La Justicia dictó la falta de mérito para tres exdirectivos de la AFA en la causa por evasión de impuestos

El Juzgado en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante, dictó la falta de mérito para tres exdirectivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, exsecretarios generales, y Gustavo Lorenzo, exdirector general de la institución. La decisión se tomó en el marco de la causa por retención indebida de aportes, en la que el presidente Claudio “Chiqui” Tapia está procesado.

La falta de mérito implica que no se encontraron pruebas suficientes para avanzar con la acusación. Sin embargo, los dirigentes no están del todo afuera del expediente. Para eso el juez debería dictar sus sobreseimientos.

La decisión judicial se conoció luego de que la Cámara de Apelaciones revocara los procesamientos que pesaban sobre Blanco, Malaspina y Lorenzo.

Al analizar las pruebas, el tribunal de alzada determinó que los elementos reunidos hasta el momento resultaban insuficientes para demostrar una participación activa de los directivos en las maniobras de retención indebida de aportes previsionales e impositivos, calculadas en 19.000 millones de pesos.

En la línea con lo dictado por la Cámara, el juez Amarante fundamentó la falta de mérito al constatar que las tareas de administración financiera y tributaria de la AFA no correspondían a las funciones de la Secretaría General ni de la Dirección General.

Según el estatuto de la entidad, la conducción económica recae sobre otras áreas de la estructura ejecutiva. Además, las declaraciones testimoniales de las encargadas del sector de Administración y Control respaldaron los descargos de los imputados, al señalar que ninguno de los tres tenía relación con el manejo diario de los vencimientos impositivos ni con las decisiones de pago.

Con respecto a Lorenzo, la resolución aclaró que su rol como firmante autorizado en las cuentas bancarias de la institución constituía una tarea meramente operativa y de control formal.

Los jueces de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, explicaron que las transacciones requerían la combinación de varias firmas sobre un grupo amplio de personas autorizadas, por lo que el exdirector general carecía de la capacidad de disponer de los fondos de manera autónoma o de contradecir las directivas del área de tesorería. Asimismo, su intervención en algunos pagos electrónicos tardíos ocurrió con posterioridad a que se consumaran los hechos investigados, lo que impide ligarlo a la planificación de las omisiones de pago.

A partir de este nuevo escenario procesal, la Justicia ordenó el levantamiento inmediato de los embargos que se habían trabado sobre los bienes de Blanco Rodríguez, Malaspina y Lorenzo, los cuales ascendían a 150 millones de pesos para los dos primeros y a 350 millones de pesos para el tercero. Del mismo modo, quedaron sin efecto las reglas de conducta que se les habían impuesto con anterioridad para mantener su libertad.

Esta resolución modifica el panorama de una causa que mantiene con procesamiento firme al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino. Ambos directivos continúan procesados por no haber depositado en término los montos retenidos en concepto de Ganancias, IVA y aportes a la Seguridad Social durante los períodos de 2024 y 2025, a pesar de que la entidad contaba con fondos suficientes en plazos fijos para afrontar dichas obligaciones.

La acusación sostiene que la AFA poseía plazos fijos que renovó sucesivamente en lugar de destinar ese dinero a saldar las deudas fiscales pendientes. Estas colocaciones financieras superaban con holgura las sumas evadidas, las cuales se pagaron de forma tardía una vez vencidos los plazos legales. La denuncia original, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), remarcó que la entidad actuó como agente de retención de recursos que no le pertenecían y omitió los depósitos a pesar de su solvencia económica.

La investigación penal continuará abierta y se profundizará con nuevas medidas de prueba para esclarecer cómo se tomaban las decisiones ejecutivas dentro del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la AFA.

En paralelo, la Justicia sumó una nueva línea de pesquisa vinculada al presunto uso de facturas apócrifas para encubrir a los destinatarios reales de fondos bajo el concepto de salidas no documentadas. Esta presunta maniobra, que abarca los ejercicios fiscales de 2024 y 2025, involucra una cifra superior a los 289 millones de pesos. La denuncia de ARCA describió la utilización de proveedores inexistentes, sociedades vinculadas entre sí, domicilios falsos y cheques con múltiples endosos para justificar operaciones comerciales dudosas.