El Ministerio de Gobernación puso en marcha el enrolamiento para emitir y actualizar el DPI de personas privadas de libertad en Guatemala, una medida que busca dar certeza jurídica y facilitar su acceso a trámites judiciales, administrativos y programas de reinserción social, en un proceso que además se enmarca en las disposiciones del Decreto 3-2025 del Congreso de la República.
De acuerdo con información de la Dirección General del Sistema Penitenciario, las jornadas comenzaron en 2024 en distintos centros de detención en coordinación con la Unidad Móvil del Registro Nacional de las Personas.
El objetivo es extender la emisión del Documento Personal de Identificación a población recluida en centros de detención preventiva y de cumplimiento de condena.
La jornada en curso se desarrolla en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes. Allí se realizan modificaciones de datos, enrolamientos y renovaciones del documento para internos que no cuentan con identificación vigente o necesitan actualizarla.
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Las jornadas buscan habilitar trámites y programas dentro y fuera de prisión
El Ministerio de Gobernación informó en un comunicado oficial que la iniciativa es impulsada por la Subdirección de Rehabilitación Social de la Dirección General del Sistema Penitenciario, con apoyo del Renap, en distintos centros de privación de libertad del país.
La cartera sostiene que el acercamiento de estos servicios fortalece la capacidad institucional y acompaña los procesos de rehabilitación.
Contar con un DPI vigente permite a la población penitenciaria acceder a gestiones administrativas y judiciales. También habilita su incorporación a procesos educativos, laborales y de atención integral durante el cumplimiento de la condena y en el retorno a la sociedad.
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Ese es el punto central de la medida: garantizar el derecho a la identidad de las personas privadas de libertad para que puedan ser incluidas en mecanismos formales del sistema penitenciario y en programas de reinserción social. La actualización documental también apunta a ordenar la información personal de la población recluida.
El Decreto 3-2025 incorpora un sistema biométrico para visitas de menores de edad
El vínculo con el Decreto 3-2025 aparece en las disposiciones que reforman la Ley del Régimen Penitenciario. El artículo 3 de esa norma añade el artículo 21 Ter al Decreto Número 33-2006 y ordena a la Dirección General del Sistema Penitenciario crear y reglamentar un Sistema Único de Registro y Control de Visita General de Niños, Niñas y Adolescentes.
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Ese sistema deberá operar con registro biométrico y uso de cámaras de vigilancia para controlar el ingreso y la salida de niñas, niños y adolescentes como visitantes en centros de detención. La norma también establece que el mecanismo debe revisarse y actualizarse de forma continua.
Según el texto del decreto, la implementación debe realizarse en coordinación con el Renap y la Procuraduría General de la Nación. También fija que los funcionarios y servidores públicos a cargo del sistema deberán contar con constancia vigente del Registro Nacional de Agresores Sexuales.
La ley dio un plazo máximo de 18 meses contados a partir de su entrada en vigencia para que la Dirección General del Sistema Penitenciario implemente y ponga en pleno funcionamiento ese registro único. El mismo artículo dispone que cualquier otro registro deberá ser absorbido por ese sistema y prohíbe el ingreso de niñas, niños y adolescentes a centros de detención mediante procedimientos distintos a los previstos en la ley.
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El Ministerio de Gobernación afirmó que, con estas acciones, reafirma su compromiso con el respeto de los derechos fundamentales y con iniciativas orientadas a una reinserción social efectiva, junto con el fortalecimiento de la legalidad y la inclusión dentro del sistema penitenciario.
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