ARA San Juan: Tagliapietra formuló el pedido de pena más alto y sostuvo que el submarino no debía cumplir esa misión

La jornada dedicada a las querellas en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan concluyó este martes con el alegato de Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos y representante de otra decena de familiares de la dotación. A diferencia de la querella unificada integrada por Valeria Carreras y Lorena Arias, el abogado centró buena parte de su exposición en una idea que viene sosteniendo desde hace más de 8 años: que todavía faltan medidas de prueba para reconstruir con precisión qué ocurrió durante las últimas horas de navegación del submarino.

Al mismo tiempo, atribuyó responsabilidades a los cuatro acusados por considerar que incrementaron indebidamente los riesgos de la operación y formuló el pedido de condena más severo escuchado en el debate oral. En ese marco, solicitó penas de cárcel de efectivo cumplimiento para todos los imputados: el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío (RE) Héctor Alonso; el ex capitán de navío Claudio Villamide y el capitán de fragata Hugo Correa (RE), con costas.

El juicio se desarrolla desde el 3 de marzo pasado en la ciudad de Río Gallegos y contó con el testimonio de más de 90 testigos, en su mayoría submarinistas, oficiales navales y especialistas convocados para declarar sobre el estado del buque, las decisiones adoptadas por la cadena de mando y las circunstancias que rodearon la última misión de la unidad. Los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini deberán determinar si los cuatro imputados incumplieron los deberes inherentes a sus cargos y si dichas conductas propiciaron el fatal desenlace.

La cuestión central que atraviesa el debate desde su inicio continúa siendo la misma: determinar si el submarino estaba en condiciones adecuadas para cumplir la misión que le fue encomendada o si las novedades pendientes y limitaciones registradas en su historial comprometían su seguridad. Mientras las acusaciones sostienen que la unidad fue enviada a navegar en condiciones que incrementaron indebidamente los riesgos de la operación, las defensas vienen señalando que la mayoría de los testigos declaró que el submarino era apto para cumplir la Orden de Operaciones COFS 4/17 y que las observaciones existentes no afectaban su seguridad náutica.

Las pericias pendientes y la búsqueda de la verdad

En ese contexto, uno de los primeros ejes del alegato de Tagliapietra estuvo dirigido contra la instrucción penal realizada tras la desaparición del submarino. Según planteó, la investigación encabezada por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Isabel Yáñez, reunió una enorme cantidad de documentación, pero dejó sin producir medidas que consideró esenciales para arribar a una reconstrucción completa de los hechos.

“La instrucción fue limitada y por lo menos incompleta. Este juicio no era para arribar a la verdad, pero algunas verdades pudimos develar”, sostuvo.

Entre esos déficits mencionó la ausencia de un equipo pericial interdisciplinario que analizara de manera integral la documentación técnica del submarino, los trabajos de media vida, las imágenes obtenidas tras el hallazgo de los restos y la información hidroacústica disponible. Recordó que la querella reclamó esa medida desde 2018 y volvió a insistir después de la localización del buque en el fondo del Atlántico Sur.

“Por mediados de 2018 esta querella propuso conformar un equipo pericial. Ya entendíamos en aquel momento, relativamente temprano, que había muchas cuestiones que investigar con los trabajos de media vida. Algo que en el debate quedó a la luz”, recordó.

Según explicó, luego del hallazgo de los restos volvieron a formular una presentación extensa para impulsar ese trabajo y propusieron convocar organismos especializados de Alemania, Francia y Estados Unidos con experiencia en la investigación de accidentes e incidentes marítimos complejos. A su entender, existían protocolos disponibles y antecedentes suficientes para avanzar en esa dirección.

“De hecho, la defensa de López Mazzeo aportó el manual de la autoridad marítima internacional para realizar las tareas de investigación de esa área: nadie tenía que inventar absolutamente nada, había que hacerlo”, afirmó.

Para Tagliapietra, la falta de esas pericias privó a la causa de herramientas que podrían haber permitido profundizar la reconstrucción de los hechos. También cuestionó que nunca se hubieran realizado estudios específicos sobre la información hidroacústica aportada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), cuyos sensores detectaron la anomalía posteriormente asociada a la implosión del casco resistente.

Esa crítica se vinculó con una diferencia que expuso de manera explícita respecto de la postura sostenida por la querella de Carreras y Arias -integrada también por el abogado Fernando Burlando- durante la jornada anterior. Mientras la querella unificada puso el foco en las responsabilidades que considera acreditadas, Tagliapietra insistió en que todavía es necesario conocer qué ocurrió exactamente durante las últimas horas de navegación.

“Más allá de que no estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Carreras de que no importa probar o saber lo que pasó -para realizar la acusación penal-, a mí sí me importa. Esto lo he dicho: es lo que le prometí a mi hijo, regalarle la verdad”.

Durante el juicio oral, en rigor, se escucharon distintas hipótesis sobre lo sucedido entre la última comunicación emitida por el submarino a las 7:19 del 15 de noviembre de 2017 y la anomalía hidroacústica registrada a las 10:51. Algunas fueron desarrolladas por integrantes de la comisión asesora creada por el Ministerio de Defensa; otras surgieron de informes técnicos posteriores. Sin embargo, ninguna logró imponerse de manera concluyente.

“Necesitamos saber lo que pasó”, expresó Tagliapietra sentado en el medio de la sala de audiencias, con la venia del tribunal y con una bandera con la cara de los 44 tripulantes del submarino.

Más tarde agregó una reflexión que atravesó buena parte de su exposición.

“A mí no me llena, no me cambia absolutamente nada si son condenados o si son absueltos. Me hubiera gustado de verdad que -los imputados- me digan todo lo que saben y me digan toda la verdad. Capaz que algún día. Yo los invito. Como en su momento también invité al expresidente Macri a que me conteste por qué nos espiaron y nos persiguieron como nos persiguieron. Tampoco me lo contestó. No me cambia. Yo quiero la verdad”.

Luego completó: “Yo no sé si todo esto tiene relación con el hundimiento o no porque faltan las pericias técnicas. Pero sí tiene relación con la elevación ilegal del riesgo y la obligación al deber de cuidado de un superior sobre quienes tienen que rendir cuenta ante ellos”.

La misión, el estado del submarino y las responsabilidades

A medida que avanzó su alegato, Tagliapietra fue dejando de lado las críticas a la investigación para concentrarse en aquello que, a su entender, sí quedó acreditado durante el debate oral: que el ARA San Juan fue enviado a cumplir una misión para la que no estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias.

“El ARA San Juan -dijo- no tenía que estar realizando esa misión en ese momento, en ese lugar, porque no estaban dadas las condiciones de seguridad mínimas para tal tarea”.

Bajo esa lógica, cuestionó especialmente la planificación de la operación encomendada al submarino. A su juicio, la Orden de Operaciones COFS 4/17, firmada por Héctor Alonso como jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y en ausencia del comandante de ese componente naval, Claudio Villamide, no implicaba una simple navegación de rutina ni una tarea limitada de observación de embarcaciones pesqueras en la milla 200, sino una tarea de mayor complejidad que exigía un nivel de apoyo que nunca fue previsto.

“Nadie le brindó ayuda, esa es la realidad”, aseveró el abogado.

Según explicó, esa colaboración debía formar parte del diseño mismo de la operación y no ser pensada como una respuesta ante una eventual emergencia, en tanto “esta colaboración tenía que ser previa, porque el plan de operaciones no significaba sacarle dos fotitos a los pesqueros o buques de la milla 200; era mucho más compleja”.

A partir de allí desarrolló una de las ideas centrales de su acusación: que el submarino fue enviado a operar en soledad cuando las características concretas de la misión imponían la necesidad de contar con apoyo adicional.

“Sí o sí requería un buque de apoyo, para que fuera efectiva esa tarea, independientemente de minimizar el riesgo que podía tener un submarino que no podía defenderse: no sólo de un ataque de tipo militar, sino incluso de un intento de ser embestido”.

Esa posición no fue compartida por buena parte de los submarinistas que declararon durante el juicio. A lo largo del debate, algunos testigos explicaron que los submarinos clase TR-1700 -como el caso del San Juan- fueron concebidos para operar de manera autónoma y que, de hecho, estaban diseñados para trabajar aisladamente. Sin embargo, Tagliapietra insistió en que la discusión debía analizarse a la luz de las condiciones concretas en las que se desarrolló la misión y del estado en que se encontraba la unidad.

En ese punto apareció otra de las grandes controversias del proceso: la verdadera condición operativa del buque al momento de zarpar desde la Base Naval de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017. Mientras las defensas sostienen que la mayoría de los especialistas coincidió en que la unidad estaba en condiciones de navegar de forma segura, el querellante consideró que la prueba producida durante el debate mostró una realidad distinta.

Para Tagliapietra, el problema no radica en afirmar que el ARA San Juan era incapaz de navegar. De hecho, reconoció expresamente que el submarino podía hacerse a la mar y desarrollar determinadas actividades. Lo que cuestionó fue que esas capacidades resultaran suficientes para afrontar una operación de las características de la que finalmente le fue asignada.

“¿Podía navegar? Sí. ¿Podía operar? Sí. Podía operar, bajo limitaciones”, planteó.

A partir de allí vinculó el estado material de la unidad con una práctica que, según describió, terminó naturalizándose durante años dentro de la estructura naval.

“Las cuestiones de fondo siempre fueron relegadas por cuestiones institucionales, presupuestarias y desidia; y creo que es más por esto último. Desidia vinculada a una naturalización: una lamentable naturalización de los problemas”, expresó.

Y añadió: “Como decimos en el barrio: hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Eso puede servir para esta lógica argentina de que lo atamos con alambre, pero en una institución como la Armada no puede pasar”.

Ese razonamiento lo llevó directamente a los cuatro acusados. Según sostuvo, las limitaciones que presentaba el submarino eran conocidas por quienes ocupaban posiciones de mando dentro de la Marina. Sin embargo, lejos de construir una acusación basada en la mala fe o en una supuesta intención de causar daño, insistió en que siempre creyó que quienes tomaron las decisiones estaban convencidos de que la unidad podía seguir operando.

“Conocían los problemas, no es que no los conocían. Y yo les creo que a pesar de todos esos problemas ellos creían que se podía navegar y operar: les creo de verdad. Pero no alcanza”, destacó Tagliapietra mirando a los cuatro acusados.

La frase sintetizó buena parte de su teoría del caso. Según explicó, la tragedia fue consecuencia de una serie de decisiones adoptadas dentro de una estructura que terminó naturalizando riesgos que no debían ser aceptados. A su entender, la convicción subjetiva de que el submarino podía navegar no elimina las responsabilidades derivadas de haber permitido que realizara una misión para la cual no reunía las condiciones de seguridad necesarias.

Esa misma lógica apareció cuando abordó uno de los temas más discutidos durante el juicio: el sistema utilizado por la Armada para evaluar el estado operativo de sus unidades. En particular, cuestionó el valor del ICEM (Informe de Calificación para el Estado de Material), documento interno mediante el cual la fuerza determina el grado de operatividad de sus buques.

“Está harto probado -comentó el querellante- que al momento del submarino zarpara aquel 25 de octubre no estaba en las condiciones de navegabilidad que cualquier institución certificante exigiría. Acá tenemos el problema de que se autocertifican las condiciones de navegabilidad y operatividad: usan instrumentos precarios como el famoso ICEM. La Armada Argentina se autocertifica el estado de navegabilidad a través de su comandante”.

El ICEM es uno de los puntos que genera controversias. Durante el juicio oral, varios submarinistas declararon que este índice forma parte de los procedimientos habituales de la fuerza y que fue el propio comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, quien calificó a la unidad bajo su cargo como “operativo” antes de zarpar en octubre. Los acusadores plantean, por su parte, que es un instrumento “subjetivo” y que no alcanza para consolidar una idea real del estado del buque.

Para Tagliapietra, por otro lado, las responsabilidades penales que atribuye a los ex altos mandos de la Armada no dependen necesariamente de probar qué provocó la implosión del casco resistente, sino de determinar si la cadena jerárquica incrementó indebidamente los riesgos asumidos por la tripulación al momento de hacerse a la mar.

“Esto fue un estrago. Fue un estrago. Que fue culposo, fue culposo. No dudo para nada de la hombría de bien de los imputados, de verdad. Pero sí me hubiera gustado una mayor sinceridad y honestidad. Y sí les pedí muchas veces que me digan la verdad, pero todavía no la tengo”, matizó después el querellante.

Luego precisó: “No hay dudas de que al menos fue un estrago, y al menos los imputados fueron negligentes. Que hubo un aumento del riesgo de manera ilegal. Que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

A medida que avanzaba la audiencia y caía la tarde, quedó claro que Tagliapietra intentaba separar dos planos que para él no necesariamente se superponen: las responsabilidades penales que considera acreditadas y la valoración personal que conserva sobre quienes hoy ocupan el banquillo de los acusados.

“La realidad es que muy a pesar mío, lo digo sin ponerme colorado, detesto realmente pedir condena para los imputados. Va en contra de mis creencias y de mis sentimientos”, explicó.

Recordó también que dedicó su tesis doctoral al estudio de la justicia restaurativa y sostuvo que siempre creyó que los conflictos humanos deben resolverse, en la medida de lo posible, a través de mecanismos orientados a reparar el daño causado antes que a profundizar la lógica estrictamente punitiva.

“Yo hice mi tesis doctoral en justicia restaurativa porque siempre entendí que tenemos que darnos la posibilidad de reparar lo que nos hace daño. Lo que de algún modo nos ha roto como sociedad y como relaciones”, comentó, tras resaltar que creía “en la hombría de bien” de los cuatro acusados.

Sin embargo, aclaró que esa convicción personal no eliminaba las obligaciones que había asumido como abogado de la decena de familiares de tripulantes que representa, en tanto “me debo a la prueba y a mis representados”.

Esta reflexión funcionó quizás como una introducción a uno de los pasajes más personales de toda la audiencia. Porque, a diferencia de otros querellantes, Tagliapietra evitó describir a los imputados como personas indiferentes frente a la suerte de la tripulación o como funcionarios que actuaron deliberadamente al margen de sus obligaciones.

“A mí no me representa nada una sentencia, y no dudo de la hombría de bien de los acusados. Sé que se equivocaron y sus errores habrán sido producto de sus experiencias personales, de su vida, de lo que significó su carrera, del contexto de la organización de la Armada Argentina y tantas otras cosas que tal vez no conozco”, dijo, y añadió: “Tampoco necesito que nadie me pida perdón por nada porque nadie nos va a devolver a nuestros hijos”.

Más adelante, y como al pasar, volvió sobre una cuestión que, según explicó, todavía le generaba dificultades para comprender del todo, ya que “si esto fue un accidente y la culpa es solamente del capitán Fernández, no le encuentro sentido absolutamente a nada”.

En el tramo final de la audiencia, el alegato abandonó por momentos las discusiones jurídicas y técnicas para centrarse en las personas que viajaban a bordo del submarino. Ahí apareció la figura de su hijo Alejandro, alumno submarinista del ARA San Juan, cuya muerte lo llevó a convertirse primero en querellante y luego en una de las voces más activas entre los familiares de la tripulación.

Tagliapietra recordó que su hijo había elegido la carrera naval por vocación y que mantenía un vínculo profundamente afectivo con la institución. Contó que antes de la navegación de julio de 2017 le hablaba de sus proyectos dentro de la Armada y de su deseo de crecer profesionalmente hasta alcanzar los rangos más altos de la fuerza.

“Él sentía un amor y un entusiasmo por la Armada, por lo que hacía, que me llena de orgullo porque dio su vida haciendo lo que amaba”, recordó.

Según relató, el teniente esperaba obtener formalmente la aptitud de submarinista durante aquella última navegación de octubre-noviembre y atravesaba uno de los momentos más importantes de su formación profesional.

Poco después se quebró: “Eran chicos buenos, con proyectos de vida, con sueños, con mucha gente que los amaba, que los extraña y que todavía hoy los espera”.

A partir de allí, el abogado regresó al terreno estrictamente judicial. Reiteró que, a su criterio, los hechos encuadran conductas delictivas y que la prueba producida durante el debate permitía determinar que los acusados incrementaron de manera ilegal los riesgos a los que fue sometida la tripulación. Sobre esa base, solicitó siete años de prisión para López Mazzeo y Alonso y ocho años para Villamide y Correa, las penas más elevadas requeridas hasta en el juicio.

Antes de concluir, pidió al tribunal oral “una sentencia justa” y reclamó que el futuro fallo no se limite a resolver las responsabilidades penales de los acusados, sino que también refleje aquellas cuestiones que, a su entender, permanecen abiertas desde noviembre de 2017.

“Nada de lo que surja de esta sentencia, que no dudo que será ajustada a derecho y a la prueba, nos va a devolver nada de todo eso. Nada”, reflexionó con tristeza al cierre de su exposición.

Tagliapietra dejó expresamente planteada la reserva para promover futuras acciones de reparación económica integral en representación de los familiares que patrocina, porque “han sufrido innumerables daños, reales, concretos, materiales y económicos, psicológicos y hasta psiquiátricos”.

La nulidad de los pedidos de pena

Hacia el final de la jornada, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, anunció que los jueces pasarían a deliberar porque se había suscitado un incidente respecto a los pedidos de pena formulados por los querellantes. Tras un cuarto intermedio de breves minutos, advirtió que las solicitudes de ambas acusaciones particulares se habían apartado del pedido de pena de la fiscalía, algo que no tenían admitido hacer.

La limitación obedeció a que ninguna de las dos querellas había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio al concluir la instrucción, circunstancia que, conforme al Código Procesal Penal, les impedía formular un pedido de pena durante los alegatos.

El juez les avisó a las defensas que solo tendrán que contestar por las solicitudes de pena realizadas este lunes por el fiscal.