Este martes se reanuda el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, el expediente que analiza presuntos sobornos en la obra pública y que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La audiencia está programada para las 13:00. En el reinicio del debate, la fiscal general Fabiana León adelantó a Infobae que, si el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) no fija un cronograma para ordenar la continuidad del proceso, lo solicitará formalmente. “Si no lo proveen, lo pediré”, afirmó ante la consulta de este medio.
El proceso, que comenzó el 6 de noviembre pasado bajo modalidad virtual, ya dejó atrás la etapa de lectura de los requerimientos de elevación a juicio. El 30 de diciembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 finalizó esa instancia tras 13 jornadas y dio inicio a las cuestiones preliminares, centradas en los planteos de nulidad formulados por las defensas. Desde entonces, el debate gira en torno a la validez del proceso y aún no comenzaron las indagatorias.
El TOF 7 -integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli- escuchó durante las últimas audiencias los cuestionamientos de los abogados defensores, que apuntan al origen y desarrollo de la investigación. Los planteos incluyeron denuncias de supuestas irregularidades en la asignación del expediente, cuestionamientos al uso de la figura del imputado colaborador y objeciones sobre presuntas presiones para obtener declaraciones.
Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, sostuvo ante el tribunal que se trata de “un proceso nulo” y habló de un “engaño de origen” vinculado a un supuesto direccionamiento del caso. Otros abogados pidieron la nulidad “desde cero”, al sostener que el expediente habría estado viciado desde su inicio.
En esta etapa preliminar, el juicio no se concentra todavía en los presuntos pagos de coimas detallados en los cuadernos manuscritos del ex chofer Oscar Centeno, sino en la discusión sobre la legalidad del procedimiento que permitió llevar el caso a la instancia de debate oral.
La causa tramita bajo el expediente 9608/2018, caratulado “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita y otros”, y reúne el expediente principal y distintos tramos conexos vinculados a presuntas maniobras de recaudación ilegal en la obra pública.
Una vez que concluyan los planteos preliminares, el tribunal dará vista al Ministerio Público Fiscal y a la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF), para que respondan cada uno de los pedidos de nulidad. Luego, el TOF 7 deberá pronunciarse y definir si se avanza hacia la etapa de indagatorias.
En ese contexto, la fiscal Fabiana León anticipó que buscará imprimirle mayor celeridad al desarrollo del debate. Consultada por Infobae sobre si pedirá formalmente la fijación de un nuevo cronograma, respondió: “Si no lo proveen, lo pediré”. Ante la pregunta de si evalúa sugerir algún esquema específico o modificar la modalidad actual del juicio, agregó: “Podría ser cambiar a modo eficiente”.
Desde el inicio del juicio, el tribunal defendió el esquema virtual al señalar la complejidad logística de reunir a 87 imputados y sus respectivas defensas en forma presencial. Los magistrados explicaron que la modalidad remota se mantendrá mientras se desarrollen cuestiones preliminares. Las indagatorias, en caso de realizarse, podrían ser presenciales si los acusados deciden declarar.
La causa Cuadernos tiene como principal imputada a la ex jefa de Estado junto a otras 86 personas, entre ex funcionarios, empresarios y dos choferes. Entre los acusados se encuentran Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Nelson Lazarte, Rafael Llorens y José María Olazagasti, entre otros.
La ex presidenta cumple prisión domiciliaria en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, en el marco de la condena dictada en la causa Vialidad.
El requerimiento de elevación a juicio elaborado por la fiscal Fabiana León supera las 678 páginas. En ese documento se sostiene que la ex mandataria y otros funcionarios implementaron “un plan integral” destinado a organizar “una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
Según la acusación, el sistema de recaudación ilegal contó “con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”, y en uno de ellos “eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios”.
Como aún quedan planteos de defensas pendientes y falta el pronunciamiento de la fiscalía y la querella, no hay fecha definida para el inicio de la etapa probatoria. Tampoco está previsto cuándo podrían comenzar las indagatorias, si es que los imputados optan por declarar.
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