“Ese fue el pelotudo de Schoklender”: la frase que recordó una testigo en el juicio por Sueños Compartidos

En el juicio que investiga presuntas irregularidades en el programa Sueños Compartidos, las hermanas Irma y Adela Pacheco aseguraron que les falsificaron las firmas para justificar la ampliación de un presupuesto que debía presentar la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Cada una a su turno declaró que como delegadas de la asociación civil “Esperanza de un cambio”, que nucleaba a vecinos de Villa Cartón, habían participado de una reunión donde el ex apoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, presentó el proyecto y la maqueta del Barrio que iban a construir a través del Plan financiado por el Estado Nacional.

Explicaron que cuando llegó el momento firmaron el convenio junto con el resto de los representantes. Sin embargo, al poco tiempo les mostraron otro documento, donde figuraban otros montos para la inversión, con sus firmas falsificadas.

Irma Pacheco relató que cuando se fue a quejar por el documento apócrifo, la persona que recibió su reclamo le respondió: “ese fue el pelotudo de Schoklender”.

En su relato, añadieron que hicieron una denuncia judicial para impugnar el documento. Las citaron para realizar peritajes caligráficos que, según precisaron, demostraron que no se trataba de sus firmas.

En el expediente se menciona que la asociación que integraban las hermanas Pacheco suscribió un acuerdo para la construcción de 780 viviendas en un predio ubicado en la intersección de las avenidas Castañares y General Paz por un monto original de $151.944.695,78, a los que luego se sumaron $41.119.805,25, en el año 2011.

También declaró como testigo Emiliano Capobianco, que fue proveedor de aberturas de aluminio para las viviendas.

En su testimonio detalló que les vendió prototipos para obras en la provincia de Buenos Aires, y que los pagos se efectuaron con cheques a plazos a 30 o 60 días.

La causa

En el juicio oral por Sueños Compartidos están acusados los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

También enfrentan cargos el exsubsecretario Abel Fatala, el expresidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la exfuncionaria provincial de Santiago del Estero Silvia Nasif y los exfuncionarios de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.

El fiscal Diego Velazco los imputa de presunto fraude por el desvío de 206 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales que fueron convenidas en diversas jurisdicciones, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco y Santiago del Estero.

Schoklender amplió su indagatoria para defender el proyecto y rechazar la declaración de los primeros testigos del debate oral, especialmente las afirmaciones de los peritos de la Corte que descubrieron irregularidades en las obras y en la rendición de cuentas.

En su primera declaración remarcó que la Fundación oficiaba como aparato militante del kirchnerismo por orden de Hebe de Bonafini, y usaba los recursos que recibía del Estado para movilizar a la gente contratada para las obras hacia distintos eventos políticos.

También dijo que dirigir ese programa hizo que su estándar de vida “cayera en picada”. Lo afirmó en una audiencia en la que buscó responder a los peritajes sobre las presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales y defender el funcionamiento de las obras cuestionadas.

En esa ampliación de indagatoria, el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo sostuvo que no podía dejar sin cobrar a las 6.500 personas que, según su versión, participaban del proyecto cuando el Ministerio de Planificación Federal demoraba los pagos. También aseguró que la organización nunca pidió redeterminaciones de precios, una práctica que describió como habitual en la obra pública de ese período.