Los supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, que dirige Claudio “Chiqui” Tapia, propietarios de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, sufrieron este jueves un revés judicial en su estrategia para intentar que la causa judicial en su contra siga en un juzgado federal de Campana y no vuelva a la ciudad de Buenos Aires.
La Cámara Federal de Casación cerró la puerta de llegada a la Corte Suprema de Justicia a Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes figuran como integrantes de la sociedad Real Central, compradora de la casaquinta y propietaria también de una flota de autos de lujo, entre otros bienes en la mira judicial.
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Los camaristas Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky declararon inadmisible el recurso extraordinario con que, además, los acusados habían reclamado que se frene una decisión sobre el cambio de juzgado, hasta que haya un fallo del máximo tribunal del país.
Para los jueces no hay arbitrariedad ni “defectos graves” en una decisión que firmaron ellos mismos en la cual anularon el pase del caso al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, y dispusieron que el conflicto vinculado a dónde debe seguir la investigación se resuelva en la Cámara en lo Penal Económico de CABA.
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Ante esta decisión, este último Tribunal de Apelaciones quedó ya en condiciones de resolver si confirma que la pesquisa siga en Campana, como pretenden los acusados, u ordena su vuelta al juzgado en lo penal económico 10 donde tramitó antes.
La casaquinta en un laberinto judicial
Se trata de la disputa que está pendiente desde enero, cuando la Cámara Federal de San Martín resolvió el pase de la investigación, por una cuestión de territorio, al juzgado federal de González Charvay, en Campana. Todas las propiedades bajo la mira judicial por presunto lavado de activos están en Pilar, jurisdicción de este magistrado, según se argumentó al aceptar un planteo de los acusados.
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La cuestión debería haberse resuelto con “celeridad”, según las directivas que dio Casación el 15 de mayo pasado. Ese día y a pedido de la fiscalía, el tribunal anuló el pase a Campana y decidió que el conflicto se resuelva en la Cámara en lo Penal Económico de CABA. Desde entonces no hubo definición. Se trata de decidir si la causa vuelve a CABA y a ese fuero especializado o sigue en Campana.
El tribunal de apelaciones ya tiene un dictamen del fiscal general Gabriel Pérez Barberá que postuló la vuelta de la causa al fuero penal económico.
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Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio recibieron un planteo de la defensa en el que se les reclamó no decidir hasta contar con una definición en la Corte sobre si estuvo bien o no el fallo de Casación que anuló el pase a Campana. Pero ahora se rechazó el recurso en esta instancia y sólo les quedaría ir en queja directa al máximo tribunal.
La causa ya pasó por tres jueces desde la denuncia inicial: primero estuvo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego en el penal económico 10 que por entonces subrogaba Marcelo Aguinsky y ahora está a cargo de Verónica Straccia y finalmente, a pedido de los acusados, quedó en Campana.
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Qué se investiga
La investigación intenta establecer si el predio y todo lo encontrado en su interior se compró en realidad con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Tapia, como parte de maniobras de supuesto lavado de dinero.
El predio de la casaquinta de Villa Rosa está valuado en 17 millones de dólares y a esto debe sumarse poco más de tres millones de una flota de autos de colección encontrada en el lugar. También tiene helipuerto y caballerizas.
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