Tras su captura en Caracas, este sábado ingresó en los tribunales federales de Retiro un pedido para que Nicolás Maduro sea extraditado desde Estados Unidos hacia la Argentina, para ser detenido e indagado por delitos de lesa humanidad. El juez federal Sebastián Ramos tiene a cargo un expediente en el que también están involucrados Diosdado Cabello y otros dirigentes del régimen venezolano.
La solicitud a la Justicia argentina la formularon el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, como representantes del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambas asociaciones querellantes en la causa que tramita en Comodoro Py.
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El juez Ramos ya había ordenado la captura internacional de Maduro en septiembre de 2024, vía Interpol. Desde entonces busca indagarlo, junto al resto de los imputados, por las torturas, secuestros, ejecuciones y otros vejámenes cometidos contra el pueblo venezolano.
La querella consideró que ahora, con el exdictador detenido, es momento de que el magistrado a cargo de la causa active los mecanismos diplomáticos necesarios para que Estados Unidos priorice la orden de captura pendiente en los tribunales porteños y así el ex mandatario venezolano sea juzgado en territorio nacional.
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La solicitud, a la que tuvo acceso Infobae, surgió inmediatamente después de conocerse la noticia sobre la captura del líder chavista por parte de fuerzas estadounidenses.
Los denunciantes, quienes actúan en nombre de las víctimas, sostuvieron en su escrito que las pruebas recabadas durante los últimos años “permitieron acreditar en forma inexorable las desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones ordenadas por el régimen que dirige Nicolás Maduro Moros”.
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Frente a la noticia que dio la vuelta al mundo, los representantes de FADER y FADD solicitaron que se remitan copias de las órdenes de detención vigentes directamente al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El procedimiento estipulado por la ley de asistencia jurídica internacional prevé que este tipo de reclamos deben canalizarse siempre por la vía diplomática.
De este modo, la Cancillería argentina tendría la responsabilidad de gestionar ante las autoridades de los Estados Unidos la entrega del acusado, amparándose en los tratados internacionales suscritos entre ambas naciones para estos casos.
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La causa
Maduro, Diosdado Cabello -ex vicepresidente, actual ministro del Interior- y otros 14 militares y policías venezolanos están sometidos a proceso en la Argentina bajo el principio de Jurisdicción Universal, derivado del artículo 118 de la Constitución Nacional, el cual permite juzgar crímenes de esta índole independientemente del lugar donde se cometieron.
Uno de los imputados mantiene una intensa actividad en la causa: Justo José Noguera Pietri, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana que estuvo a cargo de la represión de las primeras manifestaciones contra Maduro en 2014. Luego fue gobernador del Estado de Bolívar, entre 2017 y 2021.
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A través de su defensor Fernando Sicilia, este ex funcionario del régimen interpuso a lo largo de todo el 2025 una cadena de planteos para intentar revertir su orden de detención, apartar a jueces y lograr nulidades. Si bien ninguno de estos recursos prosperó definitivamente, algunos todavía están en trámite y deberán ser revisados luego de la feria judicial por la Cámara Federal de Casación Penal.
En agosto pasado, la Sala II del máximo tribunal penal del país había ordenador rever la resolución judicial que rechazó la exención de prisión solicitada por la defensa de Noguera Pietri y que, a su vez, se había negado a tratar el planteo de nulidad de la causa por falta de jurisdicción. Lo que está en discusión ahora es qué jueces deben volver a pronunciarse sobre esta cuestión.
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La acusación contra el dirigente chavista sostiene que comandó a la GNB cuando esta fuerza perpetró, de manera sistemática, crímenes contra la población civil: reprimir, detener, torturar y ejecutar a manifestantes pacíficos.
En la causa que lleva adelante el juez Ramos hay pruebas sobre su participación en la detención del dirigente opositor Leopoldo López, un caso emblemático. Fue encerrado el 18 de febrero de 2014 y, según declaró, pasó más de tres años de “tormentos” mientras estuvo privado de su libertad.
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