Citaron a declarar al hijo de una de las jubiladas acreedoras de Adorni y a otros cuatro testigos

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a cinco nuevos testigos en la causa donde se investiga el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Entre ellos está Pablo Martín Feijoo, amigo del funcionario e hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.

El nombre de Feijoo surgió este miércoles, cuando la Policía Federal Argentina allanó la inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad de la calle Miró al 500 cuando las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se la compraron al exfutbolista Hugo Morales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, habría reservado el inmueble que luego compraría su madre. Deberá presentarse en Comodoro Py el 22 de abril, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. La investigación busca desentramar cómo funcionó la operación inmobiliaria desde su origen, para esclarecer cómo llegó a manos de Adorni.

Según declaró este miércoles bajo juramento Adriana Nechevenko, escribana del jefe de Gabinete, Adorni y su esposa Bettina Angeletti se hicieron con el departamento de Caballito pagando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados un año, sin interés.

“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó la escribana en diálogo con Infobae, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

El fiscal Pollicita también convocó a declarar a los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi. Ambos deberán presentarse el 20 de abril.

Luego, el 22 de abril, declarará el encargado del edificio de la calle Miró, cuyo nombre de pila es Juan, según indicaron fuentes judiciales.

La lista termina con Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá. Esa audiencia se fijó para el 27 de abril.

Los investigadores buscan incorporar al expediente los chats y llamados entre todos los involucrados. No lo lograron con la escribana Nechevenko: el miércoles no lo llevó a los tribunales de Retiro y hoy, cuando volvió a Comodoro Py para aportar más documentación, aseguró haberlo olvidado en su auto.

La escribana contó que conoce al jefe de Gabinete hace más de 25 años. Aunque reconoció que recién empezó a acumular propiedades cuando se convirtió en funcionario público, sostuvo que “no me pareció sospechosa nunca” la compra del departamento de Caballito”.

“Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago. Yo personalmente no le pedí nada -que justifique el origen de los fondos- porque sabía que Adorni iba a pagar”, continuó Nechevenko.

Para el departamento de Parque Chacabuco, Adorni accedió a una hipoteca y obtuvo un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó a dos años, con un interés del 11% y pagos mensuales, según indicó la escribana a la Justicia.

El fiscal Gerardo Pollicita busca contrastar el patrimonio real de Adorni -y los compromisos de deuda que mantiene- con sus declaraciones juradas y las de su esposa, material que ya entregó a la Justicia la Oficina Anticorrupción. Además, pedirá levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete.

Además de las propiedades, el cuadro se completa con el viaje del ministro coordinador y su familia en jet privado a Punta del Este, junto con el periodista, contratista del Estado y amigo de Adorni, Marcelo Grandío. También están bajo la lupa otra decena de vuelos al exterior durante los últimos años.

En la denuncia que originó la causa, la diputada nacional Marcela Pagano -que llegó a su banca de la mano de La Libertad Avanza- advirtió un “desproporcional incremento patrimonial” por parte de Adorni.

“Se advierten severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los dieciséis millones de pesos ($16.000.000) declarados al inicio de su gestión”, dice el escrito que presentó la legisladora.