
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se presentó este jueves en la reunión conjunta de las comisiones de Reglamentación y Selección que inició el análisis de los proyectos para reformar el reglamento de concursos para la selección de magistrados, entre ellos el recientemente impulsado por el máximo tribunal con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Rosatti no integra ninguna de las dos comisiones. Su presencia al inicio del encuentro tuvo como objetivo agradecer la convocatoria y comprometerse a trabajar en conjunto con los distintos integrantes del organismo de selección y remoción de jueces..
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“Buenos días a todas y todos. Saben que no integro ninguna de estas comisiones pero quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante. Un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras algunos con mandato vigente y otros que no están más. Entonces quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”, expresó.
Rosatti agregó que espera que se considere también la intervención de organizaciones no gubernamentales que solicitaron participar en el proceso. “Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas. Creo que vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”, sostuvo. Antes de retirarse para continuar con el día de acuerdo de la Corte, afirmó: “Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible”.
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La reunión estuvo conducida por Alberto Lugones, presidente de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Al abrir el encuentro, antes de la llegada del ministro de la Corte, Lugones anticipó los términos en que el Consejo abordará la propuesta del máximo tribunal: “Sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas. Hay gente que está de acuerdo, yo voy a trabajar sobre esa propuesta. Pero aclaro: no voy a firmar nada a libro cerrado”.
También participaron los consejeros Santiago Viola -representante del Poder Ejecutivo-, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero -por videoconferencia-, los abogados César Grau, Alberto Maques y Álvaro González, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley -también por zoom-. La abogada Jimena La Torre se conectó unos minutos al inicio antes de abordar un vuelo.
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La acordada 4/2026, aprobada por la Corte Suprema el 25 de marzo y presentada en un acto público días después con la presencia de Rosenkrantz y Lorenzetti, propone una reforma integral del sistema de concursos para cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal. El proyecto establece dos tipos de concursos: anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos- y especiales -como excepción, simples o múltiples-. Los concursos anticipados deberán integrarse en un Plan Anual aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario.
La prueba de oposición se dividirá en una etapa general de 120 preguntas sorteadas de un banco de 2.000, con corrección automatizada, y una etapa específica de resolución de casos prácticos. Las consignas serán elaboradas por un Comité de Examen y evaluadas por un Jurado mediante un sistema informático que garantiza el anonimato. Las entrevistas personales serán públicas y transmitidas por medios audiovisuales, con una ponderación máxima de 20 puntos.
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En la acordada, la Corte señaló la necesidad de “perfeccionar determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”. El texto también identificó la principal deficiencia del sistema vigente: la etapa de evaluación de antecedentes “premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”. El proyecto deberá ser aprobado por el plenario del Consejo -que preside el propio Rosatti- para entrar en vigencia. La reunión de comisiones seguía en curso al momento de la publicación de esta nota.
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