
El cierre del proceso judicial que investigó el presunto desvío de los fondos estatales destinados a la televisación de los partidos de fútbol se definió por la invalidez del planteo de la fiscalía. El Tribunal Oral Federal N° 1 publicó hoy los fundamentos de la sentencia absolutoria del caso Fútbol para Todos. Los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico explicaron que el alegato del fiscal resultó nulo. Sin una acusación válida, la ley impide dictar condenas.
La decisión exculpó a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto al ex coordinador del programa, Juan Mariotto. El fallo liberó de cargos a los ex dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura, Miguel Silva y Rubén Raposo. De igual modo, la absolución alcanzó a las autoridades de Futbolistas Argentinos Agremiados y de la Fundación “El Futbolista” -Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone, Raúl Pagano y Sergio Marchi-, al directivo de la firma automotriz IVECO Argentina S.A. Natale Rigano y a los empresarios financieros Eduardo Amirante, Jorge Galitis y Carlos Dávola.
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El expediente investigó el recorrido de los pagos realizados por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a la AFA entre los años 2009 y 2015. La denuncia original sostenía que el dinero no cumplió el objetivo de sanear la economía de los clubes. La investigación detalló el cambio de cheques de pago diferido en las entidades financieras Amigal y Climafin, con altas tasas de descuento que perjudicaban a las instituciones deportivas.
La causa abarcó el giro del 2% de los ingresos brutos a la Fundación “El Futbolista”. La instrucción precisó que parte de ese dinero estatal terminó atesorado en cajas de seguridad de los bancos Santander Río y HSBC. El secuestro judicial arrojó, a su vez, un total de U$S 2.191.811. Los investigadores detectaron saldos millonarios en cuentas corrientes del Banco Ciudad y plazos fijos. Otra porción de los fondos se utilizó para adquirir un inmueble en la calle Bernardo de Irigoyen por USD 1.040.000. La operatoria contempló diversos acuerdos de publicidad con IVECO, mediante los cuales la AFA cobró $ 4.000.000 al margen de las licitaciones estatales.
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En la etapa de los alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Osorio, pidió condenas para Fernández, Capitanich, Segura, Rigano, Pandolfi y Monteleone. Solicitó tres años de prisión condicional para Fernández, ocho meses de prisión condicional para Capitanich, dos años para Segura y Rigano, y un año para Pandolfi y Monteleone. Exigió además el decomiso de los activos incautados y la restitución de los montos millonarios a la asociación deportiva. Al mismo tiempo, requirió absolver a los otros ocho involucrados por considerar que no había pruebas suficientes para sostener la acusación en su contra.

Las defensas cuestionaron la exposición de la fiscalía. El abogado de Capitanich, Luis Sánchez, exigió la nulidad del alegato. Argumentó incongruencia entre los hechos originales y la conclusión. Afirmó que su defendido no podía comprender de qué se lo acusaba.
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Los magistrados dedicaron el texto de la sentencia a detallar las fallas del acusador. El fallo indica que el fiscal valoró la prueba de manera fragmentaria y sesgada. Los jueces advirtieron que el Ministerio Público ignoró elementos de descargo y modificó la base fáctica de los hechos imputados.
Uno de los cambios principales señalados en la resolución apuntó a la naturaleza del dinero. El fiscal sostuvo en el debate que los fondos transferidos perdían su carácter público al ingresar a las cuentas de la AFA. Esa premisa alteró de raíz la imputación original y suprimió la base para exigir a los exfuncionarios el control del destino final de los pagos. Los jueces remarcaron que el fiscal cambió a la víctima del delito a lo largo de su exposición. Pasó de considerar damnificado al Estado Nacional a ubicar en ese lugar a los clubes de fútbol de la Primera División.
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“El alegato del Ministerio Público Fiscal en el debate oral y público, con su repetida introducción de modificaciones sustanciales a la base fáctica oportunamente delimitada en la etapa crítica de la instrucción, torna que su acusación resulte inválida”, dictaminaron los magistrados. Explicaron que esas alteraciones impidieron el ejercicio de la defensa.
Ante la invalidez de la acusación, el tribunal declaró su nulidad absoluta. Los jueces precisaron que resultaba imposible retrotraer el proceso a instancias anteriores, ya que obligar a los imputados a soportar un nuevo juicio afectaría la prohibición constitucional del doble juzgamiento.
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Como decisión final frente a las absoluciones, los magistrados ordenaron el levantamiento inmediato de los embargos preventivos trabados sobre los bienes de los distintos acusados. En la misma línea, rechazaron los pedidos de decomiso y restitución de fondos dirigidos contra la Fundación “El Futbolista”, la AFA y la empresa automotriz. El tribunal oral cerró el documento tomando nota formal de las reservas presentadas por las partes durante los alegatos.
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