La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible este martes el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa pública oficial del narco Julio Andrés Rodríguez Granthon, conocido como “El Peruano”, contra su incorporación al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) del Servicio Penitenciario Federal.
El fallo, firmado por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, fue unánime. El máximo tribunal penal del país consideró que la impugnación no reunía los requisitos exigidos por los artículos 14 y 15 de la ley para habilitar la instancia extraordinaria, y señaló que Rodríguez Granthon cuenta con vías legales específicas para cuestionar las condiciones de su detención ante sus jueces naturales.
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La sentencia confirmó entonces el rechazo del recurso de casación que la misma Sala III había declarado inadmisible el pasado 18 de diciembre. Con anterioridad, tanto el Juzgado Federal N° 2 de Morón como la Cámara Federal de San Martín habían descartado el habeas corpus presentado por la defensa contra la incorporación al SIGPPLAR, un régimen que restringe las comunicaciones y los movimientos de internos considerados de alto riesgo para la seguridad penitenciaria.
Rodríguez Granthon fue el piloto de los narcovuelos vinculados a Los Monos, la organización criminal liderada por la familia Cantero en la ciudad de Rosario. Preso desde 2019, cuenta con dos condenas federales por narcotráfico y causas vinculadas al crimen del exconcejal Eduardo Trasante y al caso “Cuevas Blancas”. Pese a estar detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, continuó dirigiendo su organización hasta que las autoridades le secuestraron el teléfono celular en julio de 2022, en el pabellón A de la Unidad Residencial VI del penal.
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Desde ese dispositivo coordinaba la venta de cocaína —denominada “pollo” en las conversaciones internas—, administraba una flota de camiones de alta gama y daba instrucciones para el alquiler y venta de propiedades adquiridas a través de testaferros. Las investigaciones determinaron que compró lotes y mandó a construir viviendas en barrios cerrados de Alvear y Piñero, y una propiedad en Funes, todas a nombre de terceros. También era el verdadero dueño de las ferreterías “Tatan Tatan”, con tres sucursales en Funes, y contaba con la colaboración de su padre, Francisco Rodríguez Villarreal, detenido en 2024 durante un operativo de la Policía Federal Argentina.
Entre los integrantes de su red condenados figura Brian Emanuel “Negro” Villalba, identificado como jefe de sicarios, con una pena unificada de 46 años de prisión. Otros ocho miembros del grupo recibieron condenas de entre 3 y 6 años, entre ellos Noel Ramos, cuñado de Rodríguez Granthon, y Silvina Gauna, encargada de comercializar la droga. La causa por asociación ilícita se originó en una serie de balaceras ordenadas en 2022 contra una familia que le debía 150.000 dólares al imputado.
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En cuanto a los fundamentos del rechazo, el camarista Mahiques, quien abrió el acuerdo, sostuvo que la defensa de “El Peruano” se limitó a expresar su discrepancia con lo resuelto sin demostrar la arbitrariedad alegada, y recordó que esa doctrina tiene carácter estrictamente excepcional. Yacobucci adhirió a esa postura. El juez Borinsky añadió que el recurso no refutó todos y cada uno de los fundamentos de la decisión apelada ni acreditó que lo resuelto fuera contrario a los derechos federales invocados. Los tres magistrados coincidieron en que no se verificaba la existencia de una “cuestión federal” debidamente fundada.
Pese a esta decisión, la defensa conserva la posibilidad de presentar una queja y presentarse de forma directa ante la Corte Suprema de Justicia por el recurso extraordinario denegado.
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