de momento no delegó la investigación en la fiscalía, ya ordenó algunas diligencias y tiene otra batería de medidas bajo análisis, indicaron fuentes con acceso al expediente.
La causa se inició a partir de las denuncias presentadas por las autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Los representantes de esta entidad, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, reportaron “graves abusos de poder, detenciones arbitrarias y un uso desmedido de la fuerza”.
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También hubo denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano y del abogado Gregorio Dalbón que señalaron -además del comisario Gauna- a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ambas habían recaído por sorteo en el juzgado de María Servini, pero todo se acumuló con la causa iniciada por la CPM.
Quién es el comisario Gauna
El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna se desempeña desde enero de 2025 como jefe de la Dirección General de Organizaciones Criminales de la PFA. Antes había estado a cargo de los departamentos de Investigaciones Nacionales, Trata de Personas y de la división Homicidios.
En 2023, Gauna declaró como testigo en la causa por el crimen de Lucas González (17), el jugador de inferiores de Barracas Central asesinado por agentes de la Policía de la Ciudad. Su testimonio complicó a los acusados, quienes finalmente resultaron condenados.
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En redes sociales se difundieron fotos del comisario en la Plaza del Congreso con una escopeta a la altura de la cintura. Lo captaron desde distintos ángulos y en ninguna imagen se percibe con claridad que lleve una identificación.
Luego de identificar a Gauna, desde la oposición reflotaron un viejo posteo de la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien compartió una foto con el comisario durante un operativo por la desaparición de Loan Peña en Corrientes.
Bullrich negó conocerlo personalmente o tener algún vínculo más allá del que mantuvo en su momento por su responsabilidad como ministra.
La represión de la marcha
Según los informes de monitoreo presentados por esa entidad, que trabajó en conjunto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la intervención policial derivó en una “represión indiscriminada” que afectó a más de 1.500 personas que se movilizaron para protestar contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
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Los denunciantes relataron que las fuerzas, integradas por un comando unificado de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, recurrieron al uso coordinado de gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y postas de goma.
El operativo dejó al menos 16 heridos, entre los que hubo manifestantes, trabajadores de prensa y miembros de los propios equipos de control de derechos humanos, según consta en la denuncia. También se informó la detención de 29 personas en medio de los incidentes.
Uno de los episodios más graves ocurrió en la esquina de Lima y Avenida de Mayo. En ese punto, la fotoperiodista Patricia Del Valle Cugat sufrió un fuerte traumatismo craneal con sangrado tras caer al suelo en medio de las maniobras de dispersión y los disparos de postas de goma.
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Integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria y del organismo de asistencia médica CEPA que auxiliaron a la trabajadora de prensa denunciaron una presunta inacción de los efectivos policiales, quienes se habrían limitado a dar aviso por radio antes de retirarse del lugar donde la mujer cayó desvanecida. Posteriormente, una ambulancia del SAME trasladó a la víctima al Hospital Argerich.
La CPM amplió su denuncia en los últimos días y sumó nuevos testimonios de personas lesionadas en diferentes puntos de la Plaza del Congreso.
La presentación judicial también dio cuenta de que el propio secretario ejecutivo de la Comisión, Roberto Cipriano García, recibió un disparo de posta de goma en su brazo derecho mientras supervisaba el operativo.
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Ante la magnitud de los gases y las detonaciones, unas 50 personas debieron refugiarse en un puesto sanitario provisorio montado en el Instituto Patria.
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