Juicio por el ARA San Juan: el tribunal rechazó una pericia sobre las imágenes del fondo marino

En el marco del juicio que se desarrolla en Río Gallegos por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz rechazó este lunes el pedido formulado por la querella del abogado Luis Tagliapietra de incorporar una pericia técnica que analizara de manera integral cerca de cinco terabytes de imágenes y videos registrados por el buque Seabed Constructor al hallar los restos de la nave en el fondo del Atlántico Sur.

“Luego de haber deliberado (...), atendiendo a que era una cuestión que ya había sido resuelta en anteriores actos procesales respecto de la pericia solicitada, dada la extemporaneidad del planteo, la oposición manifestada por todas las partes y para no afectar el derecho de defensa y el debido proceso, no se hace lugar a la pericia”, anunció el juez Mario Reynaldi, presidente del tribunal, flanqueado por sus colegas Luis Giménez y Enrique Baronetto. El juez Guillermo Quadrini participó de la jornada de manera virtual.

El proceso arrancó el 3 de marzo pasado y busca determinar si existieron responsabilidades penales en la tragedia naval del 15 de noviembre de 2017, cuando se detectó la implosión del submarino a las 10:51 por sensores de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO). Sus restos aparecieron un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, localizados por el buque de bandera noruega Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity.

La pericia rechazada apuntaba precisamente a examinar ese material: la disposición de los fragmentos en el fondo marino, el grado de destrucción del casco y la orientación de sus secciones, para evaluar si es posible extraer conclusiones que permitan afinar las hipótesis sobre qué desencadenó el hecho. El querellante Tagliapietra es padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los dos alumnos de la Escuela de Submarinos embarcados en la misión que se inició el 25 de octubre al salir del puerto de Mar del Plata. El otro era el teniente de corbeta Jorge Luis Mealla. Tras la resolución, el abogado anunció que reservará la cuestión para impugnar la decisión ante una instancia superior.

En el banquillo figuran cuatro exoficiales de la Armada Argentina: el capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, jefe de operaciones del COFS. Los cuatro fueron procesados durante la instrucción -conducida por la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez y el fiscal Lucas Colla- por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal (artículos 248, 249 y 189 segundo párrafo del Código Penal).

El eje del debate radica en el estado de alistamiento de la nave al momento de zarpar para cumplir la Orden 4/17 del COFS, que fijaba una serie de fases de adiestramiento y patrullado marítimo en el mar argentino. Las defensas sostienen que el submarino estaba habilitado para operar -así surge de documentación suscripta por su comandante, Pedro Fernández- y que las tareas y pruebas pendientes no comprometían su seguridad náutica. Los acusadores, en cambio, esgrimen que hay elementos para responsabilizar a los imputados por no haber impedido que la embarcación saliera a la mar con anomalías documentadas en su propio legajo, entre ellas el vencimiento del plazo de entrada a dique seco para efectuar tareas de carenado y pruebas hidráulicas de válvulas de casco y tuberías.

El juicio, que se desarrolla semana de por medio, retomó este lunes desde las 9 con nuevas declaraciones testimoniales convocadas por el fiscal Gastón Pruzán -algunas bajo reserva por involucrar a personal vinculado a áreas de inteligencia o psicólogos de la Base Naval Mar del Plata- y tiene una agenda nutrida para los próximos días. Desde este martes comienzan a comparecer los testigos citados por las distintas defensas.

Además, este jueves 8 de mayo, a las 16, el tribunal llevará a cabo una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz, buque gemelo del siniestrado, en los astilleros de Tandanor, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. El Santa Cruz fue construido en la República Federal de Alemania por la misma empresa que fabricó el San Juan y entregado a la Armada Argentina en 1984, un año antes que su nave hermana. Es uno de los dos únicos ejemplares que llegaron a incorporarse a la flota de los seis submarinos tipo TR 1700 de propulsión diésel eléctrica convencional que el gobierno argentino había planeado adquirir originalmente.

La recorrida reunirá a magistrados, fiscales, querellantes y defensas con el propósito de que puedan conocer de primera mano los distintos sistemas de esta clase de embarcación. La visita, por lo demás, cobra especial relevancia de cara a las semanas siguientes, cuando están previstos los testimonios de los especialistas que elaboraron informes sobre el estado de mantenimiento del submarino y las posibles causas del naufragio. Entre ellos figuran Gerardo Jorge Bellino, Arturo Guillermo Marfort, Gustavo Adolfo Trama, Alejandro Kenny, que declararán en Río Gallegos durante la semana del 22 de mayo y las primeras jornadas de junio.

En estas audiencias se espera además la declaración del submarinista retirado Jorge Rolando Bergallo, que también formó parte de una comisión de expertos convocada para asesorar sobre el caso y que es padre del capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, segundo comandante del submarino que llevaba a bordo un total de 44 marinos.