“Broma impropia” y complot: la insólita defensa de un juez procesado por violencia

La escena que se vivió este martes en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura rozó el surrealismo institucional. Sentado frente a los consejeros que deben decidir su futuro, el juez Pablo Díaz Lacava -integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa- intentó desarticular las graves acusaciones en su contra con una estrategia arriesgada: admitir los hechos, pero cambiarles el significado.

Díaz Lacava llegó a la audiencia en una situación de extrema debilidad jurídica. No solo enfrenta un pedido de juicio político por mal desempeño; en paralelo, la justicia penal ya lo procesó por amenazas, lesiones y violencia de género, y pesa sobre él una orden de restricción que le prohíbe el contacto con los empleados de su propio juzgado. Es decir, un juez que no puede pisar su lugar de trabajo para no cruzar a sus presuntas víctimas.

La teoría de la “broma”

Asistido por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el magistrado buscó transformar un expediente cargado de testimonios sobre hostigamiento y toxicidad laboral en un relato de “malentendidos” y “conflictos de oficina”.

El punto más álgido de su exposición llegó cuando debió explicar uno de los episodios más violentos que constan en la causa: el momento en que arrojó una piedra desde la calle contra la ventana de un primer piso donde trabajaba un secretario.

Lejos de negar el hecho -ocurrido en 2021-, Díaz Lacava lo reconoció, pero lo relativizó. Lo definió como una “broma impropia”, despojada de cualquier intención de causar daño o temor. Según su versión, fue un error de cálculo en una relación que él consideraba de confianza, y aseguró que el episodio quedó “superado” al punto de que, tiempo después, le ofreció a ese mismo funcionario llevar a su hijo de vacaciones.

“Amistad” y conspiración

Ese fue el eje rector de su defensa: la negación de la violencia sistemática. Para contrarrestar los 27 testimonios y los informes médicos que hablan de un ambiente de terror psicológico, el juez describió un vínculo “fraternal” y “amical” con sus denunciantes.

Habló de cenas familiares, viajes compartidos y gestos de camaradería que, a su juicio, son incompatibles con la figura de un acosador. En esa línea, cuestionó ante los consejeros cómo podría sostenerse la existencia de una conducta violenta si uno de los secretarios llegó a confiarle el traslado de su hijo a la Costa.

Para Díaz Lacava, las denuncias no son la expresión judicial de empleados sometidos, sino el resultado de una maniobra interna orquestada por secretarios y otros jueces para desplazarlo, motivada por celos profesionales, disputas por nombramientos y resistencias a su estilo de trabajo.

Las explicaciones caso por caso

El magistrado también ofreció justificaciones para otros hechos puntuales que integran el dictamen acusatorio del diputado Álvaro González:

• El “calabozo” de cristal: Negó haber encerrado o privado de la libertad a dos secretarios en su despacho. Su coartada fue arquitectónica: alegó que las paredes del tribunal son de vidrio y que un hecho así habría sido visto por todos.
• Religión y fútbol: Rechazó haber revoleado un crucifijo en un ataque de ira (apeló a su fe católica y la educación de sus hijos) y justificó el retiro violento de un televisor argumentando que era un efecto decomisado al narcotráfico que la guardia usaba indebidamente para mirar partidos.
• Violencia de género: Sobre el presunto maltrato a una empleada en periodo de lactancia, aseguró que los gritos no eran para ella, sino para sus superiores, por no garantizar condiciones edilicias dignas.

Tiempo de descuento

El descargo de ayer marcó el cierre de la etapa defensiva. Ahora, el Consejo de la Magistratura queda frente a una disyuntiva de gran alcance.

Por un lado, tiene el relato de un juez que habla de bromas pesadas y conspiraciones. Por el otro, un expediente penal avanzado, procesamientos confirmados y un dictamen disciplinario que describe un patrón de conducta incompatible con la magistratura. Con la acusación formal casi lista para ser votada, Díaz Lacava quedó a un paso de la suspensión y el juicio político.