La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes apartar a la jueza Angela Ledesma de la causa que investiga cómo se compró y quiénes son los verdaderos dueños de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA. Con esa decisión dio así un paso clave antes de resolver si el expediente sigue en Campana o vuelve a la ciudad de Buenos Aires.
Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky desestimaron una recusación presentada por Elisa Carrió, denunciante en la causa, para apartar a la magistrada por falta de fundamentos concretos y por apoyarse en “hipótesis conjeturales” sin respaldo objetivo.
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De esta manera la sala I de Casación, a cargo de resolver si la investigación sigue en el juzgado federal de Adrián González Charvay en Campana o cambia de juez y vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, quedó integrada por estos dos magistrados más Ledesma y en condiciones de decidir al respecto.
Conjeturas
Al rechazar la recusación, los jueces advirtieron que “los motivos en los que se ha sustentado el pedido de apartamiento de la magistrada están basados en hipótesis conjeturales, sin anclaje alguno en circunstancias objetivas y verificables que permitan entender plausible el temor de parcialidad meramente alegado”, advirtieron Carbajo y Borinsky.
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La recusación fue presentada por Carrió, quien argumentó que la trayectoria profesional y vínculos académicos de Ledesma en Santiago del Estero podían afectar su imparcialidad en relación a que en el caso es investigado el tesorero de AFA Pablo Toviggino, oriundo de esa provincia.
Sin embargo, la propia jueza al rechazar inhibirse negó cualquier relación con personas o hechos investigados y sostuvo que no mantiene vínculos actuales que comprometan su actuación.
Campana o CABA
La investigación por la quinta de Villa Rosa y otras propiedades en Pilar, está en la actualidad a cargo del juez de Campana González Charvay, a pedido del imputado y supuesto testaferro Luciano Pantano.
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Esta decisión por razón de territorio que tomó en enero último el juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín fue apelada por el fiscal ante esa instancia Carlos Cearras, llegó en queja a Casación y el Tribunal abrió el recurso para tratarlo.
El fiscal ante Casación Mario Villar pidió ya que el expediente vuelva adonde tramitó en los inicios en CABA, el juzgado federal de Daniel Rafecas o en todo caso al del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el segundo magistrado que intervino antes del pase al ámbito de Campana.
En su dictamen advirtió que se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025 y que el delito excede el ámbito territorial de Pilar, fundamento para derivar el caso a Campana.
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La investigación apunta contra la cúpula de la AFA y su entorno, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, su hermano Darío Toviggino, el exdirector ejecutivo Juan Pablo Beacon, la ex tesorera y pareja de Toviggino Florencia Sartirana y los responsables de la intermediaria TourProdEnter: quien figura como su titular Erika Gillette y su esposo Javier Faroni, entre otros, enumeró en su escrito ante Casación.
En CABA “se halló documentación relevante vinculada a los sucesos denunciados”, mencionó la fiscalía, incluidos contratos con intermediarios financieros como TroudProdCenter. También llegaba a la sede central de AFA el resumen de la tarjeta de crédito corporativa a nombre de Pantano con la que se pagaban los peajes de los vehículos y llegó a tener consumos mensuales por 50 millones de pesos.
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A su entender, las pruebas reunidas muestran que no sólo las decisiones, sino también las maniobras de presunto blanqueo de dinero, ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. “Es posible sostener que en este ámbito capitalino se habrían realizado actos jurídicos que habrían implicado el desvío y el posterior ingreso de parte de esos fondos al sistema económico legal con la intención de otorgarles una apariencia de origen lícito”, afirmó.
La maniobra se habría cometido a través de una red de empresas locales e internacionales. En la investigación —aún en etapa preliminar— se menciona a Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, además de sociedades consideradas “pantalla” como Velp LLC, Velpasalt LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC. También aparecen firmas como Global FC LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, Servicios Lindor SA, Mendoza Wines SA, Malte SRL y Soma SRL, entre otras.
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La fiscalía resalta que gran parte de estas firmas y personas tiene domicilio en CABA, incluida la sociedad Real Central de Pantano y su madre, que figura como compradora de la casaquinta de Pilar que dio origen a la investigación.
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