Seis asesinatos en una semana generaron alerta por una ola de violencia ligada al crimen organizado en Bolivia

Seis personas fueron asesinadas por sicarios en Bolivia entre el 25 de abril y el 2 de mayo, entre ellas un juez magistrado del Tribunal Agroambiental, máxima instancia de justicia ambiental y agraria.

Según los reportes preliminares, todos los casos están vinculados a economías ilegales —principalmente narcotráfico y disputa de tierras— y se ejecutaron con patrones de crimen organizado: violencia focalizada, uso de armas de fuego y huída tras los disparos.

La ola de asesinatos se concentró en el departamento de Santa Cruz, donde ocurrieron cinco de los seis sicariatos. En ese marco, autoridades regionales y del Gobierno, junto a la Fiscalía y el Órgano Judicial, sostuvieron una reunión el sábado para determinar acciones que permitan frenar la escalada de violencia en la ciudad más poblada del país.

“Lo que ha sucedido en Santa Cruz nos une para que la situación crítica que hoy estamos viviendo se pueda combatir. Prácticamente, se le está declarando la guerra al sicariato, al narcoterrorismo que se ha instalado”, afirmó el presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, al anunciar que se asumirán medidas coordinadas para enfrentar a estructuras criminales. En paralelo, la Policía anunció la conformación de un grupo especializado de élite para realizar operativos de seguridad.

El caso que generó mayor impacto fue el del magistrado Víctor Hugo Claure, asesinado la noche del 30 de abril por dos sicarios que lo abordaron en una motocicleta en la zona noroeste de la ciudad, según informó la Policía que dispuso seguridad para los demás miembros del Órgano Judicial.

Pese a que los hechos todavía se encuentran en investigación, el jefe policial de Santa Cruz, David Gómez, señaló como hipótesis de la causa del crimen “un problema de tierras” tras haber firmado una resolución “referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras”.

Su asesinato fue condenado por instancias como la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Magistrados, que calificó el hecho como “un mensaje de intimidación a todo el poder judicial” que constituye un ataque “a la independencia judicial, al Estado de Derecho y a la democracia”.

La seguidilla de asesinatos inició días antes, el 25 de abril, en las localidades fronterizas de San Matías y Puerto Quijarro, donde Douglas Q.R., de 42 años y con antecedentes de narcotráfico, fue atacado mientras se presenciaba un campeonato de fútbol en un centro deportivo. Horas después el brasileño Luiz Antonio P.L., fue abatido por sicarios en la vía pública.

Al día siguiente, el 26 de abril, José Pedro R.V. fue asesinado a tiros cuando se preparaba para participar en una competencia automovilística cerca del aeropuerto de Viru Viru. La víctima estaría vinculada a la red del presunto narcotraficante Sebastián Marset, de quien habría sido piloto.

La noche del 1 de mayo una persona de 30 años fue acribillada en la localidad de Bermejo, en el departamento de Tarija y a pasos de la frontera con Argentina, en un presunto ajuste de cuentas. Horas más tarde, en la madrugada del 2 de mayo, se registró una balacera fuera de una discoteca de Santa Cruz de la Sierra donde perdió la vida un colombiano a manos de dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Según expertos, estos hechos muestran la expansión del crimen organizado en Bolivia y sus disputas internas tras la captura de Sebastián Marset en un operativo policial el pasado 13 de mayo.

Gabriela Reyes, criminóloga y exdirectora del Observatorio de Seguridad Ciudadana, señala que se están viendo “las consecuencias de no desarticular la organización” del narco uruguayo y de no haber detenido a los cabecillas. “Esto hace que haya una pugna por quién va a encabezar las actividades que Marset llevaba a cabo desde su liderazgo”, afirmó en entrevista con Infobae.

Para la experta, el Estado no está en las mejores condiciones de responder a la escalada de violencia, pero es importante tomar el control para evitar que los asesinatos se sigan produciendo dentro y fuera de las estructuras criminales.