Una ex funcionaria de Alberto Fernández declaró que las compañías no objetaron el decreto sobre Nación Seguros

La ex titular de la Superintendencia de Seguros del gobierno de Alberto Fernández, Mirta Adriana Guida, declaró que “las aseguradoras no se quejaron del decreto presidencial que establecía la obligación de que las pólizas del Estado fueran contratadas con Nación Seguros”.

A pedido de la defensa del ex presidente, Guida puntualizó: “El decreto 823/2021 dice que los bienes del Estado Nacional tienen que ser asegurados en Nación Seguros, pero no habla de intermediación. No habla. Y si no nombra ni hace un punto específico sobre la intermediación, se tiene que seguir trabajando como hasta ese momento”.

En ese sentido, agregó que “si la entidad no conocía de seguros era muy probable que contratara un broker para que la asesore, y si no lo puede hacer directamente la compañía”.

El fiscal federal Carlos Rívolo preguntó acerca de cuál sería el valor agregado que le aporta un intermediario privado en una póliza donde tanto el asegurado -organismo público- como el asegurador -Nación Seguros- pertenecen al Estado.

La respuesta de Guida fue que “si un organismo del Estado no está en contacto o conocimiento con la materia, es muy probable que recurra a un productor”. Precisó que “puede darse el caso de tomen un seguro sin saber si que quedan una parte del riesgo o cuál es el límite de la responsabilidad”.

Sobre el rol de la Superintendencia de Seguros, explicó que su tarea era controlar el mercado asegurador, hacer cumplir las leyes y todo lo referente a la solvencia de las compañías.

Por otro lado, señaló que no intervino en la redacción del decreto que dispuso la contratación de pólizas estatales con Nación Seguros. Indicó que la medida fue dictada por el presidente sin que le haya llamado la atención, debido a que en otros períodos los organismos públicos también habían tenido la obligación de contratar con una aseguradora específica.

Más testigos

El juez Ariel Lijo está tomando declaración a los testigos ofrecidos por Alberto Fernández, muchos de ellos exfuncionarios de su gobierno.

La semana pasada fue a tribunales la exsecretaria asistente del despacho presidencial, Ana Clara Hernández, quien admitió que María Cantero, “estaba muy preocupada porque a “Hecky” (su esposo Héctor Martínez Sosa) le iban a sacar los seguros de Cancillería”.

En las próximas semanas deberá comparecer la exsecretaria legal y técnica Vilma Ibarra, para que explique cómo fue el proceso de confección del Decreto 823/2021.

El exjefe de Ministros y Canciller, Santiago Cafiero, quien debería detallar la discusión que se dio en el Poder Ejecutivo antes de que se firmara el decreto.

También fueron convocados los responsables del área financiera del mandato de Fernández, el exministro de Economía, Martín Guzmán; y el expresidente del Banco Central, Miguel Pesce.

El expediente

La causa Seguros investiga si a través del decreto 823/2021, Alberto Fernández dispuso que Nación Seguros S.A. centralizara la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas sin seguir procedimientos de selección.

Según la pesquisa, entre los principales beneficiarios del mecanismo de intermediación fueron el broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa, su esposa María Cantero y el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano.

La justicia detectó que la asunción de María Cantero como secretaria privada ejecutiva del presidente de la Nación “fue tomada como una oportunidad para profundizar y desarrollar los negocios de su núcleo familiar, gestionando directa o indirectamente las contrataciones de los distintos organismos del Estado en su favor”.

El expresidente acudió a la Cámara de Casación para pedir que se revoque su procesamiento alegando que no lo dejaron defenderse.

Sostuvo que cada vez que estuvo ante la justicia en indagatoria respondió en relación al decreto 823/2021, y después lo acusaron de nombrar en Presidencia a su secretaria, Maria Cantero, para que contribuya en el supuesto direccionamiento de contratos.