El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan entra en su tramo final en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. Las partes exponen sus alegatos tras meses de audiencias. La causa busca esclarecer las responsabilidades penales tras la pérdida de la nave y la muerte de 44 tripulantes. La fiscalía y las querellas formularon pedidos de pena, mientras familiares de las víctimas reclaman justicia y cuestionan el accionar de las autoridades.
Las audiencias del juicio se desarrollaron durante varios meses. Más de treinta sesiones permitieron a la fiscalía y a las querellas presentar sus conclusiones sobre el hundimiento ocurrido hace ocho años y medio. El proceso alcanzó su etapa de alegatos, donde los representantes de las partes debaten el grado de responsabilidad que corresponde a los acusados por la tragedia.
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Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, encabezó los reclamos por una condena ejemplar. En diálogo con Infobae Al Amanecer sostuvo que el submarino “no estaba en las condiciones exigidas” para una misión compleja en el Atlántico Sur.
Tagliapietra señaló: “Pudimos probar la negligencia y la desidia de estas personas que pusieron a nuestros seres queridos en esa situación de peligro aumentado”.
El proceso judicial y el rol de las partes
El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos es el escenario donde se discuten las responsabilidades penales por el hundimiento del ARA San Juan. La fiscalía y las querellas presentaron sus alegatos luego de meses de debate. Tagliapietra remarcó que el juicio atraviesa una instancia clave al acercarse la definición de las penas para los acusados.
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El padre de uno de los tripulantes manifestó que aún existen muchas pruebas pendientes. “Llegamos a esta instancia donde se pudo probar que el submarino no tenía el mantenimiento que el fabricante exigía”, afirmó. Explicó que la nave carecía de defensas y no reunía las condiciones necesarias para operar en aguas del Atlántico Sur.
Según Tagliapietra, la investigación demostró “la negligencia y desidia” de quienes pusieron a la tripulación en riesgo. Sin embargo, aclaró que todavía no se logró determinar la causa exacta del hundimiento por falta de pericias técnicas adecuadas. “Todavía no sabemos realmente por qué se hundió”, sostuvo.
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Pedidos de pena y marco legal
La fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para los acusados, aplicando el artículo sobre “estrago culposo” del Código Penal argentino. Tagliapietra explicó que, desde la querella, pidió ocho años de prisión para dos de los acusados y siete para otros dos. Argumentó que las reglas legales actuales limitan el máximo de condena, aunque la tragedia causó cuarenta y cuatro muertes.
“La orfandad probatoria derivó en que se les aplique un artículo del código penal que es el del estrago culposo”, detalló Tagliapietra. Criticó que la norma impone el mismo techo de pena, sin importar si fallece una o cuarenta y cuatro personas. “El artículo del código no contempla esa posibilidad y pone ese techo”, agregó.
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Además, Tagliapietra sostuvo que aplicó las reglas de concurso real para pedir penas más altas, al considerar probado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona en algunos casos. La fiscalía, en cambio, optó por pedidos de prisión de cinco, cuatro y tres años.
Críticas a la investigación y a la actuación judicial
Tagliapietra cuestionó la actuación de la jueza instructora del caso, señalando falencias en la investigación. Indicó que no se realizó una labor pericial adecuada, a pesar de la complejidad que implica un siniestro a gran profundidad. “Ni siquiera la jueza conformó un equipo de peritos para que la asesore”, afirmó.
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El padre denunció que impulsó la colaboración de instituciones extranjeras con experiencia en accidentes marítimos y buscó asesoramiento técnico, pero la jueza no avanzó en esa dirección.
“Le pusimos todo ahí para que los invite y para que trabaje con un montón de documentación”, relató Tagliapietra. Sin embargo, remarcó que las recomendaciones no prosperaron y que la magistrada “fue claramente protegida por el poder político”.
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La crítica a la instrucción recae en la falta de pericias técnicas y en la ausencia de un equipo multidisciplinario que pudiera analizar en profundidad las causas del hundimiento. Tagliapietra señaló que esto impidió conocer la verdad completa sobre lo ocurrido con el submarino y obtener una respuesta judicial acorde a la magnitud del hecho.
Reclamos por justicia y perspectiva de los familiares
Tagliapietra remarcó que la lucha de los familiares continúa después de ocho años y medio de búsqueda de justicia. Expresó que el proceso judicial, si bien avanzó hasta la etapa de alegatos, aún deja muchas cuestiones sin resolver. “Fue un largo peregrinar y te adelanto que todavía nos falta muchísimo por delante”, aseguró.
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El reclamo principal apunta a que las condiciones del submarino y la falta de mantenimiento pusieron en peligro a la tripulación. Tagliapietra manifestó que la investigación no avanzó todo lo necesario. Planteó que la falta de respuestas adecuadas tras la tragedia refleja una mala labor judicial y la falta de decisión política para esclarecer el caso.
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan entra en su etapa final, pero las preguntas sobre lo ocurrido y las demandas de los familiares persisten. La resolución del tribunal determinará las responsabilidades penales, aunque los límites legales y las críticas al proceso mantienen abierto el debate sobre la búsqueda de justicia para las cuarenta y cuatro víctimas.
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