La Sala II de la Cámara Federal ordenó reabrir el proceso de cooperación judicial solicitado por Bolivia en relación a la causa contra el ex presidente Juan Evo Morales Ayma, Idelsa Pozo Saavedra y su esposo Emeterio Vargas Mamani por el delito de trata de personas agravado.
La Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, había requerido información sobre Idelsa Pozo Saavedra y su hija, señalada como presunta víctima. Es por el juicio en el que tanto Morales como Pozo Saavedra fueron declarados en rebeldía ante las reiteradas ausencias.
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En este contexto, la resolución de la Cámara porteña dispuso que intervenga la Comisión Nacional para los Refugiados (CoNaRe) con el propósito de que informe si corresponde aplicar el artículo 48 de la ley 26.165, que obliga a mantener la reserva de las personas que reciben amparo en nuestro país.
Los tribunales bolivianos pidieron datos sobre la situación migratoria de las personas buscadas, sus antecedentes de ingreso al país, la documentación vinculada con eventuales trámites de asilo o refugio político y los certificados de movimientos migratorios desde el 1° de enero de 2016 hasta la actualidad.
El juez de primera instancia, Sebastián Casanello, rechazó el exhorto porque entendió que regía la protección de confidencialidad que reciben los asilados.
No obstante, el Ministerio Público Fiscal consideró prematuro el cierre de la causa y apeló ante la Cámara Federal ponderando la necesidad de compatibilizar los deberes de asistencia internacional mutua, asumidos por los acuerdos del Estado argentino.
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El fallo
La Cámara Federal resolvió que, antes de dar por terminada la investigación requerida por la justicia de Bolivia, se debía exigir la intervención de la autoridad especializada en asilo de personas.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que la clausura del trámite había sido prematura porque no se constató si las personas requeridas tenían efectivamente condición de refugiadas o asiladas en la Argentina.
También advirtieron que no se había pedido la opinión de la CoNaRe, que es la institución que se ocupa de los casos alcanzados por esa protección.
Por su parte, el camarista Roberto Boico remarcó que la sola mención del país requirente sobre un “posible” estatus de refugiado no bastaba para bloquear la cooperación judicial, por lo que consideró que no era válido invocar la confidencialidad que aún no había sido comprobada.
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La causa contra Evo Morales en Bolivia
La investigación por trata de personas agravada contra el ex presidente boliviano Juan Evo Morales Ayma se encuentra en fase de juicio oral en Tarija.
La hipótesis del caso apunta a la supuesta relación entre Morales y la hija de Idelsa Pozo Saavedra, que en el momento de los hechos tenía 15 años. El vínculo habría comenzado en el 2015 y en el 2016 la menor habría tenido una hija.
De acuerdo a la imputación de la Fiscalía de Tarija, los padres habrían permitido la explotación sexual de su hija, a cambio de favores estatales y beneficios políticos.
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Para la defensa, el ex presidente es víctima de una persecución política en medio de un proceso ilegal. A pesar de los reiterados llamados, Evo Morales nunca se presentó en el juicio por lo que fue declarado en rebeldía, le dictaron una orden de captura y establecieron restricciones patrimoniales y migratorias.
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