Violencia de género, insultos y amenazas: piden juicio oral para un juez federal de La Pampa

El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación parcial a juicio de la causa que investiga al juez federal Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, acusado de imponer un régimen de violencia y hostigamiento contra su propio equipo de trabajo. El requerimiento, firmado por los fiscales Iara Silvestre y Federico Iparraguirre (Unidad Fiscal de Santa Rosa) junto al fiscal general Horacio Azzolin, describe un escenario de “terror manifiesto” donde el magistrado se valió de su jerarquía para cometer delitos de lesiones, amenazas y abuso de autoridad.

Según la acusación presentada el miércoles pasado, Díaz Lacava desplegó una conducta sistemática destinada a anular a sus subordinados. Los fiscales detallaron actos de “humillación, hostigamiento, descalificación, aislamiento, ninguneo, insultos y cosificación”. Esta violencia, de acuerdo a la imputación, no distinguía género, aunque en el caso de las cuatro mujeres damnificadas, los hechos se agravaron por desarrollarse en un contexto de violencia de género.

“Códigos de imposible comprensión” y violencia física

El escrito de la fiscalía expone situaciones insólitas dentro de un tribunal federal. Se acusa al juez de asignar tareas de forma confusa deliberadamente, de burlarse de su personal y de establecer “códigos de imposible comprensión” impuestos solo para marcar su poder. A esto se sumaba la violencia física contra objetos -golpes a muebles o portazos- que funcionaba “a modo de amedrentamiento” para mantener al equipo en un estado de alerta constante ante el posible estallido de una agresión.

Entre las prácticas denunciadas figuran el bloqueo de iniciativas laborales, la amenaza constante de iniciar sumarios administrativos infundados y la táctica de “hacer el vacío” a ciertos empleados para aislarlos del resto.

Los hechos imputados abarcan una franja temporal extensa: comenzaron en diciembre de 2012, cuando Díaz Lacava asumió en el tribunal, y continuaron incluso después de la denuncia penal formulada en 2023.

La defensa política

Mientras la causa penal avanza hacia el debate oral, Díaz Lacava enfrenta en simultáneo un pedido de juicio político por mal desempeño. De hecho, este martes el juez protagonizó un tenso descargo ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde intentó desarticular las graves acusaciones en su contra con una estrategia arriesgada: admitir los hechos, pero cambiarles el significado.

Frente a los consejeros, el magistrado no negó la existencia de los episodios denunciados, pero buscó bajarles el precio. Calificó sus acciones -como arrojar objetos o simular fusilamientos verbales- como “bromas impropias” derivadas de un estilo de conducción particular, negando cualquier intencionalidad violenta. En su defensa, apeló a la teoría del “complot”: sostuvo que es víctima de una maniobra orquestada por sus propios empleados y por sus colegas del tribunal para desplazarlo del cargo.

Desobediencia y retardo malicioso

Sin embargo, la fiscalía ve en su conducta delitos concretos, no bromas. La gravedad del caso escaló cuando el juez decidió ignorar las órdenes de sus pares. Los fiscales recordaron que Díaz Lacava desobedeció una orden judicial dictada en abril de 2023 que le prohibía acercarse a menos de 50 metros de las víctimas y del tribunal.

Además, se le imputa haber incurrido en “retardo judicial malicioso” en cuatro ocasiones. Según la acusación, utilizó audiencias orales y correos electrónicos oficiales no para trabajar, sino “para amedrentar a las víctimas y entorpecer la investigación en su contra”, paralizando de hecho el funcionamiento del tribunal.

Otro episodio que ilustra el desmanejo ocurrió en marzo de 2023, durante una quema de efectos secuestrados. Allí, el juez habría ordenado al personal del horno pirolítico incinerar elementos que no eran aptos ni seguros para ese tipo de instalación, impartiendo órdenes contrarias a la ley.

Una denuncia interna que rompió el silencio

La causa penal se inició el 19 de abril de 2023, cuando los propios trabajadores se animaron a denunciar. Describieron al juez como una persona de carácter “dominante e intempestivo”. Lo llamativo es que la presentación fue acompañada por sus colegas de tribunal, los jueces Marcos Javier Aguerrido y José Mario Tripputi, quienes respaldaron a las víctimas, desmintiendo en los hechos la teoría del complot esgrimida por el acusado ante el Consejo.

En sus testimonios, los empleados explicaron que soportaron años de maltrato por miedo a perder su carrera y su sustento, sintiéndose a veces “cómplices involuntarios” del accionar del magistrado. El daño psíquico fue corroborado por peritajes del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección de Acompañamiento a las Víctimas (DOVIC). Los fiscales adjuntaron registros audiovisuales de las declaraciones para que el tribunal dimensione “el hondo pesar, miedo, angustia y desesperación” que atraviesan los denunciantes.

Procesamiento y embargo millonario

Cabe recordar que en noviembre de 2024, el Juzgado Federal de Santa Rosa procesó a Díaz Lacava sin prisión preventiva y le trabó un embargo de 100 millones de pesos. Esa decisión fue confirmada en junio de 2025 por la Cámara Federal de Bahía Blanca y ratificada parcialmente por la Casación.

Ahora, los fiscales piden que responda en juicio oral por los delitos de amenazas (simples y agravadas), lesiones (leves y graves, una de ellas por inutilizar a una trabajadora por más de un mes), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Quedaron fuera de este requerimiento dos hechos aún en disputa legal: la orden de desmantelar un vehículo oficial y el episodio en el que habría arrojado una piedra a una oficina para luego entrar riendo. Sobre estos puntos, la fiscalía decidió esperar a que se resuelva la instancia de apelación pendiente, aunque para el Consejo de la Magistratura esos mismos hechos son materia de análisis para su posible destitución.