Renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que ejerce como abogado de uno de los apuntados en la causa ANDIS

Luego de que se hiciera público su trabajo como abogado defensor de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales apuntados en la causa ANDIS, Camilo Cordero Fabbri renunció a su cargo como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción (OA).

Según le indicaron fuentes del Gobierno a Infobae, al advertir que defiende a Calvete en otra causa por explotación de la prostitución, por la cual está detenido, se le dio a elegir entre su cargo en el Estado o la presentación de su renuncia para seguir con su actividad privada.

Desde el Gobierno aclararon que si bien “tenía profesión libre”, “no puede actuar en casos de corrupción”, por lo cual “la OA no iba a permitir que siguiera en esa situación”.

Cordero Fabbri representa legalmente a Calvete en la causa por explotación de la prostitución ajena en la que fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal Oral Criminal 4 a cuatro años de prisión. Además, si bien no figura como abogado, también fue quien se presentó durante los allanamientos a quien es apuntado como lobista entre el sector privado y la ANDIS, y que fue calificado por la acusación como “jefe paraestatal” del organismo. Los empleados del acusado tenían instrucciones de llamar al funcionario de la OA en caso de que se realizara un procedimiento de ese tipo.

El abogado que ahora eligió a su profesión por sobre el Estado fue nombrado coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. En principio, el nombramiento era por solo 180 días.

De qué acusan a Calvete en la causa ANDIS

En su dictamen acusatorio, el fiscal Franco Picardi ubica a Calvete como una de las cabezas del entramado delictivo, vinculado a la Droguería Profarma SA y gestor de contratos y pagos a droguerías sin ser parte de la estructura de ANDIS.

Se determinó que Calvete “es una persona vinculada a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A”.

Además, tenía “vinculaciones e influencia directa” con el ex titular del organismo Diego Spagnuolo y otro funcionario del organismo Daniel María Garbellini, a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por sobre todas las cosas, remarca la fiscalía, el imputado fue una de las personas que dieron indicaciones dentro del organismo sin ser un funcionario designado, sino un proveedor de la agencia.

“Logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada durante el periodo bajo estudio”, coordinó pagos y gestionó cobros para otras droguerías y firmas del rubro, como por ejemplo Laboratorio Ortopédico Sagues S.R.L., Grupo Alemana y MED-EL Latinoamerica, enumera la acusación fiscal.

De este modo, su rol “era el de fungir como conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud. A su vez, fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos/as funcionarios/as de ANDIS”, detalla el dictamen del fiscal.

Según la fiscalía, el monto del desvío se estima en 37 mil millones de pesos. El operativo judicial incluyó el secuestro de dinero en efectivo y bienes, entre ellos, los 700 mil dólares encontrados en la casa de Calvete. Sin embargo, por el momento se negó a declarar.

Picardi se mostró muy interesado en ver los cuadernos escritos por Calvete, donde para la investigación se encuentra detallado todo el tramado de corrupción que se habría armado detrás de la Agencia de Discapacidad.