Se agravan los incendios en Bolivia y la respuesta oficial no logra contener el avance del fuego

Las llamas ya amenazan comunidades cercanas a Tarija, mientras los fuertes vientos, la sequía y el terreno montañoso dificultan las tareas de extinción

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Imagen referencial de archivo. Un policía trabaja para apagar un incendio en Bolivia. (Foto AP/Juan Karita, Archivo)
Imagen referencial de archivo. Un policía trabaja para apagar un incendio en Bolivia. (Foto AP/Juan Karita, Archivo)

Los incendios forestales que afectan al departamento boliviano de Tarija, en el sur del país, continúan expandiéndose por quinto día consecutivo y han alcanzado comunidades cercanas a la capital, mientras los fuertes vientos dificultan las tareas de extinción y ponen a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

Uno de los frentes más críticos se encuentra en la comunidad del Rincón de la Victoria, a unos 12 kilómetros de la ciudad, donde las llamas descendieron hacia zonas pobladas, mientras otros focos permanecen activos en comunidades como Quirusillas, Erquiz Ceibal, Obrajes, Cadillar y La Victoria.

El Gobierno desplegó este lunes dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para realizar descargas de agua y reforzó las operaciones con militares y bomberos, pero las condiciones meteorológicas han limitado la efectividad de las labores. Los vientos de hasta 70 km/h, el terreno montañoso y la sequía han impulsado los múltiples focos de incendio y han obligado a distribuir recursos entre los distintos puntos.

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Los incendios en Tarija forman parte de una emergencia más amplia que también afecta a los departamentos de Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro), donde las altas temperaturas y la baja humedad favorecen la propagación del fuego.

Terreno con ceniza y ramas quemadas, árboles sin hojas, varias personas, algunas con cubetas de agua. Edificios al fondo
Un grupo de personas realiza labores de extinción de focos de incendio en un terreno de Tarija con vegetación carbonizada.

En Santa Cruz, los dos focos de incendio se concentran cerca de la frontera con Brasil y se calculan más de 21 mil hectáreas afectadas. En una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, el gobernador Juan Pablo Velasco cuestionó el esquema de financiamiento para las autonomías.

“No podemos cuidar más de 15 millones de hectáreas de áreas protegidas con recursos tan limitados”, señaló Velasco, quien explicó que la Gobernación de la región más extensa y poblada del país percibe el 0,4% del Presupuesto General del Estado, equivalente a 210 millones de dólares, de los cuales puede “decidir” unos 70 millones.

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En Cochabamba un incendio se reactivó en la comunidad de Liriuni, a 28 kilómetros de la ciudad. Según el informe de la Gobernación, hasta ayer se habían consumido más de 100 hectáreas de vegetación.

En las tres regiones, los bomberos y voluntarios enfrentan una serie de dificultades que exponen la limitada capacidad de respuesta del Estado. Bomberos y comunarios denuncian desde falta de equipamiento hasta combustible para trasladar a las brigadas a las zonas de emergencia.

Fotografía de archivo de un bombero trabaja apagando un incendio en Bolivia. EFE/ Juan Carlos Torrejón
Fotografía de archivo de un bombero trabaja apagando un incendio en Bolivia. EFE/ Juan Carlos Torrejón

En los últimos diez años, los incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente en Bolivia durante la estación seca, especialmente entre julio y octubre, cuando las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos favorecen la rápida propagación del fuego.

Diversos estudios académicos y de organizaciones ambientales coinciden en que la mayoría de los focos no se originan de manera natural, sino por actividades humanas. Entre las principales causas identifican la expansión de la frontera agrícola y ganadera así como la distribución de predios en zonas boscosas que, según especialistas, ha favorecido intereses sectoriales y ha coincidido con procesos de ocupación irregular de tierras.

Las investigaciones también señalan que los avasallamientos asociados a economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, contribuyen a la deforestación y al uso indiscriminado de quemas para consolidar el control territorial. Todo esto bajo un marco normativo —que localmente se conoce como “leyes incendiarias”— que ha facilitado estas prácticas mediante autorizaciones para desmontes y quemas, mientras las sanciones por incendios ilegales son leves y su aplicación suele ser deficiente.

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