Sobreseyeron a Luana Volnovich en una causa por sobreprecios en la compra de medicamentos oncológicos

El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a la exdirectora del PAMI, Luana Volnovich, y a una serie de funcionarios y empresarios que estaban involucrados en una causa por presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos oncológicos. El expediente se archivó y no habrá apelación ante la Cámara Federal porteña, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

El caso se había iniciado a principios de 2025 a partir de una denuncia de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.

A partir de pedidos de acceso a la información pública, se detectaron “diferencias sustanciales” entre los precios abonados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) durante el año 2023 y los valores de mercado de ocho medicamentos específicos.

Se trataba de medicaciones compuestas por principios activos como anastrozol, ciclofosfamida, letrozol, docetaxel, bevacizumab, rituximab, enzalutamida y erlotinib, destinadas al tratamiento de enfermedades oncológicas.

Así, el fiscal federal Ramiro González inició una investigación sobre Volnovich, los funcionarios responsables de la Agrupación de Colaboración Empresaria para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncológica) y los responsables de los laboratorios Elea Phoenix SA, GP Pharm SA, Kemex SA, Biosidus SAU y Raffo SA.

ACE Oncológica tiene a cargo la coordinación de la entrega de medicamentos entre droguerías y farmacias, recolectar recetas y remitos, monitorear el stock y coordinar contratos adjudicados, entre otras funciones. El procedimiento de adquisición de los medicamentos se realiza mediante cheque o transferencia del PAMI a ACE, que luego distribuye los montos y debe entregar los comprobantes correspondientes.

Durante el año 2023, el PAMI adquirió 211.966.441 unidades de medicamentos ambulatorios por un total de $421.608.229.276 a través del sistema de convenio marco. Además, se obtuvieron 1.178.974 unidades de tratamientos especiales por un total de $112.079.605.049.

En cuanto a las licitaciones públicas gestionadas en 2022 para medicamentos abonados en 2023, se adquirieron 986.116 medicamentos por $12.274.411.280.

En su denuncia, Elisa Carrió señaló inconsistencias en los desembolsos al entender que, contrariamente a la lógica económica que indicaría precios más bajos por convenio marco, los resultados de las adquisiciones de 2023 mostraban lo opuesto.

Presentaron ejemplos de situaciones en las que el PAMI habría pagado precios muy superiores a los del mercado. Por ejemplo, el laboratorio GP Pharm colocó 1098 unidades de anastrozol de 1 mg en el cuarto trimestre de 2023 a $13.192 la unidad por convenio marco, mientras que el mismo producto se adquirió a $924 la unidad mediante licitación pública. Situaciones similares se observaron con ciclofosfamida y letrozol.

Para profundizar la investigación, el fiscal González solicitó información a la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria (DINADIC) y al PAMI sobre las adquisiciones cuestionadas.

Luego de más de un año de averiguaciones, a principios de este mes el acusador público pidió el sobreseimiento de los imputados y el archivo de la causa.

El fiscal sostuvo que no se verificaron las irregularidades descriptas en la denuncia. En su dictamen, explicó que el PAMI utiliza dos modalidades de contratación para medicamentos oncológicos: el Reglamento de Compras y Contrataciones (licitaciones públicas) y el Convenio Marco de Adhesión.

Esa segunda opción, según dictaminó González, está prevista para “situaciones tales como falta o demora prolongada” en la entrega de los medicamentos, cuando se torna imperativo “no frustrar la continuidad del tratamiento del afiliado a efectos de garantizar su derecho a la salud”.

Además, el representante fiscal indicó que las condiciones comerciales, altas de productos, actualizaciones de precios y descuentos aplicables a las drogas adquiridas por convenio se fijan “ex ante”, lo que impide que el precio se establezca de manera discrecional en cada operación.

“No ha existido ningún tipo de ardid o engaño por parte de los laboratorios aquí denunciados”, tampoco “se advierte alguna conducta defraudatoria por parte de los administradores” de ACE Oncológica, ni se pudo probar que Luana Volnovich “haya incumplido sus deberes de funcionaria pública al momento de llevarse a cabo las contrataciones cuestionadas”, dictaminó el fiscal González.

Caída la acusación del Ministerio Público, el juez Ramos no tuvo más que sobreseer a los imputados y archivar la causa. Con esta postura del fiscal, el caso tampoco llegará en apelación a la Cámara Federal y, por ende, los sobreseimientos quedarán firmes.