Indagaron a Cecilia Nicolini, ex asesora de Alberto Fernández, en la causa por la compra de vacunas del Covid-19

La ex asesora presidencial durante el gobierno de Alberto Fernández Cecilia Nicolini fue indagada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la causa donde se investiga la compra de vacunas durante la pandemia del Covid-19.

Nicolini se presentó minutos antes de las 11 en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo. De la audiencia participó también la fiscalía de Carlos Stornelli, quien conduce la investigación.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, la ex asesora del presidente Alberto Fernández aceptó declarar, respondió preguntas de los investigadores y, a través de su defensa, presentó un descargo escrito en el que negó las acusaciones en su contra.

La ex funcionaria de Presidencia y actual diputada del Parlamento del Mercosur explicó cuál fue su rol en la gestión de la pandemia y qué participación tuvo en la toma de decisiones sobre qué laboratorios contratar para la provisión de vacunas.

Precisamente, lo que investiga el fiscal Stornelli es si el Poder Ejecutivo benefició a distintas compañías al retrasar intencionalmente las negociaciones con el laboratorio Pfizer.

En el dictamen donde pidió indagar a los imputados, la fiscalía sostuvo que Pfizer puso a disposición de la Argentina sus vacunas “en una instancia temprana”, y que los diálogos entre el Ejecutivo y la empresa comenzaron en julio de 2020, pero “desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido”.

“No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, ahondó el fiscal.

Y precisó: “Es decir que, si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación”, según consta en su dictamen.

En esta etapa de la causa ya fueron indagados la ex ministra de Salud de la Nación Carla Vizzoti; el infectólogo Pedro Cahn; y el ex subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud Mauricio Alberto Monsalvo, entre otros imputados. Aún restan por producirse otras declaraciones.

Antes de las indagatorias, el fiscal Stornelli y el juez Lijo impulsaron una serie de medidas que permitieron corroborar que habrían “existido serias irregularidades de relevancia penal en el marco de los procedimientos de contratación con los laboratorios oferentes de vacunas contra el COVID-19”, según el dictamen fiscal.

“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, dictaminó la acusación.

Para Stornelli, los imputados habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.