El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial amplió la acusación contra el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados por presunta evasión agravada e impulsó una investigación por uso de facturas falsas en base a una denuncia de ARCA. El organismo pidió determinar además si existió una “asociación ilícita fiscal”.
En la denuncia que está a cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante, la jefa de la Sección Penal de la División Jurídica Dirección Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal, sostuvo que los responsables de la Asociación del Fútbol Argentino habrían utilizado facturación apócrifa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero correspondiente al impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por la suma que asciende a un total de $289.336.519,66.
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Proveedores en la mira
Se aseguró que la AFA utilizó proveedores presuntamente falsos entre 2024 y 2025. El monto investigado asciende a $289.336.519,66, aunque la determinación de oficio fijó una base imponible total de $916.527.614,05 y un ajuste a favor del fisco de $320.784.664,61, más intereses y multas.
Navas Rial recordó en su dictamen al que tuvo acceso Infobae que ARCA argumentó que la nueva denuncia más los cargos por los que ya están procesados los dirigentes futbolísticos por retención indebida de aportes impositivos y a la seguridad social serían suficientes para investigar un nuevo delito, la presunta existencia de una “asociación ilícita fiscal”.
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La fiscalía pidió medidas de prueba y concluyó que en la denuncia se alude a 24 proveedores, cuyas operaciones y pagos fueron cuestionados. “Las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero, cuyo respaldo documental es inconsistente”, evaluó.
La acusación
En la denuncia se mencionaron una serie de irregularidades detectadas por la fiscalización: proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.
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Como ejemplo, en el dictamen se mencionó a Central Hotel S.R.L., que facturó $9,6 millones por “obras realizadas en el predio Ezeiza” pese a estar inscripta en actividades hoteleras. También a Capadoccia S.R.L., que habría emitido facturas por más de $56 millones sin poder justificar capacidad operativa, y a Prussian Blue S.R.L., vinculada a supuestos servicios digitales pese a que sus integrantes, según la denuncia, realizaban trabajos ocasionales y carecían de conocimientos técnicos.
El fiscal sostuvo que existen elementos suficientes para investigar si se cometió el delito de evasión agravada previsto en el Régimen Penal Tributario, por supuesta utilización de facturas falsas. Además, señaló que “las maniobras habrían sido reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo”.
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La presentación apunta a las autoridades de la AFA: Tapia, Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, a quienes ARCA pidió investigar por su rol en la administración y también a la entidad rectora del fútbol argentino como persona jurídica.
En su requerimiento, Navas Rial solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas la remisión completa de los legajos de proveedores cuestionados y la documentación bancaria vinculada a los cheques utilizados en las operaciones bajo sospecha.
En la investigación el juez Amarante ya procesó a los cinco dirigentes y ahora esa decisión está a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Además Tapia fue autorizado a viajar al Mundial por el magistrado, ya que tiene prohibición de salida del país y debe pedir permiso ante cada ida al exterior.
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