La violencia psicológica continúa ganando terreno entre las denuncias que recibe el Ministerio Público en Panamá. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 2,176 denuncias criminales por este delito, un incremento de 56% respecto al mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 1,394 casos.
La cifra representa casi la mitad de las 4,722 investigaciones iniciadas por delitos de lesiones personales en el país durante los primeros cinco meses del año, convirtiéndose en la modalidad más frecuente dentro de esta categoría.
Solo durante mayo se presentaron 632 denuncias, el registro mensual más alto del año y un aumento significativo frente a las 445 reportadas en abril, lo que confirma una tendencia ascendente en este tipo de casos.
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La violencia psicológica, tipificada en el artículo 138-A del Código Penal, comprende conductas dirigidas a controlar, intimidar o afectar emocionalmente a una persona mediante amenazas, humillaciones, chantajes, persecución, aislamiento, manipulación, control de sus decisiones o cualquier otra acción que menoscabe su estabilidad emocional.
A diferencia de la violencia física, este delito no requiere la existencia de lesiones visibles, sino que se centra en el daño provocado sobre la salud mental y emocional de la víctima.
Las provincias con mayor cantidad de investigaciones por este delito son Panamá, con 849 casos, seguida por Panamá Oeste (442), Chiriquí (199), Veraguas (139) y San Miguelito (128). En conjunto concentran más de las tres cuartas partes de las denuncias registradas en el país.
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En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación informó que tres hombres permanecerán en detención provisional por hechos distintos relacionados con presunta violencia psicológica ocurridos en el distrito de San Miguelito.
Uno de los casos corresponde a una audiencia de apelación en la que el Ministerio Público logró mantener la medida cautelar de detención provisional contra un imputado que había solicitado sustituirla por una menos severa.
La Fiscalía argumentó que persistían riesgos procesales y el peligro para la víctima, a quien presuntamente amenazó de muerte y agredió con un arma de fuego en hechos ocurridos en julio de 2025 en Don Bosco, Veranillo.
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En otro proceso, un hombre fue enviado a detención provisional por supuestamente amenazar de muerte a una mujer el 30 de mayo de este año y regresar al día siguiente para agredirla físicamente. La captura se produjo durante un allanamiento realizado por las autoridades.
El tercer imputado fue detenido por hechos ocurridos el 8 de mayo en el sector El Papa, en Pan de Azúcar, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, donde presuntamente agredió física y verbalmente a la víctima. También fue aprehendido mediante diligencia de allanamiento.
El incremento de las denuncias coincide con un endurecimiento de la legislación panameña. En abril de este año, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 517 de 2026, que reformó el artículo 138-A del Código Penal para ampliar la protección a todas las víctimas, independientemente de su sexo o edad, y aumentar las sanciones contra quienes cometan este delito.
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Con la reforma, la violencia psicológica pasó a castigarse con penas de cinco a ocho años de prisión. Además, cuando una evaluación pericial determine que la víctima sufrió un daño psíquico comprobable, la pena podrá incrementarse entre un tercio y la mitad del máximo legal, pudiendo superar los 12 años de prisión.
La legislación también amplió las conductas sancionables, incluyendo amenazas, intimidación, persecución, chantaje, humillaciones, aislamiento, exigencias de obediencia o sumisión, manipulación emocional y cualquier comportamiento semejante que afecte la salud mental de la víctima.
Aunque el aumento de las denuncias no implica necesariamente que existan más casos de violencia psicológica, sí refleja una mayor visibilización del problema y un fortalecimiento de la respuesta institucional frente a un delito que históricamente permaneció subregistrado.
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Con la entrada en vigor de la Ley 517 y el incremento de las investigaciones, el Ministerio Público prevé reforzar la persecución penal de conductas que, aunque no dejan huellas físicas, pueden provocar profundas secuelas emocionales y psicológicas en las víctimas.
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