La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal despejó este jueves los obstáculos que faltaban para definir qué juez se queda con la investigación sobre la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y escriturada a nombre de una empresa de Luciano Pantano y Ana Conte, presuntos testaferros.
El expediente está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pero podría volver al fuero Penal Económico o bien a Comodoro Py, donde todo empezó.
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La Casación recibirá a todas las partes involucradas el 11 de mayo en el primer piso de los tribunales federales de Retiro. Pueden presentar notas escritas o bien exponer sus argumentos oralmente.
La audiencia debía celebrarse el pasado 30 de marzo, pero se postergó por el pedido de recusación de la jueza Ángela Ledesma, quien integra el tribunal. Ese planteo ya fue descartado, y ahora se resolvió un nuevo intento por correr a un magistrado.
Es que este jueves la Cámara también descartó la recusación contra el fiscal general Mario A. Villar, que había presentado la defensa de los supuestos testaferros.
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El fiscal Villar ya dictaminó que, a su entender, el expediente debería volver al Juzgado Federal N° 3, de Daniel Rafecas.
Para pedir a la Casación que se revoque la decisión de la Cámara Federal de San Martín que le entregó el caso al Juzgado de Campana, el fiscal enumeró irregularidades sobre cómo se habría iniciado el expediente en el despacho de González Charvay.
Según Villar, el abogado Mariano Morán envió un correo electrónico al Juzgado, en el que pidió que el caso pase a Campana. Y desde entonces no se le habría dado el trámite correspondiente a las actuaciones, de acuerdo al fiscal general.
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“La solución de enviar la causa al Juzgado de Campana no sólo es equivocada sino que sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad”, deslizó Villar en su dictamen.
Las valoraciones que hizo en ese documento le valieron un planteo de la defensa de Pantano y Conte, madre e hijos que figuran en los papeles como dueños de la mansión a través de la firma Real Central SRL.
Alegaron que el fiscal “manipuló maliciosamente” las constancias del legajo, lo que demostraría a su criterio una pérdida total de objetividad. Sostuvieron que el fiscal omitió deliberadamente información, afirmó circunstancias falsas y distorsionó el sentido del intercambio de los correos electrónicos.
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La defensa consideró que esta actuación era dolosa, buscando favorecer una competencia que no correspondía, descalificar al Juzgado Federal de Campana y prejuzgar sobre la responsabilidad de sus defendidos y la actuación del defensor.
Además, la defensa argumentó una supuesta filtración del dictamen antes de su presentación oficial.
El 14 de abril, el fiscal Mario Villar solicitó que la recusación fuera rechazada, argumentando que era extemporánea e infundada.
Respecto al contenido del dictamen, el fiscal respondió que todo lo consignado tenía respaldo comprobable en el expediente, negó que hubiera manipulación de información y desmintió la filtración del dictamen.
El fiscal Villar sostuvo que no existía un relato incriminador sin sustento material, sino un relato pormenorizado de las hipótesis investigativas para dilucidar el juez competente.
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Luego de escuchar a ambas partes, el camarista Javier Carbajo, en su voto, adelantó que correspondía rechazar la recusación, ya que no se configuraba ninguno de los supuestos previstos para apartar a un magistrado.
La jueza Angela Ledesma adhirió a la solución propuesta por el juez Carbajo. Señaló que la recusación era extemporánea, ya que el planteo se basaba en el dictamen del 30 de marzo, pero la presentación se formuló el 8 de abril, fuera del plazo de 48 horas previsto.
El juez Mariano Borinsky también compartió la posición de sus colegas, agregando que no se percibía una pérdida de objetividad que justificara la solicitud.
En consecuencia, la Sala I resolvió rechazar la recusación planteada contra el fiscal general Mario Villar.
El mismo Tribunal también emitió otro fallo respecto de esta causa, este mismo miércoles. Es que la defensa de Pantano y Conte había intentado, recurso extraordinario federal mediante, suspender la audiencia fijada para discutir a dónde tiene que radicarse la causa.
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La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el planteo y confirmó su decisión de convocar a audiencia para darle un cierre al tema.
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