La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay de la causa en la que se reclamó detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Ante esta decisión, el futuro del expediente aún es incierto. El otro juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, está de licencia por cuestiones de salud. La Cámara Federal de Tucumán interviene también como instancia de apelación en esa provincia y en Catamarca. En este nuevo escenario, la definición sobre el nuevo magistrado que quedará a cargo del expediente debería resolverse por sorteo y la causa podría quedar en alguna de estas provincias, explicaron a Infobae fuentes del caso.
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Los motivos
La decisión se tomó tras hacer lugar a una recusación presentada por el fiscal del caso, Pedro Simón, en medio de cuestionamientos sobre supuesta pérdida de imparcialidad del juez de Santiago del Estero. Según surge del expediente, Argibay habría tenido un vínculo previo con Toviggino a partir de una operación inmobiliaria: la venta de una finca valuada en torno a los $200 millones que fue escriturada por un monto significativamente menor, cercano a los $20 millones.
Ese antecedente fue considerado un elemento clave para justificar su apartamiento. El expediente se centra en supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA y en una presunta red de empresas y operaciones financieras asociadas al entorno de Toviggino, con base de manera principal en Santiago del Estero.
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La investigación incluye análisis de movimientos millonarios, estructuras societarias y transferencias que habrían generado reportes de operaciones sospechosas ante organismos de control.
El dictamen fiscal
La fiscalía emitió un dictamen en el que reclamó detener a Tapia, Toviggino y una veintena de imputados señalados como supuestos testaferros o prestanombres para las sociedades por las que habría pasado el dinero espurio. Al tesorero de AFA lo imputó como supuesto jefe de asociación ilícita.
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Según surgió del dictamen fiscal, el gobierno de Santiago del Estero transfirió más de $1.243 millones en dos años a una empresa de seguridad llamada SEGON SRL, vinculada al círculo íntimo de Pablo Toviggino. La firma ganó en junio de 2024 una licitación para proveer vigilancia en el Hospital Regional Ramón Carrillo, el mayor establecimiento sanitario de la capital provincial, por $380.160.000 a doce meses. Pero las transferencias comenzaron cinco meses antes de la firma del decreto de adjudicación y superaron ese monto: $633.550.169 en 2024 y otros $609.385.635 en 2025.La investigación, en efecto, se abrió a partir de una denuncia recibida en diciembre de 2025 en la que se señalaba que el gobernador Gerardo Zamora habría desviado fondos provinciales para beneficiar presuntos negocios de Toviggino.
El análisis de los extractos bancarios de SEGON en el Banco de Santiago del Estero es uno de los elementos centrales de la hipótesis fiscal. Según el dictamen, el dinero que ingresaba a esa cuenta rara vez permanecía más de 48 horas. “La cuenta del Banco Santiago del Estero funciona como una ‘cuenta puente’ ya que recibe fondos públicos y de la AFA, que rara vez permanece más de 48 horas en la cuenta y el 95% de los fondos netos (descontando impuestos) se transfiere a SEGON SRL (misma titularidad). Esto sugiere que la operatoria comercial real, el pago a empleados o el gasto operativo final no se realiza desde esta cuenta, sino que esta se utiliza solo para percibir los cobros y derivarlos inmediatamente a otra entidad financiera, dificultando la trazabilidad directa del destino final del dinero desde este extracto en particular”, escribió Simón.
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El dinero no provenía únicamente del gobierno provincial. La Municipalidad de Frías también figura como fuente de ingresos para SEGON. La propia AFA transfirió fondos directamente a la empresa: 22 operaciones en 2024 y 14 en 2025, con montos de entre $36 millones y $62 millones por operación. En total, la AFA giró a la cuenta de SEGON en el Banco de Santiago del Estero “$1.328.266.369,20, discriminadas en el año 2024: $653.622.369,20 y en el 2025: $674.644.000,00”, según consignó el fiscal.
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