Condenaron a 18 años de prisión al ex juez Walter Bento por corrupción judicial

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza condenó a Walter Ricardo Bento a 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa superior a los 540 millones de pesos, al considerarlo jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales en causas penales bajo su cargo. La decisión puso fin al juicio de cesura abierto tras el veredicto de culpabilidad dictado el martes pasado.

En rigor, por unanimidad se declaró a Bento, de 63 años, responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda y en ejercicio de su función pública, falsedad ideológica en dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.

Además, el pedido de su defensa para purgar la pena en prisión domiciliaria fue diferido por el tribunal, por lo que será analizado más adelante. El exjuez seguirá así detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo. En tanto, su esposa Marta Boiza recibió una condena 6 años de cárcel tras ser hallada culpable por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Uno de los hijos del matrimonio, Nahuel Agustín Bento Boiza, recibió una condena de cinco años de prisión, también por lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda.

El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza, que durante esta última etapa del proceso determinó el monto de las penas y la modalidad de cumplimiento para los 17 imputados hallados responsables en la megacausa por corrupción judicial que sacudió a la provincia de Mendoza.

El juicio oral se desarrolló ante el Tribunal 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá Rivas. El debate comenzó en julio de 2023 y se extendió por más de 130 audiencias, con la declaración de alrededor de 300 testigos y el análisis de un voluminoso cuerpo de prueba documental y digital.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron la fiscal general María Gloria André, el fiscal general Dante Vega, y los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Diego Velasco y Laura Roteta. La acusación sostuvo que Bento ocupó un rol central e insustituible dentro de una estructura criminal estable, con división de roles y permanencia en el tiempo, orientada a obtener dinero y bienes a cambio de decisiones judiciales ilegítimas.

Según se tuvo por acreditado en el veredicto, la organización funcionó al menos desde 2007 y operó principalmente en expedientes complejos -entre ellos causas por narcotráfico y contrabando- tramitados en el juzgado a cargo de Bento. El mecanismo incluía el cobro de sobornos para otorgar libertades, morigeraciones de prisiones preventivas, recalificaciones legales, faltas de mérito o sobreseimientos. De acuerdo con la estimación de la fiscalía especializada, el circuito de coimas habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, además de bienes muebles e inmuebles.

Bento fue declarado culpable por asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo, enriquecimiento ilícto, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba, entre otros delitos. El tribunal consideró probado que el exmagistrado definía las estrategias, autorizaba los beneficios procesales, fijaba los montos a cobrar y ordenaba el curso de las maniobras, apoyado por abogados, intermediarios y contactos en el ámbito policial.

En cuanto al capítulo patrimonial, las juezas tuvieron por acreditado un entramado familiar destinado a ocultar y legitimar el origen ilícito de los fondos, mediante operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y otras inversiones.

Durante la audiencia de cesura, todas las defensas expusieron sus pedidos antes de la decisión final. La fiscalía había solicitado 18 años de prisión efectiva para el exjuez, además de la inhabilitación perpetua y una multa millonaria. La defensa de Bento reclamó una reducción sustancial de la pena y pidió prisión domiciliaria, invocando razones familiares vinculadas al cuidado de su hijo con discapacidad. También se escucharon los planteos de las defensas de los restantes condenados.

En sus últimas palabras, previas a la imposición de las penas, Nahuel Bento expresó: “En el uso de estas últimas palabras de esta audiencia de cesura, simplemente quiero decirles que este proceso ha arruinado mi vida; permítanme rehacerla”. Por su parte, su padre, el exjuez, sostuvo: “De todo lo que acabamos de escuchar se evidencia una causa trágica que ha mellado no solamente a quienes estamos imputados sino a nuestros núcleos familiares. Como confío en la justicia, solamente tengo para decir que voy a seguir luchando, que no voy a bajar los brazos”.

Bento había asumido al frente del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, con competencia penal y electoral, en septiembre de 2006, tras un concurso. El juzgado se encontraba vacante desde 2002. Su nombramiento se produjo durante el gobierno de Néstor Kirchner. La investigación que derivó en la megacausa se reactivó en marzo de 2020, cuando una pesquisa por narcotráfico a cargo del Ministerio Público Fiscal reveló comunicaciones en las que se aludía al “juez”, al “número uno” o al “gran jefe”, en presunta referencia al entonces magistrado.

Con la lectura de la sentencia de cesura, el Tribunal Oral Federal N° 2 dio por concluida la etapa de determinación de penas. Los fundamentos completos del veredicto serán dados a conocer en una resolución posterior.

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