El hijo de una de las jubiladas declaró que Adorni le debe otros 65.000 dólares que no fueron documentados

Una de las declaraciones testimoniales más esperadas en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni reveló que el jefe de Gabinete debe otros 65.000 dólares que no están documentados. Así lo contó su amigo Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras y gestor de la compraventa del departamento de Caballito.

Feijoo declaró este miércoles durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene a cargo el expediente junto al juez federal Ariel Lijo. Entró y salió de Comodoro Py bajo una fuerte custodia de la Policía Federal Argentina y evitó a toda costa cruzarse con la prensa.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, uno de los ejes de su declaración estuvo centrado en las refacciones que hubo en el departamento de la calle Miró al 500 antes de pasar a manos de Adorni.

Bajo juramento, Feijoo dijo que él se hizo cargo de todas las obras y que le costaron, en total, 65.000 dólares. Esa parte del presupuesto, declaró el testigo, acordó recuperarla “por afuera” con el jefe de Gabinete, cuando éste pudiera vender su departamento ubicado en avenida Asamblea, barrio porteño de Parque Chacabuco.

Para entender la maniobra investigada, es necesario volver al inicio de la operación inmobiliaria. El exfutbolista Hugo Morales era dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, fue quien señó el departamento en la inmobiliaria, negoció el valor del mismo con Morales y, luego, lo puso a la venta para sacarle una diferencia. El testigo es dueño de TSJ Group, una empresa de desarrollos urbanos que se dedica a proyectos de ese tipo.

Adorni y Feijoo compartieron grupo de padres por el colegio de sus hijos, indicaron las fuentes consultadas. De ahí empezaron a construir una relación de confianza.

Según la reconstrucción de los hechos que consta en la causa judicial, el jefe de Gabinete habría acudido a Feijoo cuando decidió mudarse de Parque Chacabuco. Fue a ver el inmueble de la calle Miró y el empresario le pidió 300.000 dólares.

El 22 de octubre de 2025, Pablo Feijoo visitó a Manuel Adorni en Casa Rosada. Aquel día se habría acordado el precio final por el departamento de Caballito: 230.000 dólares. El ministro coordinador pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses.

Feijoo llevó los hilos del negocio, pero su socio Leandro Miano, hijo de la jubilada Sbabo, habría colaborado palmo a palmo con él.

Para octubre, la remodelación integral del departamento ya estaba avanzada. Según dijo el testigo ante el fiscal Pollicita, por su posición en el rubro consiguió a buen precio los materiales y la mano de obra. Su idea inicial era vender la propiedad a 345.000 dólares, en línea con lo que declararon el lunes la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi.

Entonces, ¿por qué Feijoo le vendió el departamento casi al costo a Adorni? El testigo explicó ante la Justicia que le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. De cualquier forma, las ganancias o pérdidas del desarrollador no son el objeto de la causa; sino que la investigación busca desentramar si el crecimiento en el nivel de vida del jefe de Gabinete es compatible con sus ingresos formales.

Las fuentes consultadas indicaron que Adorni todavía no le devolvió esos 65.000 dólares de las refacciones a Feijoo. En noviembre, el ministro coordinador debe pagarle a Sbabo y Viegas los 200.000 dólares que le financiaron para que pueda mudarse a Caballito.

El mismo mes, Adorni tiene otro compromiso importante: otros 70.000 dólares más intereses -11% anual- que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, a cambio de una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. A las agentes ya les devolvió 30.000.

El dinero que ya pagó el jefe de ministros a sus acreedores -más lo que les debe- se suma a una lista de gastos a nombre del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Pollicita investiga, principalmente, una serie de viajes por el mundo: Estados Unidos, Aruba, Punta del Este y otros destinos son los que están bajo la lupa de la Justicia.

Un dato que se desprende de las averiguaciones es que el matrimonio habría hecho la enorme mayoría de los pagos en efectivo, ya que no aparecen en los gastos de sus tarjetas de crédito ni en sus movimientos bancarios registrados hasta ahora.

Para avanzar en este sentido, el fiscal dictó el martes una serie de medidas para investigar más en profundidad las operaciones financieras, patrimoniales y cambiarias de Manuel Adorni y Bettina Angeletti, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.

Específicamente, requirió informes detallados sobre cuentas, historiales de transacciones, saldos e inversiones a numerosas billeteras virtuales, plataformas de pago y exchanges de criptomonedas (como Mercado Pago, Brubank, Lemon, Binance, entre muchas otras). Además, solicitó los registros de acceso y titularidad de cajas de seguridad en el Banco Galicia y en empresas privadas de custodia de valores, y requirió documentación exhaustiva a aerolíneas y agencias de turismo sobre los itinerarios y métodos de pago utilizados para diversos viajes de la familia.

Finalmente, la fiscalía pidió al Banco Central de la República Argentina los datos sobre operaciones de compraventa de dólares, y ordenó averiguar el estado del proceso sucesorio de Jorge Adorni, el padre fallecido del jefe de Gabinete.

Por último, este miércoles también declararon Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió a Adorni la casa del country Indio Cuá, y el encargado del edificio de Caballito, de nombre Juan, quien dijo no recordar mayores detalles, excepto que vio ingresar electrodomésticos y muebles luego de la mudanza.

Cosentino se remitió a describir cómo fueron los detalles de la operación en Exaltación de la Cruz, y confirmó que la venta de esa propiedad fue por 120.000 dólares, que ya fueron abonados. El jefe de Gabinete usó los 100.000 dólares que le prestaron las policías para cubrir la mayor parte de ese gasto, según se desprende de la causa.