Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presentó un escrito y no respondió preguntas al ser indagado este jueves en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por $ 19.000 millones.
“Cumplimos con lo que quería el juez”, afirmó al retirarse de los tribunales, en medio del tumulto de la guardia periodística ubicada en la Avenida de los Inmigrantes 1950. Además, acotó: “y nos vamos a poner a trabajar con España porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”.
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El dirigente llegó a la sede de la Justicia en lo Penal Económico a bordo de una camioneta blanca. Saludó a la prensa, pidió que no se agolparan y se dirigió al segundo piso del edificio. Allí lo aguardaba el juez Diego Amarante. Según indicaron fuentes judiciales, la audiencia se desarrolló en un clima de absoluta cordialidad.
El descargo de Tapia y el comunicado de la AFA
Tras la indagatoria, Tapia publicó un mensaje en la red social X. El dirigente aseguró que la institución actuó “dentro del marco de la legalidad” e hizo uso de “derechos reconocidos por el Estado”. Explicó que presentaron todas las declaraciones y pagos tributarios “sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”.
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Frente a la “difusión de información distorsionada”, el presidente puso a la entidad a disposición de la Justicia. Remarcó que los pagos se realizaron “con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas”. Ratificó al abogado Luis Charró como único representante legal en el expediente. Destacó su enfoque en el trabajo para los clubes y la preparación nacional para “la Finalissima y el Mundial”.
A continuación, la AFA publicó un texto oficial. La institución ratificó que “no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado”. El escrito precisó que presentaron todas las declaraciones juradas y detalló que los montos retenidos “en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia”.
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La asociación apuntó contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), querellante en la causa. El comunicado acusó al organismo de promover la denuncia y de omitir la información al juez de que la norma estatal sobre los plazos de pago “es vigente y aplicable”. La AFA definió esta acción como el punto inicial del “irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución”.
La entidad remarcó que la denunciante aceptó la totalidad de los pagos y planes de deuda con la sola aplicación de intereses resarcitorios y “sin aplicar sanción punitiva alguna”. Por este motivo, le solicitaron al magistrado “la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida”.
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La llegada a tribunales
Tapia llegó a la sede de la justicia en lo Penal Económico en Avenida De los Inmigrantes 1950 a bordo de una camioneta Toyota SW4 blanca, y saludó a la guardia periodística que lo esperaba con un “buenos días” y un pedido de “no nos agolpemos”, pero no pudo evitar el tumulto en su ingreso al edificio.
De inmediato se dirigió a uno de los tres ascensores del hall central y subió al segundo piso, donde fue indagado por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Para la citación se montó un fuerte operativo de seguridad policial
Su indagatoria cerró la ronda de declaraciones ordenada en la investigación y Amarante quedará en condiciones de resolver las situaciones procesales de todos los acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación, entre ellos Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
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Su defensor Luis Charró asumió la semana pasada a horas de la citación original, ya que el presidente de AFA debía abrir la ronda de declaraciones, pero el cambio de abogado le permitió pedir prórroga y quedó último en el listado.
Su primer defensor fue el abogado Lucio Simonetti, quien presentó un recurso por inexistencia de delito y reclamó el sobreseimiento. El juez Amarante lo rechazó y siguió adelante con las indagatorias y ahora el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, que convocó a una audiencia el 18 de marzo próximo.
El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $ 19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social.
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En su indagatoria de ayer y por escrito el tesorero Toviggino pidió ser sobreseído porque sostuvo que no hubo delito y, en caso de serle rechazado este planteo, reclamó quedar comprendido dentro de la ley de Inocencia Fiscal. AFA regularizó su situación impositiva. Abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante, mencionó en su descargo.
El delito por el que se imputó a Tapia prevé penas de dos a seis años de prisión. El presidente de AFA está mencionado e investigado en otras causas penales pero quedó imputado formalmente por primera vez en esta investigación por retención de impuestos iniciada por denuncia de ARCA, querellante en el caso.
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