Gobierno de Panamá llama a consultas a su embajador en Nicaragua tras declaraciones de Ortega

El Gobierno de Panamá anunció este martes el llamado a consultas de su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, tras rechazar las declaraciones de Daniel Ortega sobre la eliminación de futuras elecciones en ese país centroamericano. La medida, comunicada oficialmente por la Cancillería de Panamá, implica una reducción en el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países, según fuentes consultadas por la agencia de noticias EFE.

En un comunicado difundido en la capital panameña, la Cancillería señaló: “Suprimir un derecho fundamental como es el voto representa un fuerte agravio a los principios democráticos”. El texto oficial precisó que, como respuesta a lo que considera este hecho, el Gobierno panameño decidió convocar a su representante diplomático en Managua.

Esta acción diplomática, de acuerdo con la información recabada por EFE, constituye la retirada formal del embajador y supone un mensaje de desaprobación hacia el ejecutivo sandinista.

Las tensiones se intensificaron después de que Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, afirmara durante el 47° aniversario de la revolución sandinista que en el país “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas declaraciones fueron recogidas por EFE y han provocado reacciones internacionales.

Cancillería de Panamá señaló: “el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad”. El comunicado reafirmó el compromiso del ejecutivo panameño con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos. “El respeto a la voluntad popular, expresada mediante elecciones libres periódicas, transparentes y competitivas, es una condición esencial para la vigencia de la democracia”, puntualizó la nota oficial.

Panamá exhortó a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos civiles y políticos, a preservar la vía electoral y a garantizar condiciones que permitan la participación de todas las voces en la vida pública. Esta postura se suma a la reacción de otros gobiernos de la región y de Estados Unidos, que han expresado preocupación por el rumbo democrático en Nicaragua.

Reacciones en la región y Estados Unidos

El Gobierno de Costa Rica también manifestó el lunes preocupación por el cierre de espacios cívicos en Nicaragua. Esta declaración provocó la respuesta del ejecutivo sandinista, que calificó la postura costarricense como “atrevida”. De acuerdo con EFE, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a Ortega de mostrar su “verdadera naturaleza autoritaria”.

El trasfondo político en Nicaragua

La situación política en Nicaragua ha sido objeto de atención internacional desde hace varios años. Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien fue vicepresidenta desde 2017 y designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional, han sido señalados por organismos y gobiernos extranjeros de restringir la participación política y de cometer fraudes electorales. La administración sandinista se ha mantenido en el poder eliminando a la oposición y modificando la legislación para impedir la competencia electoral.

Qué cambia con la reforma electoral

Según datos recogidos por EFE, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Una enmienda constitucional amplió el período presidencial, de modo que las próximas elecciones están programadas para noviembre de 2027.

Las reformas legales han generado críticas de organizaciones de derechos humanos y de países de la región, que consideran estas medidas un retroceso en la institucionalidad democrática.