El Tribunal Oral Federal N° 3 rechazó los pedidos de suspensión de juicio a prueba -o probation- de Walter Quiroga y Brian Ortiz, dos acusados por los hechos ocurridos durante la protesta frente al Congreso del 12 de junio de 2024, en el marco del tratamiento de la Ley Bases. Como consecuencia de este fallo, los dos procesados deberán enfrentar un juicio oral y público.
La decisión del tribunal unipersonal, a cargo del juez Fernando Marcelo Machado Pelloni, remarcó que la probation “no es automática”, y para otorgarla se debe “ponderar circunstancias de tiempo, modo y lugar, como así también los márgenes jurídicos respecto de la solución del caso en consideración de la persona imputada”.
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Agregó también que aunque en situaciones excepcionales el consentimiento de los acusadores podría no ser indispensable, en estos expedientes tanto la querella como la fiscalía presentaron objeciones con fundamentación suficiente.
El Senado de la Nación -en su rol de querellante- había manifestado su oposición al beneficio para los dos casos, con el argumento de que el debate parlamentario se vio interrumpido por los incidentes en el perímetro del Congreso, con riesgo de suspensión.
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La abogada Mariela Andrea Cimolai sostuvo que los hechos atribuidos no podían quedar comprendidos dentro del ejercicio regular del derecho a la protesta porque, a su criterio, incluyeron violencia, daños, intimidación y afectación del funcionamiento de una institución democrática.
En referencia a Brian Ortiz, la fiscalía enfatizó que habría atacado a un oficial de policía que le estaba dando indicaciones.
Finalmente, pidió rechazar la suspensión del juicio a prueba porque priorizó el interés de que hubiera una sentencia que delimitase qué está permitido y qué no en una protesta social desde el punto de vista constitucional y penal.
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Antecedentes
Walter Gabriel Quiroga fue enviado a juicio como presunto autor de intimidación pública en concurso ideal con el delito de atentado contra la autoridad agravado.
Para obtener el beneficio procesal, su abogada Carolina Álvarez Di Pietro ofreció una reparación económica de $250.000 y planteó la posibilidad de realizar trabajos comunitarios en Cáritas u otra institución de bien público.
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La defensa explicó que Quiroga no tenía antecedentes penales y que la eventual pena podría ser dejada en suspenso.
En el caso de Brian Ezequiel Ortiz, también está acusado como presunto autor de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado.
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Su abogada, Myriam Espinoza, alegó que se reunían los requisitos formales para la suspensión del juicio a prueba, porque no registraba antecedentes penales que mostraran habitualidad delictiva.
Propuso entonces hacer trabajos comunitarios durante un año en la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda, en un dispositivo coordinado con el Patronato de Liberados, además de una reparación de $250.000.
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El 12 de junio de 2024 en el Senado se trataba la Ley Bases, que finalmente resultó aprobada con el desempate de votos de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En la calle, se registraron violentos incidentes con la intervención de las fuerzas de seguridad.
Durante el operativo hubo 33 detenidos, de los cuales 9 llegaron a juicio oral: Daniela Calarco Arredondo, Walter Quiroga, David Sica, Guillermo Domínguez, Nicolás Antonecchia, Roberto de la Cruz Gómez, Cristian Valiente, Héctor Mallea y Brian Ortiz.
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