La ex ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se negó a declarar este martes en la causa por presuntas irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia de COVID-19. En su defensa, presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli.
Vizzotti, ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, es una de las imputadas en el caso. La investigación apunta a esclarecer si la compra y la provisión de vacunas se basaron en criterios epidemiológicos y científicos o si, por el contrario, existieron motivaciones económicas para favorecer a grandes laboratorios -AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik- y empresas locales.
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La ex ministra -antes secretaria de Acceso a la Salud- se presentó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py y se retiró del Juzgado Federal N° 4 luego de 45 minutos. En el escrito de un centenar de páginas que presentó, Vizzotti negó todas las acusaciones en su contra, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que, a pesar de que las negociaciones con el laboratorio Pfizer comenzaron tempranamente —los intercambios entre el Estado Nacional y la empresa habrían comenzado en julio de 2020—, “desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido”.
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“No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, reconstruyó Stornelli.
“Si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación”, estableció el fiscal a la hora de construir su acusación.
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Según Stornelli, esa demora en las gestiones fue intencional para favorecer a los competidores de Pfizer, así como a los “socios locales” que hicieron en el país “estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”.
Vizzotti, puntualmente, habría incurrido en “un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”. Durante su gestión había recibido cuestionamientos por las demoras en la adquisición de vacunas de eficacia probada a nivel global.
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A principios de junio también fue indagado el infectólogo Pedro Cahn, exasesor del entonces presidente Alberto Fernández.
El director científico de la fundación “Huésped” negó haber intervenido de cualquier forma en la decisión de qué vacunas comprar o a qué laboratorios debería contratar el Ejecutivo.
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Además, Cahn aseguró que el comité de expertos médicos y científicos que integró no hizo ninguna recomendación a Alberto Fernández en esta materia.
La ronda de indagatorias continuará con la citación de más funcionarios: el entonces subsecretario de Gestión Administrativa Mauricio Alberto Monsalvo; el exdirector nacional de Enfermedades Transmisibles Juan Manuel Castelli; la ex subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica Sonia Gabriela Tarragona y la exasesora y funcionaria de Presidencia de la Nación Cecilia Nicolini.
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