Se reactivó la causa por el uso de celulares en las cárceles: indagarán a la cúpula del SPF

Después de seis meses de deliberación, la Cámara Federal de Rosario destrabó este martes la causa contra las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de la última gestión kirchnerista, por la presunta omisión de controles tendientes a evitar que los presos usen celulares en las cárceles para seguir cometiendo delitos.

En agosto del año pasado, el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, subrogado por el juez Carlos Vera Barros, había llamado a indagatoria a María Laura Garrigós, exinterventora de dicho organismo. La declaración nunca ocurrió porque la exfuncionaria intentó apartar a los fiscales que la investigan, lo que ahora descartó el Tribunal de Apelaciones.

Fuentes judiciales al tanto del expediente indicaron a Infobae que la nueva fecha de indagatoria de Garrigós se definiría en las próximas horas. Junto a ella también están imputados Sonia Mariela Álvarez, subdirectora del SPF; Diego Alberto García, director de Seguridad Penitenciaria; y Guillermo Eduardo Migueles, director Principal de Seguridad.

Los fiscales, ratificados

De forma unipersonal, el camarista Aníbal Pineda rechazó el pedido formulado por la defensa de María Laura Garrigós para apartar definitivamente del caso a los fiscales Claudio Kishimoto, Matías Scilabra, Diego Iglesias, Martín Uriona y Andrea Garmendia Orueta.

El equipo del Ministerio Público está integrado por investigadores de la Unidad Fiscal Rosario, la PROCUNAR y la PIA.

La exinterventora argumentó una “manifiesta falta de objetividad” de los acusadores, ya que las imputaciones formuladas abarcaron solamente el período transcurrido entre junio de 2020 y diciembre de 2021. La defensa se quejó de que la investigación no contemple a otras gestiones previas o posteriores, teniendo en cuenta que la normativa para colocar inhibidores de señales que bloqueen llamadas en las cárceles está vigente desde mediados del 2017.

Cabe recordar que la causa se originó a principios de 2022, cuando agentes penitenciarios requisaron la celda del capo narco Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”, en el Complejo Federal II de Marcos Paz.

Cantero tenía escondido dentro de un televisor un celular gris marca LG, junto con su batería y un cable para cargarlo.

Desde entonces se empezó a investigar la “complicidad estructural de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal”, no solo por la nula colocación de inhibidores de señal, sino por el permanente ingreso de teléfonos dentro de los pabellones.

Según dictaminaron los fiscales, hay pruebas para indagar a María Laura Garrigós y Sonia Mariela Alvarez, máximas autoridades del SPF, porque “no dieron cumplimiento con la normativa específica que debían implementar para impedir las comunicaciones no autorizadas de internos alojados en dependencias de ese organismo, vinculadas con la planificación y la realización de maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”.

Ordenan ampliar la investigación

La Cámara Federal de Rosario, aunque ratificó a los fiscales, le dio la razón parcialmente a la exinterventora Garrigós: ordenó ampliar el escrutinio temporal para incluir etapas previas y posteriores a la gestión kirchnerista, retrotrayéndose para ello hasta julio de 2017, fecha en la que se impuso por ley la colocación de inhibidores, hasta la actualidad.

Durante la gestión del gobierno de Cambiemos, quien estuvo a cargo del SPF fue Emiliano Blanco -había sido designado en enero de 2014, y se mantuvo en ese puesto-, y actualmente encabeza la cúpula del organismo el inspector Fernando Julián Martínez.

El juez Aníbal Pineda consideró metodológicamente adecuado indagar esta grave falencia estatal en todas las cárceles, evitando tratarla como un suceso puntual circunscrito a una sola unidad penitenciaria.

Por último, concluyó que las críticas de la defensa de María Laura Garrigós reflejaron simplemente cierta disconformidad estratégica respecto al avance de la investigación en general, sin demostrar una “manifiesta falta de objetividad”, como había alegado en su apelación.