La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó este martes una inhibición presentada por el juez Daniel Petrone para intervenir en el expediente que debate dónde seguirá la investigación por la casaquinta de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA.
La decisión fue firmada por los jueces Javier Carbajo y Angela Ledesma, quienes hicieron lugar al planteo. El juez Petrone invocó “cuestiones de decoro” debido a que conoce a un imputado en otra causa penal que tramita conexa con esa, Javier Faroni, el empresario responsable de Tourprodenter, designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior y bajo investigación judicial.
Resguardar la imparcialidad
En su voto, la jueza Ledesma sostuvo que aceptar el apartamiento resulta necesario “a fin de resguardar no sólo la garantía de imparcialidad sino también la confianza pública en la administración de justicia” y pidió que se realice el sorteo de un nuevo magistrado para intervenir en la causa.
Ledesma resultó a su vez elegida por todos sus colegas de Casación la semana pasada para integrar como subrogante la sala I hasta junio, luego de la renuncia a ese puesto del juez Carlos Mahiques, titular en otra sala del máximo tribunal penal federal del país.
Con esta decisión, por ahora hay dos camaristas, Javier Carbajo y Ledesma, para definir sobre la queja del fiscal de San Martín Carlos Cearras, quien se opuso a que el caso donde están imputados los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre se investigue en la justicia federal de Campana.
El fiscal apeló esta decisión de la Cámara Federal de San Martín y reclama que el expediente vuelva al fuero en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires.
Casación debe definir si abre la queja y resuelve al respecto o la declara inadmisible y queda firme el pase por motivos de territorio al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, donde tramita en la actualidad.
Los motivos
Petrone, titular en la sala I de Casación, explicó a sus pares que al revisar las constancias en el marco del conflicto vinculado a dónde seguirá la investigación, advirtió que una de las causas acumuladas tiene como imputado a Javier Faroni, con quien comparte ”en la actualidad la misma comunidad educativa“, en vinculación con uno de sus hijos.
El juez agregó que ese vínculo, por su “permanencia y continuidad”, le generaba “una situación de violencia moral” para entender en el caso y por eso se inhibió por “cuestiones de decoro” y para “aventar cualquier temor de parcialidad”.
La definición sobre el destino de la causa que investiga el origen del dinero para comprar y mantener la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA presidida por Claudio “Chiqui” Tapia deberá así esperar a un nuevo sorteo de magistrado.
Tres juzgados para una causa
El 20 de enero pasado, la Cámara Federal de San Martín resolvió de manera unipersonal con el voto del juez Alberto Lugones que la investigación por la casaquinta de Pilar y otros bienes -como una flota de autos de alta gama y colección encontrados en un galpón y que se sospecha estarían a nombre de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA- quede a cargo del juez federal de Campana González Charvay.
El camarista asignó competencia al juzgado de Campana, ante lo cual el juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky dejó de estar al frente de la investigación y remitió el expediente.
La decisión se tomó por una cuestión de territorio: todas las propiedades bajo la lupa judicial en la causa por supuesto lavado de activos están en Pilar, partido bonaerense bajo jurisdicción del fuero federal de Campana.
“El punto determinante en la configuración del delito de lavado de activos (…) habría tenido lugar en la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, donde presuntamente se habrían utilizado fondos ilegales para ingresarlos al sistema formal mediante la adquisición de un inmueble", analizó la resolución en enero.
En el lugar hay “autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, y esto marca, según la denuncia, “la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica” por parte de la sociedad propietaria, Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte.
El juez del Tribunal de Apelaciones sostuvo que se “enfoca sobre el Partido de Pilar el eje desde el cual habrían encontrado su origen las maniobras a investigar” y por eso le dio la razón a la defensa de Pantano y también al juez Charvay, quien había reclamado el caso a su par porteño Aguinsky.
Este último magistrado se negó a ceder la competencia por entender que se investiga presunto lavado de activos proveniente de un delito anterior, una posible defraudación a los asociados a la AFA por parte de algunos de sus dirigentes y que ante ello el epicentro del caso está en la ciudad de Buenos Aires, en base a la sede de la calle Viamonte de la entidad rectora del fútbol argentino. Esta postura estuvo respaldada por la fiscalía tanto de CABA como de Campana.
Avalado por la Cámara en lo Penal Económico, Aguinsky habilitó la feria y avanzó en la causa. A instancias de la fiscalía, amplió su objeto procesal y abarcó presuntas maniobras en el exterior con dinero de la AFA, mediante intermediarios que están bajo investigación, entre ellos Faroni.
Cearras, fiscal ante la Cámara de San Martín, apeló el cambio de juzgado y al serle rechazado el recurso llegó con una queja directa a la Casación Federal. Este es el conflicto que está pendiente de resolución.
En un principio la causa quedó por sorteo a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas, quien ordenó las primeras medidas de prueba como el allanamiento al lugar, secuestro y tasación de todo lo encontrado y dispuso la prohibición de salida del país a los imputados. El magistrado declinó la competencia al fuero penal económico.
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