Causa ANDIS: seguirá preso Miguel Ángel Calvete, mientras en Comodoro Py se define su procesamiento

El supuesto “jefe paraestatal” de la ANDIS, Miguel Ángel Calvete, continuará detenido por la causa de explotación de la prostitución ajena en la que fue condenado. La Cámara Nacional de Casación rechazó todos sus intentos para ser excarcelado, y este miércoles clausuró definitivamente la posibilidad de que recupere su libertad en esta instancia del proceso.

El empresario y ex representante de los supermercados chinos está entre los principales acusados en el expediente que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian. De todos, es el único que está en prisión.

En Comodoro Py, el juez federal Sebastián Casanello ya indagó a todas las personas que figuran -de momento- en la lista de imputados y está en condiciones de definir sus procesamientos o sobreseimientos.

En paralelo, el magistrado tiene pendiente ordenar el peritaje de los audios de Spagnuolo, algo que exigió la Cámara Federal porteña para “establecer su origen y veracidad”.

Calvete y la cárcel

Los jueces Gustavo Bruzzone y Daniel Morin, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, desestimaron el planteo que presentaron los abogados de Calvete para sacarlo de prisión, algo que viene siendo rechazado desde primera instancia.

El Tribunal Oral Criminal N° 8, que en 2019 lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, ordenó la detención cuando Calvete fue allanado por la causa ANDIS.

Luego ese mismo Tribunal rechazó la excarcelación, decisión que fue apelada por la defensa ante la Casación Nacional. Quien lo representa legalmente y llevó adelante estos trámites es Ernesto Camilo Cordero Fabbri, quien por entonces era el funcionario de la Oficina Anticorrupción encargado del área de Admisión y Derivación de Denuncias. Renunció al cargo ante la evidente incompatibilidad de sus tareas.

La Sala de Turno declaró inadmisible el recurso de casación que presentó la defensa de Calvete, a lo que los abogados respondieron con un recurso de inconstitucionalidad.

Esa última apelación es la que ahora los jueces Bruzzone y Morin declararon abstracta. Para comprender la decisión actual, hay que observar lo ocurrido el 4 de diciembre en la Corte Suprema de Justicia, que intervino sobre la condena de Calvete y sus cómplices.

El máximo tribunal desestimó los recursos de hecho presentados por las defensas técnicas. Estas apelaciones directas buscaban atacar la sentencia condenatoria dictada contra el acusado. Así, el fallo que lo declaró culpable quedó firme, y por ende también la decisión de que cumpla la pena en la cárcel.

Como la discusión sobre la culpabilidad y la condena se cerró definitivamente, el argumento de que existían procesos en trámite ante la Corte desapareció. Esa cuestión era el pilar que sostenía la estrategia de la defensa para pedir la libertad.

Su rol en la causa ANDIS

Calvete era un hombre que frecuentaba los medios de comunicación: durante años fue vocero de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo y también concejal de Cambiemos en La Matanza, entre 2015 y 2019.

Soterradamente, Calvete habría sido el lobista que manejaba los hilos de la corrupción en la ANDIS. Así lo sostiene el fiscal federal Franco Picardo, a cargo de la investigación.

La investigación judicial lo ubicó como el “jefe para-estatal” del organismo que, sin tener un cargo público designado, montó una estructura paralela para direccionar compras millonarias de medicamentos y prestaciones, garantizando negocios para sus propias empresas y las de sus socios, a cambio de retornos económicos ilegales.

Para la acusación, Calvete era un articulador entre el sector privado y los funcionarios públicos. Tenía influencia directa sobre las máximas autoridades de la Agencia, incluyendo al entonces Director Ejecutivo, Diego Spagnuolo, y al encargado de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini.

Las pruebas recabadas por el fiscal Picardi sugieren que daba instrucciones sobre qué expedientes debían avanzar, a qué droguerías se debía pagar y cuáles debían ser postergadas. Las reuniones para definir estos movimientos no ocurrían en oficinas oficiales, sino en su domicilio particular de la calle Defensa o en bares de la zona sur de la ciudad.

La ANDIS habría operado con un esquema de “cartelización”, en el que Calvete decidía los ganadores de las compulsas de precios, muchas veces simulando competencia entre empresas amigas o controladas por el mismo grupo. En los allanamientos realizados en su vivienda, la Justicia secuestró cuadernos con anotaciones manuscritas que detallaban porcentajes, repartos de dinero y listas de personas bajo el rótulo de “Círculo Tuco”, lo que evidenciaría la contabilidad paralela de la organización.

Para asegurar el control dentro del organismo estatal, Calvete habría puesto a personas de su extrema confianza en puestos clave. Dos nombres resuenan en el expediente: Eduardo Nelio González, conocido como “Pino”, y Lorena Di Giorno. Estos agentes -que están imputados y fueron indagados- habrían operado como sus alfiles dentro de la ANDIS.

El entramado familiar también alcanza a su hija, Ornella Calvete, quien se desempeñaba como funcionaria en el Ministerio de Economía. Le secuestraron 700.000 dólares en efectivo cuando allanaron su departamento.