Más buques cruzan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo y los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán

El estrecho de Ormuz, cerrado al tráfico internacional desde el 28 de febrero pasado como represalia iraní por los ataques militares de Estados Unidos e Israel, registra una reactivación cautelosa del tránsito de buques no vinculados a Irán. Datos de la firma de inteligencia marítima Lloyd’s List Intelligence divulgados el jueves muestran que más embarcaciones de terceros países han comenzado a cruzar la vía en las últimas semanas, aunque la tensión militar y las nuevas sanciones estadounidenses mantienen la situación en un equilibrio frágil.

Antes del conflicto, unos 138 buques cruzaban diariamente el estrecho, por el que transita en condiciones normales alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercializa a escala mundial. El cierre decretado por Teherán ha generado una de las disrupciones más graves en los mercados energéticos globales en décadas, con cerca de 1.550 buques bloqueados en el Golfo y unos 22.500 marineros atrapados a bordo.

Las travesías de petroleros de gran capacidad —conocidos como VLCC, por sus siglas en inglés— son las que muestran una recuperación más notable. De los 27 registrados por la firma de análisis Kpler desde el inicio del conflicto, más de la mitad completaron su paso durante mayo. Entre el 20 y el 26, cinco de estos cargueros salieron del Golfo por el estrecho. Tres tienen China como destino declarado: el Eagle Veracruz, de bandera singapurense, y el Eagle Verona y el Yuan Gui Yang, ambos bajo pabellón chino. El Universal Winner navega hacia Corea del Sur, mientras el Nissos Keros, registrado en las Islas Marshall, se dirige a India. Según Lloyd’s List Intelligence, China, Corea del Sur, India y Japón negociaron directamente con el gobierno iraní para garantizar el paso seguro de sus embarcaciones.

Ese esquema de tránsito coordinado choca de frente con la respuesta de Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), el organismo creado por Teherán para gestionar la navegación en el estrecho y cobrar peajes a los buques que lo crucen. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la medida como una respuesta al intento iraní de “extorsionar el comercio marítimo mundial”. Washington incluyó a la PGSA en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y amenazó con sanciones secundarias a cualquier empresa o gobierno que abone las tasas exigidas por Teherán, que según distintos informes pueden alcanzar los dos millones de dólares por travesía.

La presión iraní en el estrecho tampoco es solo burocrática. La televisión estatal IRIB informó el jueves que fuerzas de la Guardia Revolucionaria dispararon contra cuatro buques que intentaron cruzar la vía sin autorización. Los incidentes se producen en un momento en que ambas partes se acusan mutuamente de violar una tregua en vigor. Desde el inicio del conflicto se han registrado al menos 44 incidentes confirmados contra buques comerciales e infraestructuras marítimas en la zona.

Estados Unidos mantiene operaciones militares activas en el estrecho. El martes, el Mando Central (CENTCOM) informó de que eliminó dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria que colocaban minas en la vía y también atacó una batería de misiles superficie-aire en la ciudad portuaria de Bandar Abbas. Desde el 13 de abril, Washington mantiene además un bloqueo naval contra los puertos iraníes, decretado tras el fracaso de las negociaciones de paz celebradas en Islamabad.

La reaparición de buques de terceros países en el estrecho refleja la presión económica que el cierre ejerce sobre las economías importadoras de energía, dispuestas a asumir riesgos y costos elevados antes de prolongar la parálisis indefinidamente. Para los analistas, sin embargo, la combinación de disparos iraníes, sanciones estadounidenses y ausencia de acuerdo diplomático hace que cualquier normalización duradera del tráfico siga dependiendo de una resolución política que aún no está a la vista.