El fiscal federal Carlos Stornelli adhirió este lunes al pedido formulado por las asociaciones querellantes para que la Justicia argentina active el procedimiento de extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos y tiene vigente una orden de captura internacional dictada por los tribunales federales de Comodoro Py.
La presentación fue realizada en el expediente CFP N° 2001/2023, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, y se suma a la reciente solicitud presentada por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambas asociaciones querellantes en la causa.
En su escrito, Stornelli sostuvo que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, y recordó que sobre el mandatario venezolano “pesa un llamado de V.S. a prestar declaración indagatoria, con orden de detención vigente, todo ello en virtud de la manda de la Excma Cámara de Apelaciones del Fuero”.
Frente a este panorama, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 destacó que su planteo representaba “una cuestión urgente en virtud del aludido estado de detención”, por lo que formuló su adhesión al escrito de los querellantes “solicitando que se inicie (...), el procedimiento de extradición activa respecto Nicolás Maduro Moros, a los fines de que sea sometido al presente proceso”.
La solicitud se inscribe luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informara este sábado por la madrugada que Maduro fue capturado y retirado de Venezuela. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió el mandatario en un mensaje difundido a través de la red social Truth Social.
Según informaron las autoridades norteamericanas, Maduro enfrenta desde 2020 cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ese tipo de armas contra los Estados Unidos. En ese país, las imputaciones prevén penas que van desde los veinte años de prisión hasta la cadena perpetua.
En paralelo, la causa que tramita en Comodoro Py investiga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales argentinos a intervenir con independencia del lugar de comisión de los hechos y de la nacionalidad de las víctimas o de los imputados. En el expediente también se encuentran imputados otros altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Diosdado Cabello, además de militares y agentes de inteligencia.
La orden de captura internacional contra Maduro fue dictada en septiembre de 2024, luego de que la Cámara Federal porteña ordenara avanzar con la investigación y evaluara la adopción de medidas cautelares para asegurar la sujeción de los imputados al proceso. En ese marco, el juez Ramos dispuso su citación a declaración indagatoria y la emisión del pedido de detención.
El expediente incorpora informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentaron casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado venezolano desde 2014, así como testimonios directos de víctimas que declararon ante la Justicia argentina.
La solicitud de extradición deberá canalizarse por la vía diplomática, conforme al procedimiento previsto por la normativa de asistencia jurídica internacional y los tratados vigentes entre la Argentina y los Estados Unidos. En ese marco, será la Cancillería la encargada de gestionar ante las autoridades estadounidenses el eventual traslado del imputado, una vez cumplidas las etapas formales del trámite.
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